Justicia del Estado sería la única que ha ordenado detenerlos por un delito del fuero común

Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, líderes de Los Zetas identificados como Z-40 y Z-42, respectivamente, son acusados del delito de secuestro agravado en contra de 23 coahuilenses durante la Masacre de Allende, según se desprende del proceso penal 11/2017 que se les sigue en Coahuila.

VANGUARDIA tuvo acceso al expediente donde se les señala como copartícipes de este delito en el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Rio Grande. Ésta sería la única investigación que se les sigue a los hermanos Treviño por parte de la justicia de algún estado de México, el resto son de índole federal.

En éste se consignan testimonios de familiares y testigos de los hechos cometidos entre el 18 y el 20 de marzo de 2011, en Allende, Coahuila.

Dos personas que testificaron ante la justicia coahuilense, identificados como Germán Z. y Juan A., quienes relatan en sus declaraciones conocer que quienes ordenaron secuestrar a familias en Allende fueron los hermanos Treviño Morales.

“Yo era RT de puntos para los Zetas y yo estuve presente en estos hechos, pero yo no participé en la privación de la libertad ni muerte de esas personas (…) según escuché que habían robado cinco millones de dólares a los zetas Poncho Cuéllar, Wicho Garza y Héctor Moreno, y quien ordenó que los levantaran fueron Miguel Ángel Treviño Morales 40 y su hermano 42, pero se escaparon las familias de Poncho y de Héctor, y lo que sé y me consta como a 20 personas de la familia de los Garza los mataron y los quemaron en un rancho Tres Hermanos en Zaragoza”, aseguró Germán Z. ante la justicia local.

Por su parte, Juan A. relató: “en los hechos (…) donde desaparecieron varias personas entre ellas una de apellidos Garza Villanueva y otras que no recuerdo quiero señalar que no me consta, pero sé que quien ordenó el levantón de esas familias lo ordenó (sic) el Zeta 40 y su hermano el 42”.

Ante estos testimonios, el juzgado penal de Coahuila consideró creíbles sus declaraciones, “toda vez que los declarantes relatan hechos que percibieron por sí mismos al haber participado de alguna forma directa” en los hechos de marzo de 2011 en Allende.

La carpeta de investigación contiene que la primera denuncia por desaparición por los hechos de Allende fue dos meses después de la situación. Ésta se dio el 25 de mayo de 2011.

La investigación de la justicia coahuilense consta de 116 elementos de prueba, entre declaraciones, actas circunstanciadas, testimonios, denuncias, partes informativos, dictámenes e inspecciones. En éstas aparecen los nombres de al menos 23 personas que fueron raptadas. 

Ante esta acusación, el 22 de septiembre de 2017, el juez penal ordenó la aprehensión de Z-40 y Z-42

En abril de 2015, dos años antes de que se ordenara su detención, Z-42 declaró ante las autoridades de la entonces Procuraduría General de Justicia de Coahuila; Víctor Zamora, secretario de Gobierno, sostuvo que había dado “importantes declaraciones” que permitirían el esclarecimiento de varios crímenes y delitos.

En agosto de 2013, la Procuraduría de Coahuila declaró a medios nacionales que también habían tomado la declaración de Z-40, sin embargo, había negado participar en desapariciones en el Estado ni en el crimen de Eduardo Moreira, hijo del exgobernador Humberto Moreira.

Miguel Treviño fue detenido en julio de 2013 en Tamaulipas. En México es acusado por delitos contra la salud, delincuencia organizada, tortura, lavado de dinero y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Actualmente se encuentra preso en el Penal de Puente Grande, en espera de la resolución de una posible extradición a EU, en donde enfrenta delitos de tráfico de 
drogas y lavado de dinero.

Mientras que Omar Treviño fue capturado en marzo de 2015, en Nuevo León, acusado de estar relacionado con 11 causas penales por delitos federales contra la salud, secuestro, robo de hidrocarburo, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Está detenido en el Altiplano y también enfrenta una posible extradición a EU.