Tras dos días de un alud noticioso más bien integrado por trascendidos, rumores y conjeturas, ayer el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, arrojó un poco de luz sobre las especulaciones del caso Lozoya-Ancira informando que las órdenes de aprehensión obtenidas en contra de ambos derivan de una denuncia penal realizada por Pemex.

En entrevista con diversos medios, el Fiscal afirmó que el delito del cual se acusa al exdirector de Pemex y al propietario de AHMSA es el de “uso de fondos a través del sistema financiero que son de carácter ilícito para beneficio propio o de terceros”, contenido en el artículo 401 del Código Penal.

En marzo pasado, la Presidencia de la República había dado a conocer la formalización de la denuncia por parte de la petrolera estatal, debido a que la adquisición por parte de ésta, de la empresa Agro Nitrogenados, que era propiedad de AHMSA, habría representado un daño patrimonial.

Como ya se ha informado, el tema de esta compra-venta ha sido objeto de múltiples análisis y señalamientos, uno de los cuales fue formulado por el propio Andrés Manuel López Obrador cuando, siendo candidato, afirmó que la empresa estaba “convertida en chatarra”, debido a lo cual no valdría más de 50 millones de dólares, pese a lo cual se pagaron 500 millones por ella.

La precisión de Gertz Manero es relevante, no sólo porque aclara el fundamento legal del arresto realizado en territorio español, así como de la orden de aprehensión girada contra Emilio Lozoya, sino que arroja luz sobre lo que podemos esperar de este caso en los próximos días.

Al respecto es importante señalar que con este caso el Gobierno de la República estaría presentando una prueba real de su determinación de combatir la corrupción, sin importar quién o quiénes sean los responsables. Sin embargo, del éxito de esta empresa depende que su capital político no se vea menguado.

Y es que el hecho de haber arrestado en el extranjero al propietario de Altos Hornos de México no constituye aún ninguna victoria en contra de la corrupción, sino el principio de una historia que puede tornarse sumamente compleja en términos jurídicos.

Sobre este aspecto es conveniente tener en cuenta la muy larga historia de pifias del sistema de justicia mexicano, cuyos representantes se han revelado sistemáticamente incapaces de armar un caso que pueda conducirlos al éxito ante un juez, particularmente cuando se trata de casos de corrupción.

La tasa de fracaso se eleva considerablemente cuando el inculpado de un delito es detenido en otro país y debe ser extraditado. Y esto ha ocurrido básicamente porque cuando a un individuo se le extradita solamente puede juzgársele por aquellas conductas que motivaron su extradición y por ninguna otra.

Habrá que esperar a ver si el nuevo gobierno de la República es capaz de mejorar la tasa de éxito que han tenido sus antecesores en casos similares, aunque la experiencia recomienda ser cautos antes de echar las campanas al vuelo y festejar que “ahora sí”, quienes presuntamente han cometido delitos relacionados con actos de corrupción, serán castigados.