Orden busca evitar lesionados y la pérdida de recursos materiales y financieros a la corporación. Foto: Tomada de Internet
Orden busca evitar lesionados y la pérdida de recursos materiales y financieros a la corporación

En Baja California, estado que ocupa el segundo lugar a nivel nacional en cuanto a víctimas de homicidio doloso y con la ciudad más violenta del país, Tijuana donde los elementos de la Guardia Nacional desplegados tienen prohibido realizar persecusiones vehiculares contra presuntos infractores.

La media se debe a que se pretende evitar lesionados y la pérdida de recursos materiales y financieros a la corporación.

Desde el 5 de marzo, el coordinador del Batallón de seguridad en carreteras e instalaciones de la entidad fronteriza con Estados Unidos, comisario José Luis Abedillo Tejeda, ordenó al personal abstenerse de estas acciones operativas.

Abedillo Tejada solicita atender la alerta del coordinador de la Guardia Nacional en Baja California sobre el aumento de agentes lesionados y acciedntes en el desarrollo do operaciones como la persecusión de presuntos delincuentes.

A 2 años de su creación

Este viernes se cumplen dos años desde que un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) oficializó la creación de la Guardia Nacional, la institución clave del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para alcanzar su objetivo de pacificar al país latinoamericano. 

Con más de 100 mil elementos incorporados a las filas de la Guardia Nacional, la Administración de López Obrador ha presumido que hay una mejor cobertura territorial y coordinación institucional para atender la inseguridad en el país y, como muestra, refieren que algunos delitos han ido a la baja como resultado de esta estrategia nacional.

Desde su campaña presidencial, López Obrador fue uno de los mayores críticos de la militarización de la seguridad pública, que se profundizó a principios de 2007 con el panista Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), bajo la excusa de combatir a los cárteles del narcotráfico, y se extendió con la llegada del priista Enrique Peña Nieto (2012-2018) al poder. Esta ruta fue desastrosa para el país, con un aumento dramático en el número de asesinatos, desapariciones y violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas. 

López Obrador apuntó en 2018 que la Guardia Nacional resolvería "el vacío legal" de las Fuerzas Armadas al participar en las "labores de policía", además de atender la falta de una "institución policial profesional" en México que fuese capaz de afrontar "el desafío de la inseguridad y la violencia". 

Con la mayoría en el Congreso, López Obrador logró que se aprobasen las diversas reformas constitucionales que dieron forma a esta nueva "institución policial de carácter civil", que contaría con elementos de la Policía Federal y de las Fuerzas Armadas. 

En la Ley de la Guardia Nacional se estableció que mientras la institución desarrollaba su estructura y capacitación, el presidente podía "disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública". Esta facultad "extraordinaria" para utilizar a militares fue limitada a un plazo de cinco años, es decir, hasta el 23 de marzo de 2024. No obstante, recibió muchas críticas por parte de los sectores de la sociedad civil, que catalogaron esta acción como inconstitucional.