Señalado. El exgobernador de Nayarit tiene en su contra testimonios por parte de ciudadanos que fueron agredidos por las autoridades. Cuartoscuro
Durante su administración, dicen, esos ilícitos se convirtieron en tanques sistemáticos contra la población, un método para despojarlos de sus bienes

CDMX.- Ahora que el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, ya tiene orden de aprehensión, junto con su hija Lydy Alejandra, por uso de recursos de procedencia ilícita, ciudadanos de la entidad insisten en que se le finque responsabilidad por indebido encarcelamiento, tortura, privación ilegal de la libertad y desaparición forzada.

Durante su administración, dicen, esos ilícitos se convirtieron en tanques sistemáticos contra la población, un método para despojarlos de sus bienes.

El lunes 1 la FGR emitió una orden de captura en contra del exmandatario y su hija Lydy Sandoval por su probable responsabilidad en operaciones con recursos de procedencia ilícita, producto de denuncias presentadas por Rodrigo González Barrios como representante de la Comisión de la Verdad ante la Fiscalía de Nayarit y posteriormente ante la FGR.

Según Proceso, las denuncias incluyen a la esposa del exmandatario, Ana Lilia López Torres, y a su hijo Pablo Roberto.

ACUSACIONES

González Barrios, representante de la Comisión de la Verdad, señala que en la fiscalía estatal la carpeta más avanzada corresponde a Carlos Saldate, quien fue presidente del Congreso y lleva más de un año preso en el Cereso de El Rincón. El planteamiento de la sentencia es por 99 años por secuestro agravado y allí hay orden de aprehensión en contra del exfiscal Édgar Veytia.

Para el activista hay dos delitos que logran configurarse: el que tiene que ver con el probable enriquecimiento ilícito y otra por la probable participación por desaparición forzada, privación ilegal de la libertad y tortura.

El 23 de octubre del 2020, José Corchado denunció ante la Fiscalía a Sandoval, Veytia y Saldate Castillón por secuestro, extorsión, desaparición forzada, abuso de autoridad, tortura, despojo de inmuebles y amenazas.

Agustín Magallanes Paz, habitante de la Peñita de Jaltemba, se atrevió a denunciar su secuestro y el de sus hijos en 2012, así como la acusación de Gerardo Montoya sobre que él y su esposa fueron secuestrados por agentes de la Fiscalía, quienes lo torturaron y lo amenazaron de muerte. Con información de Proceso