Ahora le toca a la 4T (AMLO) establecer la verdad y hacer justicia por la Masacre de Allende: Sergio Aguayo

En su columna titulada “Coahuila”, el académico Sergio Aguayo señala que tras los reportes presentados por el Colegio de México (Colmex) sobre la Masacre de Allende, y la colusión de los Zetas con autoridades en Coahuila, ahora corresponde al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador  “demostrar que son diferentes” y “presentar ante los jueces a los cómplices (de la organización criminal) en México, España y Estados Unidos”.

El investigador del Colmex considera que los académicos y periodistas ya cumplieron, llegando hasta donde los dejaron; que Coahuila ha logrado reducir los homicidios y desapariciones; y que ahora la Secretaría de Gobernación (Segob) “puede consolidar esos avances estableciendo la verdad”.

En coautoría con Jacobo Dayán, Aguayo ha presentado las investigaciones “En el desamparo: Los Zetas, el Estado, la sociedad y las víctimas de San Fernando, Tamaulipas, y Allende, Coahuila”, en 2016; y “El yugo Zeta: Norte de Coahuila, 2010-2011”, en 2017; y está próximo a divulgar los resultados de otra sobre la violencia en La Laguna, también relacionada con esta organización criminal.

¿Qué falta conocer?, enfatiza en su artículo de hoy Aguayo.
“Ya hemos explicado la lógica del terror Zeta y la admirable resistencia ciudadana; los colectivos de víctimas necesitan saber el número preciso, la identidad y el destino de los miles de desaparecidos. La secretaria (Olga Sánchez Cordero, titular de Segob) y su equipo tienen, en los perpetradores, una veta inexplorada.

“(…)Pudimos reconstruir los métodos de infiltración y apoderamiento de las instituciones gubernamentales de bajo nivel (las policías municipales); nos topamos con expedientes judiciales frenados ante los altos funcionarios. Gobernación puede desnudar la red de protección gubernamental y empresarial a los Zetas. Podríamos saber de una buena vez si Humberto Moreira (gobernador de diciembre 2005 a enero 2011), Jorge Torres López (interino de enero a diciembre de 2011), altos funcionarios de Coahuila y secretarios de estado de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, fueron cómplices de los Zetas o no”, detalla el investigador.
 

DE LA INVESTIGACIÓN AL LITIGIO, LLEGANDO HASTA LA SCJN
 

Actualmente, Aguayo mantiene una disputa legal con el exgobernador coahuilense Humberto Moreira, quien lo acusa de difamación y daño moral.

En octubre del año pasado, un juez falló a favor del político priista y ordenó al académico pagarle 10 millones de pesos, y a finales de enero la justicia autorizó embargarle bienes para rematarlos y liquidar ese monto.

Sin embargo, días después, la Suprema Corte asumió la atracción de amparo promovido por Aguayo. El ministro Alfredo Gutiérrez presentará un proyecto para exponer razones de importancia y trascendencia que motivarían que la máxima instancia de justicia del país resolviera el asunto.

Sobre la implicación específica de Moreira en el entramado, el académico expone que tras su detención en España, en 2016, “falta entender la operación lanzada por la embajada y el gobierno peñanietista para lograr su liberación. Al parecer, cuentan con gruesos expedientes sobre su encarcelamiento”.

“De las cárceles estadounidenses podrían traerse los testimonios de un buen número de exfuncionarios coahuilenses y mandos Zeta. Entre ellos, el exgobernador Jorge Torres, acusado de lavado de dinero y de complicidad con el narco”, apunta.

Y en ese sentido, considera que su columna ofrece una hipótesis sobre la razón del acoso judicial en su contra, “desencadenado por Humberto Moreira y sus aliados en el poder judicial capitalino”.