Artistas buscan su seguridad social

México, D.F..- En 1940, al salir del Teatro Colón, Mario Moreno "Cantinflas" se encontró con una anciana que pedía limosna. La mendiga era nada menos que la otrora actriz española de zarzuela María Tue. A finales de los 90, otra mujer de la tercera edad, la periodista y crítica teatral Malka Rabel -quien escribió artículos semanales en un diario capitalino-, enferma y agonizante, se mantenía de la solidaridad del gremio cultural. Y mientras ella peleaba por su vida, en la Casa del Escritor, Alfonso Anaya -creador de más de 30 obras de teatro- vivía de la ayuda de la Sociedad General de Escritores de México (Sogem).

Son muchos los ejemplos de artistas, creadores y promotores culturales que, tras una larga vida productiva, terminaron en el abandono y la pobreza por no contar con seguridad social que les brindase pensión y atención médica.

En algunos casos la falta de seguridad social es dramática. Los bailarines, quienes trabajan con sus cuerpos -a los que someten a situaciones de riesgo- pueden ver truncada su carrera de manera prematura por no contar con atención eficaz, oportuna y especializada al sufrir una lesión que los incapacita.

La senadora perredista y también actriz María Rojo, consciente de esta realidad y en respuesta a la demanda añeja de los trabajadores de la cultura que no cuentan con un empleo permanente y, por tanto, carecen de los beneficios del sistema de seguridad social del país, ha redactado la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo para el Acceso de Artistas, creadores y Gestores Culturales a la Seguridad Social.

Demanda añeja

El proyecto de ley representa una antigua aspiración de artistas, creadores y promotores culturales. Esta demanda fue una de las razones por las que en 1985 se fundó Danza Mexicana, A.C., encabezada por la bailarina y maestra Tania Alvarez, quien a mediados de los 90 estuvo a punto de concretar, junto con representantes del teatro y de las artes plásticas, el ingreso de artistas y creadores al sistema de seguridad social del país, tras largas negociaciones con el Instituto Mexicano del Seguro Social.

"Esta preocupación siempre ha existido. Los bailarines, cuando se lastiman en una función o en un ensayo, son sujetos de un, diríamos, accidente de trabajo. Pero como no tenemos un patrón, no somos considerados empleados, carecemos de un sistema de seguridad social que nos garantice atención médica especializada", dice Tania Alvarez, maestra del Centro de Investigación Coreográfica del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

Los bailarines tienen una carrera relativamente corta. A más tardar a los 45 años de edad deben retirarse, y al hacerlo sin un sistema de seguridad social no tienen pensión ni servicio médico.

"A mediados de los 90 se redactó un documento en el cual se hablaba de la necesidad de conseguir servicios médicos para los artistas en general. Se hicieron varios trámites, se tuvieron reuniones con la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados y nos dieron muchas esperanzas", dice Alvarez.

Se buscó inscribir a creadores y artistas en el sistema de seguro individual del IMSS. El problema fue que no se juntaron los 25 solicitantes interesados. "No recibimos ni 10 solicitudes. Fue decepcionante. Y eso nos hizo pensar en qué tan real es que, como gremio, necesitamos un seguro médico, o si sólo es una demanda laboral pues a final de cuentas también somos trabajadores. Ahí murió la iniciativa", expresa.

Vida digna

Cuando "Cantinflas" encontró a María Tue pidiendo limosna, el cómico inició el trabajo para conseguir un predio y construir ahí la Casa del Actor.

"Tomó a su cargo a la compañera y le pagó un cuartito en un hotel. Luego se encontró a Enriqueta Mojardín, quien fue una tiple de zarzuela, a quien también arrancó de la miseria. A las dos les pasaba, de su bolsa, una mensualidad de 30 pesos, que en aquella época eran muy buenos", explica Maty Huitrón, actual directora de la Casa del Actor.

El sueño de "Cantinflas" se concretó el 20 de febrero de 1944. Las primeras huéspedes de la entonces recién fundada Casa del Actor fueron las dos actrices protegidas por el cómico.

En la actualidad, la Casa del Actor cuenta con 54 recámaras, sala de juntas, sala de estar, comedor, sala de consejo, cocina, central de enfermería, consultorios médicos, capilla, lavandería, sala de fisioterapia, jardines y un teatro. En 67 años, la Casa del Actor ha dado cobijo a actores de la talla de Amelia Willelmy, Andrea Palma, Esther Fernández, Ladislao Schilinsky y Angel Casarín. Ahora la habitan Carmen González, Alicia Ravel, Carmen Conde, Dolores Beristain, Lulu Parga, Irma Torres, Susy Robles, Susana Velasco (hermana de María Elena Velasco "La India" María), Paquita de Ronda, Carmen Areu y Marta Elena Cervantes -quien vive con tanque de oxígeno-, entre otros.

Los intérpretes que han cotizado en la Asociación Nacional de Actores (ANDA) tienen derecho a jubilación. Si bien no cuentan con una adscripción al IMSS, en los estatutos del sindicato se establece como prestación el derecho a pensión por parte de sus miembros, luego de cumplir con una cuota mínima de cotización en el sindicato.

"Cuando se jubilan, los actores tienen dos opciones: reciben su jubilación -unos 3 mil pesos al mes- o vienen a vivir a la Casa del Actor y renuncian a esa cantidad. Aquí, todos los huéspedes tienen cada mes la pensión que les otorga el gobierno del DF, con la que compran lo que ellos quieren", explica Huitrón.

Desde hace 67 años, la Casa del Actor subsana, de alguna manera, la falta de seguridad social de los actores que carecen de un contrato con Televisa, empresa que sí ofrece inscripción al IMSS a los intérpretes que firman con ella.

"Seguimos siendo un gremio vulnerable, creo que la iniciativa de ley propuesta María Rojo es benéfica no sólo para los actores sino para todos los artistas y creadores. Hay que apoyar a María para lograr que esta ley sea aprobada en esta legislatura", dice.

Escritores vulnerables

Los escritores contaron con una casa en Coyoacán, donde obtenían un refugio parecido a la Casa del Actor, sin embargo, hace tres años la Sogem decidió rentar la residencia al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca), instancia que la convirtió en sede de un programa de residencias artísticas.

La Casa del Escritor recibió en su momento a autores como Alfonso Anaya y Cachirulo. En momentos de necesidad y enfermedad, esos escritores fueron atendidos ahí, pero hoy esa opción ya no existe.

Ahora la Sogem otorga la posibilidad a ciertos autores de que se inscriban en un seguro de gastos médicos, pero el abogado de la organización, Jesús Mejía, comenta que la póliza es alta y tiene que ser cubierta por los creadores, por lo que no es una opción para todos.

Respecto a la iniciativa de ley, el representante jurídico de la Sogem lamentó que la senadora Rojo no les haya consultado. "Desconocemos la propuesta y por lo mismo no tenemos una opinión aquí sobre ella", señala Mejía.

El caso de los bailarines

El viernes 28 de julio de 2008, en la carretera Hermosillo-Mexicali, el bailarín Isaac Chau sufrió un accidente. Se fracturó la cuarta vértebra cervical, el omóplato y tenía un edema cerebral. Lo operaron de emergencia. El seguro privado que tenía no alcanzó para cubrir los gastos. Miguel Mancillas, director de la compañía Antares, en la que trabaja el bailarín, pidió la solidaridad del gremio para los gastos del intérprete.

El viacrucis de Isabel Hernández, ex bailarina de Ballet Nacional de México, es otro ejemplo: sufrió no sólo la falta de dinero para operar su cadera, sino también la negligencia médica.

Con los huesos rotos, los artistas de la danza no sólo padecen el dolor de su cuerpo, sino también el fin de sus carreras profesionales.

Héctor Garay, promotor cultural, dice que la diputada Kenia López, presidenta de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, dijo hace poco sobre el tema que el momento era el periodo legislativo anterior, que ahora ya estamos en tiempos electorales".

¿Los legisladores aprobarán la iniciativa? Serán las voluntades políticas de los partidos los que digan la última palabra. Hoy la moneda está en el aire.

Proponen al Conaculta para operar el fideicomiso

La iniciativa con Proyecto de decreto por el que se busca expedir la ley que crea el fideicomiso que administraría el Fondo de Apoyo para el Acceso de Artistas, Creadores y Gestores Culturales a la Seguridad Social, impulsado por la senadora perredista María Rojo, y que está en revisión en la Comisión de Seguridad Social del Senado, busca establecer los criterios que rijan una posible inscripción de los "trabajadores de la cultura" al Instituto Mexicano del Seguro Social.

Según la propuesta, dicho fideicomiso sería operado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), órgano desconcentrado que a su vez tendría la responsabilidad de constituir, operar y mantener actualizado el Registro Nacional de Artistas, Creadores y Gestores Culturales, instrumento que permitiría reglamentar el acceso de los solicitantes al derecho de la seguridad social.

La iniciativa considera como beneficiarios a artistas, creadores y gestores culturales quienes desempeñan sus labores de manera independiente y no están sujetos a relación laboral alguna.

A través del Registro Nacional de Artistas, Creadores y Gestores Culturales se establecería quiénes son sujetos de la ley. La definición de artistas intérpretes o ejecutantes lo determinaría la definición que de ellos hace el artículo 116 de la Ley Federal del Derecho de Autor; y la de creador estará regida por lo estipulado en el artículo 12 de la misma ley. Y se aceptaría como gestor cultural a toda persona física que "de manera habitual, por cuenta propia o a nombre de terceros, sin mediar una relación laboral, realizan actividades de promoción, difusión o fomento de actividades artísticas y culturales.

Los trabajadores culturales adquirirían la obligación de hacer las aportaciones correspondientes, "como lo hace cualquier otro trabajador". Es decir, no recibirían trato de excepción.

Los argumentos

El documento respalda la propuesta con varios argumentos, entre ellos está la aseveración de que las industrias culturales "(impensables sin la existencia y el esfuerzo de los trabajadores de la cultura) aportan 7% al Producto Interno Bruto (PIB), porcentaje que contrasta con el hecho de que el gasto del sector público a este rubro es menor a 1% del PIB. Es decir, los trabajadores culturales lejos están de ser improductivos y su actividad dista mucho de representar un pozo sin fondo o gasto a fondo perdido", se escribe en el documento del cual EL UNIVERSAL tiene copia.

En la redacción de la iniciativa de ley se pone como ejemplo a Francia, España, Suiza, Canadá, Uruguay, Colombia, Venezuela, Guatemala y Cuba, en donde existen normas que otorgan seguridad social a los trabajadores de la cultura.