La importancia del sistema de justicia internacional y la majestad de la Corte Penal Internacional (CPI), en la Haya, Países Bajos, radica en hacer efectiva la universalización de los derechos humanos mediante la prevención, castigo y reparación de los daños provenientes de delitos trascendentales y aberrantes como los de lesa humanidad, genocidio, de guerra o agresión.

Este sistema de justicia lo integran la propia Corte y casi una veintena de jueces. Dividen sus tareas entre la sección de casos preliminares, de primera instancia y de apelaciones. Participan también una fiscalía, el registro, la unidad de víctimas y testigos y el fondo fiduciario de víctimas.

Son ya muchas las batallas que desde el inicio de sus trabajos en 2002 ha librado la Corte Penal Internacional en el mundo a partir de informes enviados por organizaciones no gubernamentales protectoras de derechos humanos y algunas instituciones gubernamentales. Estos han sido recogidos por los órganos legitimados que son los Estados parte del Estatuto de Roma, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la Fiscalía de la propia CPI.

Entre estos destacan los casos de los presidentes Omar al Bashir, Muamar el Gadafi, Thomas Lubanga, o el proceso contra Ahmad al Mahdi por su responsabilidad en la destrucción del patrimonio cultural de la humanidad.

En México, instancias oficiales han propuesto algunos casos de delitos de lesa humanidad y de guerra ocurridos desde el 2006 en Coahuila, Chihuahua y Veracruz en el marco de “la guerra contra el narco”. Aquí diversas organizaciones de la sociedad civil, tanto mexicanas como internacionales y colectivos de familiares de víctimas, consistentemente han revelado información sobre lo que consideran delitos de lesa humanidad cometidos principalmente en el norte de la República.

En particular, la Federación Internacional de Derechos Humanos ha pedido que la violencia ejercida por los grupos de narcotraficantes sea considerada como una forma de conflicto armado de carácter no internacional y se clasifique como un crimen de guerra. Esta interpretación parte de la idea de que dentro de los crímenes de guerra se incluyen las violaciones a las leyes y costumbres de guerra previstas en los convenios de Ginebra y La Haya, cometidos contra civiles por tortura, homicidio y otros ataques, perpetrados en conflictos armados internos, es decir, no internacionales.

Por otro lado, a pesar de su animado origen y del gran número de países que inicialmente manifestaron su beneplácito por la creación de la CPI, más de medio centenar de países no ratificaron el tratado fundacional, entre ellos Estados Unidos, Rusia, China, India, Israel. Además, hubo países que lo ratificaron, pero luego abandonaron el sistema.

Evidentemente la política de cada país cambia con la renovación de sus gobiernos, lo que ocasiona que expresen su deseo de abandonar el sistema. Con base en sus intereses, algunos han interferido en los trabajos de la Corte, al punto de bloquear la remisión de asuntos que deberían ser conocidos al cumplir los requisitos del Estatuto de Roma para ser conocidos.

La capacidad de acción de la CPI, como lo han revelado sus primeros veinte años de duro trabajo, depende de la cooperación de los países del mundo. De esta forma, cada 17 de julio, cuando en todo el mundo se celebra el Día de la Justicia Penal Internacional, tenemos la oportunidad para sumar esfuerzos por un mundo más humanista.

En México valdría la pena que se considerara la importancia de rescatar el valor que representa el contenido del Estatuto de Roma. Tal vez con actos que realcen esa importancia y que sin ambigüedades envíen un poderoso mensaje de nuestro compromiso con la Justicia Penal Internacional y que dejen claro que no será tolerada la impunidad de estos oprobiosos delitos.

Nuestro País debe estar del lado correcto de la historia. No opongamos conveniencias domésticas del momento y menos por razones meramente políticas de corto plazo. Eliminemos cualquier obstáculo para colaborar con lo que nos toca y en la realización de la justicia penal internacional.

La palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Cada 17 de julio, cuando celebramos el Día de la Justicia Penal Internacional, es una nueva ocasión para realizar acciones que eviten la crisis del derecho y la receta consiste simplemente en empoderar a la ley frente a los formidables retos de la nueva justicia.