Armando Castilla Galindo, Director General de esta casa editorial, fue liberado este sábado luego de que el juez de control del Poder Judicial de Nuevo León resolviera no vincularlo a proceso. El caso fue desechado de plano. La Fiscalía no logró probar lo que nunca existió: ni fraude, ni contrato, ni indicios. La verdad se impuso y la justicia prevaleció. Quedó claro que no había delito, sino una fabricación. Agradecemos la solidaridad de colegas, ciudadanos y voces libres que, como nosotros, no están dispuestas a callar.

II. EL JUEZ

La resolución del juez Luis Eduardo Hernández Meza dejó en evidencia lo que era claro desde el inicio: la acusación de la Fiscalía no tenía sustento. El pasaporte presentado por la defensa –que prueba que Armando Castilla no estaba en México el día del supuesto acuerdo– bastó para desmontar la narrativa construida. No hubo compraventa, ni anticipo, ni engaño. La Fiscalía llevó un caso armado con retazos y sin pruebas. El juez, simplemente, no compró la historia. Y al no encontrar elementos, negó la vinculación.

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III. LA FISCALÍA

La actuación de la Fiscalía de Nuevo León fue escandalosa. En lugar de investigar con seriedad, fabricó una acusación débil, sin sustento y cargada de intereses políticos y económicos. Se movilizaron recursos públicos, se montó un operativo desproporcionado y se intentó construir un caso para dañar la imagen del director de este medio. Todo esto bajo la conducción del fiscal Javier Flores Saldívar, que usó su cargo no para hacer justicia, sino para perseguir y golpear desde el poder.

IV. REVISIÓN URGENTE

Este caso, sin duda, atraerá la atención del gobierno de Claudia Sheinbaum. La mayoría de las fiscalías estatales operan sin control, con estructuras opacas que permiten el uso político de la justicia. Es urgente que la Presidencia impulse un nuevo modelo que reconfigure estas instituciones, garantice transparencia y evite que se sigan usando para fabricar delitos, perseguir ciudadanos o castigar adversarios incómodos. La transformación también debe alcanzar a quienes hoy abusan del poder desde la “autonomía”.

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V. TENÍA RAZÓN

Cuando Samuel García, gobernador de Nuevo León, acusó que la Fiscalía era operada por el PRI y usada como garrote político contra su gobierno se desató un conflicto político que incluso derivó en el inicio de juicio político contra el Gobernador. El problema comenzó cuando el Congreso –dominado por PRI y PAN– impuso a Pedro Arce como encargado de despacho. Samuel denunció persecución política orquestada por operadores priistas. Lo tacharon de victimista, pero lo que hoy vemos lo confirma: la Fiscalía fue y sigue siendo un instrumento de operadores priistas.

VI. PURAS PROMESAS

Tras dos años de crisis, el Congreso, que hoy preside la panista Itzel Soledad Castillo, designó a Javier Flores Saldívar como fiscal general. Un perfil aparentemente neutro, que generó consenso. Pero la expectativa duró poco. Desde su llegada, Flores parece haber hecho causa común con operadores del PRI, en especial con abogados de dudosa reputación que tratan la Fiscalía como despacho personal. Así, la gestión del Fiscal parece alineada a los mismos intereses: persecución selectiva, pactos oscuros y fabricación de culpables.

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VII. VÍNCULOS

Lo ocurrido no puede entenderse sin mirar hacia Coahuila. La detención ilegal no sólo fue fabricada por una Fiscalía al servicio de intereses priistas, sino que revela una conexión política que cruza estados. En el centro aparece el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, pieza clave de lo que queda del PRI en Nuevo León y con influencia directa sobre las estructuras que permitieron esta maniobra. Lo que parece un caso aislado es, en realidad, parte de una alianza de impunidad entre redes políticas de Nuevo León y Coahuila.

VIII. EL DESPACHO

La operación jurídica que intentó incriminar al director de VANGUARDIA tiene sello de casa: fue orquestada en Monterrey y armada con la colaboración de despachos vinculados a figuras del expartidazo. Uno de los nombres que más suena es el de Roberto Vega, socio del despacho junto a Filiberto de la Garza, hermano del alcalde de Monterey. El expediente construido carecía de sustento, pero no de intención: usar el poder institucional para cobrar favores, proteger intereses y enviar mensajes. Y todo eso sigue ocurriendo a plena luz, sin freno y con origen en Coahuila.

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