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El órgano de control judicial suspende al magistrado en medio de la polémica por el fallo favorable a Diego Cruz, acusado de pederastia

Anuar González Hemadi se ha convertido en el enemigo público de México. Este juez ha sido el primero en emitir una sentencia favorable para Los Porkys, unos jóvenes acusados de abusar y violar a una menor de edad en Veracruz. Un caso que puso al país frente al espejo de uno de sus peores males: la impunidad de los ricos ante la pasividad de las autoridades. La conclusión de González se ha enfrentado a la de medio México, que siguió el caso de la joven Daphne Fernández como si se tratara de su vecina, su hermana o su hija. Y en medio de una oleada de críticas contra la sentencia, el Consejo de la Judicatura ha decidido suspender al juez y revisar con lupa todo su trabajo anterior.

Fuentes cercanas al órgano judicial explican a EL PAÍS que el magistrado estará apartado del cargo de seis a ocho meses, en lo que se investiga si cometió algún tipo de irregularidad con el caso de Diego Cruz, uno de los miembros de la pandilla. Y con cualquiera con el que se haya cruzado en los últimos cinco años que lleva trabajando en Veracruz. Durante los próximos meses, un mediador de la institución se entrevistará con abogados, procesados, compañeros de trabajo y empleados del juzgado para determinar si además hubo corrupción.

Todo el trabajo de este juez federal será examinado con lupa porque, según aseguran desde el organismo, "el impacto público" lo justifica. González falló que Diego Cruz no había abusado de la menor, pese a reconocer que sí le tocó los senos, que sí estuvo presente cuando le metieron la mano por debajo de la falda y estuvo en el momento de la presunta violación posterior por parte de uno de sus amigos. Pese a todo, González interpretó que no existió una intención "lasciva" ni que Cruz tuviera la intención de "copular", porque el supuesto agresor no "expresó palabra alguna" sobre ello.

"Hay resoluciones que pueden ser correctas pero que políticamente pueden ser debatibles, que pueden no ser populares, pero que están basadas en derecho. Pero en este caso por el tipo de asunto y el tipo de resolución se han tenido que tomar medidas extraordinarias", explican fuentes cercanas al Consejo. 

No es la primera vez que la presión social acelera la maquinaria de Justicia del país en este caso. De hecho, fue así como después de un año de silencio administrativo, se reabrió la denuncia de violación que había permanecido archivada en la Fiscalía veracruzana desde 2015. En ese momento los cuatro jóvenes ni siquiera se les conocía como los Porkys. 

La indignación social actuó también como motor de la Justicia cuando al menos dos de estos cuatro jóvenes se dieron a la fuga, en un momento donde el caso había escalado ya de un suceso local a un tema de irritación nacional. Y lo hicieron sin ningún tipo de impedimento de las autoridades, pues después de un año de cargar con una denuncia de violación a sus espaldas, no existía ni una sola orden de detención en su contra. Fue entonces cuando la Fiscalía General del Estado tuvo que asumir la tarea que aparentemente había evitado la Fiscalía de Veracruz: presionó para agilizar las órdenes de detención y pidió a la Interpol que emitiera las fichas rojas. Así Cruz fue detenido en Madrid en junio del año pasado. 

Las consecuencias a las que se enfrenta el juez González van desde un toque de atención durante medio año hasta una denuncia penal, que puede interponer el órgano. En cualquier caso, es poco probable que, aunque no se halle ninguna negligencia, vuelva a su puesto anterior, según aseguran desde la institución.

En las redes sociales el escarnio ha llegado hasta la publicación de fotos de él con su familia. Algo que, teniendo en cuenta la vida extremadamente privada que llevan los jueces federales en México, por las constantes amenazas que sufren e intentos de extorsión, ha sido considerado por muchos compañeros como un ataque desmedido. Otros apuntan a que su resolución, "sesgada y malintencionada", ha despertado a la bestia.