De acuerdo con reportes de la Auditoría Superior del Estado, la práctica ilegal de retener parte del salario de los empleados municipales, con el propósito de entregar dichos recursos a los partidos políticos, bajo el pretexto de que se trata de “cuotas voluntarias” pagadas por la burocracia, se mantuvo de forma recurrente a lo largo del cuatrienio 2014-2017.

Y aunque el número de ayuntamientos que decidieron ignorar la ley se redujo de 22 en 2014 a sólo siete en 2017, lo que parece estar bastante claro es que las advertencias, observaciones y “ultimátums” de la dependencia encabezada por Armando Plata Sandoval fueron interpretadas como “llamados a misa” por quienes encabezaron un buen número de administraciones.

El porqué de esta actitud contumaz se ha dicho hasta la saciedad, pero nunca estará de más recordarlo: quienes ocupan cargos de decisión en el servicio público ignoran la ley en forma reiterada simple y sencillamente porque no pasa absolutamente nada si se apartan de ella.

Por otra parte, está claro también que entregarse a prácticas ilegales no es una conducta exclusiva de los militantes de un sólo partido, sino que se trata de una vocación transversal a toda nuestra clase política. Ciertamente, al menos en el año 2017, fueron más ayuntamientos priistas los que incurrieron en la irregularidad, pero también se detectó la práctica de retenciones ilegales en ayuntamientos emanados del PAN y el PVEM.

Al final, desde luego, poco importan los colores partidistas que arropan a quien encabeza la administración municipal. Lo que importa realmente es que quienes deben cumplir con la ley y quienes tienen la responsabilidad de hacerla cumplir en caso de desvíos hagan su tarea.

En el caso de las cuotas ilegalmente retenidas a los empleados municipales, actividad que ya ha sido declarada ilegal por los tribunales electorales mexicanos, ni quienes deben someterse a la regla –los ayuntamientos–, ni quien está ahí para hacerle cumplir la ley –la Auditoría Superior del Estado– han llevado a cabo sus deberes.

Como se ha dicho en otras ocasiones, de nada le sirve a una sociedad que se cuente con abultadas y costosas instituciones teóricamente creadas para garantizar que las autoridades ajusten su conducta a las normas vigentes, si al final de cuentas todo mundo hace lo que le viene en gana.

Por ello, es necesario insistir en una idea que se ha externado en numerosas ocasiones anteriormente: ¿para qué sirve en realidad la Auditoría Superior del Estado? ¿Para qué mantenemos a su costosa burocracia si, al final del día, nadie parece tenerle el menor respeto?

Porque si la retención ilegal de salarios hubiera ocurrido una vez podría argumentarse que la dependencia “necesita tiempo” para utilizar las herramientas con las que ha sido dotada e imponer el orden.

¡Pero la conducta se registró durante cuatro años consecutivos!, y eso ocurrió pese a los reiterados señalamientos que en este sentido realizó la ASE. Lo que esto quiere decir, es que la dependencia es, en los hechos, una burla para los funcionarios teóricamente fiscalizados por ésta.

Y, al final, la ASE es una burla para los contribuyentes que pagamos para sostenerla.