La ‘cargada’ por Rocha y el plan judicial de AMLO

Estandar exlusivo

El affaire del capo Zambada y el gobernador Rocha ofrece un anticipo de la manera en que podría funcionar un “sistema de justicia” derivado del proyecto judicial de AMLO, si prevalece la brutal sobrerrepresentación que se propone el régimen en el Congreso. Para empezar, nunca había ocurrido que la declaración de un detenido, en su estrategia de defensa, recibiera el repudio automático de una “cargada” de la nomenklatura de un régimen político cualquiera. Antes de cualquier investigación, de algún juicio, el régimen absuelve y declara libre de toda sospecha a uno de los suyos: el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, a su vez señalado por el capo Ismael Zambada como compinche en arreglos políticos con él. Así lo registran también varios testimonios e incluso la confesión del propio Rocha a Salvador García Soto, como lo consignó en su columna del lunes.

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Pero el Presidente de la República, remolcando de la mano a su sucesora, en un acto público, y coreados ambos por su partido y una treintena de gobernadores, ya “exoneraron” al gobernador sinaloense. Y los espacios principales de radio, tele y algunos medios impresos lo desplegaron como si se tratara de un acto de justicia en favor de la víctima ilustre de una injusticia... aplicada por un prisionero bajo custodia en un penal de Estados Unidos. Pero, de acuerdo con el “sistema de justicia” propuesto por López Obrador en su iniciativa de “reforma judicial”, una vez absuelto por el aparato político, una fiscalía subordinada al Presidente “investigaría” para corroborar el anuncio presidencial de la “falta de pruebas”. Y, por si las dudas, un juez, cuya candidatura habría sido palomeada por AMLO para ser “elegido” por la aplanadora electoral de régimen, estaría puesto para confirmar la más completa absolución. La impunidad de los miembros de la nomenklatura cuatroteísta quedaría asegurada.

Mecánica de la impunidad y la arbitrariedad. El problema no terminaría allí. Acaso se agravaría. Porque igual que aseguraría esa impunidad para los suyos, el sistema serviría para someter desafectos en un imperio de la arbitrariedad. Funcionaría con el mismo método. El Presidente, como suele hacerlo, o la Presidenta, que hasta ahora sigue fielmente esa pauta, condenaría a un periodista, intelectual, empresario o académico por “neoliberal”, “oligarca”, “saqueador” o “traidor a la patria”; la “cargada” de fieles exigiría su cabeza; una mayoría de medios los secundaría en el tribunal de la opinión; un fiscal subordinado acopiaría o fabricaría toda clase de pruebas de cargo, y un juez “elegido” en las urnas, pero en realidad por el Ejecutivo, gracias a los mecanismos de control previstos la iniciativa, corroboraría lo ya resuelto por el Presidente y su aparato. Y así, ante esa perspectiva, en poco tiempo regiría un silencio sepulcral de periodistas e intelectuales independientes, se afianzaría aún más la mordaza que se han puesto los empresarios y se reduciría a márgenes simbólicos, si acaso, la oposición y la crítica al régimen.

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Descolocado. Por ahora, la “cargada” oficial por Rocha y contra Zambada, como arcaica respuesta a la crisis suscitada por la comunicación del capo, ha erigido a Ismael Zambada en un actor prominente en el debate público nacional. Frente a él se percibe un gobierno descolocado por los riesgos de divulgación de testimonios de “El Mayo” sobre sus conexiones con exponentes del régimen. Pero, desde ahora, está el desafío que representa un vocero como el sinaloense. Su primera relación de los hechos de su captura es rica en antecedentes y contextos, y tiene mayor verosimilitud y más credibilidad que los palos de ciego y las pifias de las versiones oficiales de México y que las tomaduras de pelo del embajador de Estados Unidos.

Profesor de Derecho de la Información de la UNAM