‘¿Y la presunción de inocencia?, la ley no debe ser instrumento de presión’: defensores de derechos humanos sobre caso fabricado contra director de VANGUARDIA
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Defensores de derechos humanos advirtieron que en México persisten prácticas que vulneran la presunción de inocencia y facilitan la fabricación de delitos sin consecuencias para los responsables
Luego de la detención ilegal y puesta en libertad por la que atravesó el director del periódico VANGUARDIA en la ciudad de Monterrey tras una falsa acusación de fraude, los activistas Jaqueline Campbell y Alberto Xicoténcatl manifestaron su preocupación de que en México todos los días caigan en situaciones similares y que no se respete la presunción de inocencia.
Fue el pasado fin de semana, cuando se dio a conocer la noticia sobre la detención de Armando Castilla Galindo, director de grupo VANGUARDIA en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, donde la Fiscalía neolonense le informó una supuesta acusación de fraude de la que más tarde fue exonerado por un juez que advirtió el hallazgo de una serie de irregularidades, entre ellas, que el acusado no se encontraba en el país cuando la Fiscalía manifestó que habían ocurrido los hechos.
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Al respecto, el director de la Casa del Migrante de Saltillo, Alberto Xicoténcatl, director de la Casa del Migrante de Saltillo manifestó respecto a la situación, que la ley no debe usarse como instrumento de presión, además de que inicialmente no hubo respeto al derecho a la presunción de inocencia.
“La detención de Armando Castilla ocurre en un contexto que obliga a exigir presunción de inocencia y justicia independiente. El Estado tiene la obligación de actuar con transparencia, la ley no debe ser instrumento de presión ni de advertencia”, señaló.
Aseguró que este caso en específico evidencía que existen problemas en la forma en la que se está impartiendo y procurando la justicia en el país.
“Es una lectura de alerta. La justicia se está usando como instrumento de presión e intimidación, tanto de forma directa como indirecta. Lo que exigimos son investigaciones sólidas, que se respete el debido proceso y que haya una claridad absoluta. Tristemente este tipo de hechos afecta a la percepción de la democracia y la capacidad del estado mexicano en el tema de la justicia”, dijo.
“Lo que estamos viendo es justamente un mal uso del sistema de justicia y una instrumentalización. No se está usando a la justicia como el fin, sino como el medio para intimidar. Además se evidencía que hay un transfondo político claro que atenta no solamente contra el director, sino contra la libertad de expresión, y cuando se atenta en contra de eso, se atenta contra la ciudadanía”, agregó.
También, resaltó que en México se han invertido muchos recursos para tener un sistema de justicia adecuado y hasta hoy, no se ha logrado que funcionen de la forma adecuada.
“Y aquí se evidencia que las instituciones siguen siendo extremadamente débiles. Es completamente absurdo que se haga una detención de una persona con elementos tan endebles que al final cuando llegan al juez de control, se dan cuenta que no hay elementos de persecución del delito, pero mientras tanto ya se privó de la libertad a un ser humano. Al final lo que hace es poner en riesgo de cualquier persona que puede ser señalada por cualquier persona”, resaltó.
‘TODOS LOS DÍAS PASAN SITUACIONES SIMILARES’
Por otro lado, la activista Jaqueline Campbell, subrayó que es preocupante que en México todos los días pasan situaciones similares, sin embargo, las personas no cuentan con los recursos necesarios para que sus casos sean conocidos y sometidos al escrutinio.
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“Le puede pasar a cualquiera esta situación. Es como cuando tocaron a la Presidenta: si tocan a la Presidenta ¿cómo nos va a cualquier mujer en la calle? ¿Cómo hacemos con tanta gente que cae en las manos de estos funcionarios delincuentes?”, dijo.
Expresó que en su trayectoria trabajando en el interior de los penales del Estado con personas en reinserción social, se ha percatado de que en realidad, existe accesibilidad en la fabricación de delitos, a pesar de que los funcionarios deben apegarse a un deber ser y llamó a la ciudadanía a que en el caso exclusivo de los impartidores de justicia, la nueva ley ya permite tener en la mira sus decisiones, pero también sus carreras.
“Es bien fácil la fabricación de delitos y eso lo conocemos las personas defensoras y periodistas de todo lo que ocurre en nuestro grande y variado México y Coahuila no es la excepción de esta cultura de corrupción”, dijo.