Pide CIDH a México políticas "específicas" para atender a desplazados por violencia

Washington. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le pidió hoy a México políticas "específicas" a nivel nacional para atender a los desplazados internos forzosos en el país, subrayando que se trata de un problema diferenciado de otros fenómenos migratorios que requiere una atención particular.

"La CIDH aprecia que se haya aprobado al Ley General de Víctimas, pero sin perjuicio de eso, sería muy importante avanzar hacia políticas públicas más específicas en la materia y hacia una ley federal sobre la cuestión del desplazamiento forzado interno", consideró el relator sobre los Derechos de los Migrantes, Felipe González.

La situación de los desplazados forzados internos en México, que aumentó exponencialmente a raíz de la violencia desatada por la guerra contra el narcotráfico del anterior gobierno de Felipe Calderón (2006-12), centró hoy una de las audiencias de la CIDH en Washington con presencia de varias ONG y de representantes del actual ejecutivo de Enrique Peña Nieto.

Pese a la falta de estadísticas específicas -otro de los problemas identificados hoy- la cifra de desplazados internos por motivos de violencia y conflicto armado ronda, según diversas organizaciones de derechos humanos, las 160 mil personas.

De igual manera que el relator para los migrantes se manifestó el comisionado Rodrigo Escobar, relator de la CIDH para México que insistió en la necesidad de "visibilizar" esta problemática específica y de elaborar leyes y estrategias concretas para ella.

"No podemos confundir desplazamiento forzado interno con lo que son políticas del Estado mexicano para la atención de refugiados y tampoco podemos incorporarlo dentro de una perspectiva de seguridad ciudadana y de políticas públicas generales contra la violencia (...) porque es un problema plenamente determinado", subrayó Escobar.

"Estamos hablando de personas que tienen forzosamente que abandonar su tierra y trasladarse a otros lugares para preservar su vida, integridad personal y la vida de su familia", recordó.

En este sentido, el relator para México identificó como prioridades dentro de una necesaria "política integral para la atención de la población desplazada" la existencia de un "registro" para poder identificar con más claridad el número y composición de esta población. Asimismo, destacó la importancia de que se creen "alertas tempranas" para prevenir el problema y una "instancia coordinadora" de las políticas de atención a esta población.

"Deben existir instituciones de alertas tempranas que eviten desplazamientos masivos de la población", reclamó.

También destacó la necesidad de que se elabore una ley específica sobre el desplazamiento forzado para que se "visibilice" el tema, además de una "instancia coordinadora" de programas "especiales" para garantizar vivienda, trabajo, atención sanitaria y educativa entre otros en sus lugares de destino, más allá de promover programas de "retorno, en lo posible".

Durante la exposición sobre el desplazamiento interno forzado en México este viernes en Washington, en el último día de audiencias de la CIDH, representantes del Consejo Noruego para los Refugiados y del Centro de Monitoreo sobre Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés) alertaron hoy de que se trata de una problemática que en los últimos años se ha convertido en un fenómeno de "alcance nacional" en el país.

Y aunque valoraron los diversos esfuerzos realizados por el actual gobierno frente a la "negación constante del fenómeno" durante el ejecutivo de Calderón, coincidieron con la CIDH en la necesidad de un "programa específico" para la atención de este sector concreto de la población que comience con un "diagnóstico del fenómeno" para "entender" lo que requieren los desplazados.

Al respecto, la directora general del Consejo Nacional de la Población (Conapo), Patricia Chemor, aseguró que se está trabajando ya en el "diagnóstico" para averiguar la dimensión real del problema.

Mientras, el subsecretario de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, aseguró que los argumentos de las organizaciones no gubernamentales y de la propia CIDH formarán parte de la revisión de políticas estatales.

"En lo fundamental estamos de acuerdo, tenemos un problema de violencia que ha generado estos cambios (...) la mayor parte de los planteamientos forman parte de nuestros programas o van a enriquecerlos, y creemos que al final la manera como lo llamemos resulta menos importante que lo que hagamos de fondo".