El derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y sus vidas es una de las demandas más básicas y antiguas de los movimientos a favor del reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres.

Este derecho ha sido incluido dentro de los llamados derechos reproductivos, reconocidos por diversos instrumentos internacionales y que resultan esenciales para el disfrute y ejercicio efectivo de otros derechos humanos igualmente fundamentales, como la libertad, igualdad, no discriminación, vida, seguridad personal, privacidad, acceso a la información, libertad religiosa y conciencia, entre otros.

Sin embargo, el panorama sobre el aborto en nuestro País sigue dando mucho que desear. Aunque el aborto por violación es un derecho que deben tener todas las mujeres en el País, reconocido por todos los marcos jurídicos de los estados, lo cierto es que persisten obstáculos institucionales que frenan el acceso a este derecho. Sigue existiendo desinformación por parte de las instituciones públicas prestadoras de servicios de atención médica del deber que tienen de practicar abortos en casos de violación, sin mayor formalidad que un escrito bajo protesta de decir la verdad de la persona afectada de que dicho embarazo es producto de una violación (NOM 046).

Por otro lado, al ser el aborto una figura de regulación local, considerado en las entidades federativas como un delito con excluyente de responsabilidad, es posible encontrar un abanico de “permisos” para interrumpir un embarazo atendiendo al lugar en el que nos encontremos.

Esto, de acuerdo con supuestos como motivos imprudenciales o culposos (30 estados); peligro de muerte la madre (24 estados); al existir alteraciones genéticas o congénitas graves en el producto (16 estados); cuando haya afectación a la salud (15 estados); al haber inseminación artificial no consentida (15 estados), y por causas económicas (2 estados).

A la fecha en México solamente dos lugares de la república garantizan el derecho de las mujeres a interrumpir de manera voluntaria un embarazo: Ciudad de México (desde 2007) y Oaxaca (desde 2019).

Esta regulación que criminaliza el aborto en el País, además de materializar la idea general de que la maternidad es la función obligatoria de las mujeres, salvo en los casos permitidos por la ley, nos sitúa en una posición de desigualdad y discriminación. Así, tenemos más o menos derechos en función del lugar donde vivimos o de la posibilidad de viajar a los lugares que cuentan con un marco legal que proteja nuestra decisión. Esto afecta particularmente a las mujeres procedentes de contextos de violencia, marginación económica y sin acceso a información.

Recientemente fue discutido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación un proyecto que abría la posibilidad para despenalizar y legalizar el aborto por la sola voluntad de las mujeres. Sin embargo, sin necesidad de discutir el fondo, el proyecto fue “returnado”. Aunque esto no representa que el máximo tribunal del País esté en contra del derecho a decidir de las mujeres, tampoco quiere decir que esté a favor.

En Coahuila, en un Congreso más que paritario con 14 diputadas y 11 diputados, el tema del aborto sigue siendo indiscutido. A pesar de las iniciativas presentadas y las manifestaciones realizadas, parece no haber interés legislativo, “político” o siquiera para discutir el tema.

Sin duda alguna, la nueva legislatura llegará con deudas interesantes en materia de derechos de las mujeres. Será interesante ver cómo agarran el toro por los cuernos y materializan, de una vez por todas, el discurso feminista del que se jactan y en el que no cabe duda sobre el derecho de las mujeres a decidir. En otras palabras, veremos si pasamos del “no hay condiciones” a “generar las condiciones”.

Ante este panorama desalentador, ha surgido en toda América Latina una “marea verde” que ha penetrado principalmente en las nuevas generaciones y que se ha convertido en un tsunami de la libertad. El pañuelo verde, como símbolo de resistencia, ha representado el lenguaje de independencia y de autonomía en las mujeres y nos ha unido.

Me llena de motivación ver pañuelos verdes en conferencias, oficinas, manifestaciones y redes sociales; llena de orgullo encontrar cada vez más mujeres informadas, actualizadas, seguras y empoderadas, dispuestas a tomar sus decisiones y orgullosas de lo que son y lo que han decidido.

Aun con leyes restrictivas, iniciativas congeladas, proyectos desechados y obstáculos en el acceso al aborto, inclusive los legales, las mujeres abortaron, abortamos y abortaremos. Porque abortar, como acompañar, se ha convertido en unas de las armas más poderosas de resistencia contra el sistema patriarcal.

Y aquí estamos. Un año más (y los que sean necesarios) como cada 28 de septiembre a la cita puntual para unirse al grito global por la despenalización y legalización del aborto en el mundo y en México. Porque ya no hay paso atrás: la maternidad será deseada o no será.

 

La autora es coordinadora de Posgrado del Centro de Educación para los Derechos Humanos de la Academia IDH

Este texto es parte del proyecto de Derechos Humanos de VANGUARDIA  y la Academia IDH