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Con una necesidad de infraestructura mínima de 5 por ciento del producto interno bruto (PIB) anual, el presupuesto del gobierno está comprometido en asuntos ineludibles, como deuda, salarios, pensiones y otras operaciones

Ciudad de México. El gasto público se paralizó en el primer tramo de 2019, con el argumento de la corrupción heredada. Los empresarios no quisieron invertir. Colocación de primeras piedras sin estudios para sostener obras, amparos, consultas ciudadanas, cancelación de trabajos, recorte de recursos para otros y, al final, el Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura del Sector Privado, que llegó al menos dos meses antes del documento que detallará el peso de los recursos públicos. Ese es el recuento de un año de la Cuarta Transformación (4T).

Con una necesidad de infraestructura mínima de 5 por ciento del producto interno bruto (PIB) anual, el presupuesto del gobierno está comprometido en asuntos ineludibles, como deuda, salarios, pensiones y otras operaciones. Lo restante ha tenido como prioridad la política social –con la responsabilidad de dar cobertura al segundo país con más proporción de pobres en Latinoamérica–, mientras el paquete de obras pendientes se recarga en la iniciativa privada.

Las excepciones son los proyectos prioritarios para Andrés Manuel López Obrador, que esbozó desde su campaña electoral. Entre ellos, cancelar el aeropuerto de Texcoco y atender la demanda de pasajeros –que desborda la Ciudad de México– con la conversión de la base aérea militar de Santa Lucía en instalación comercial. En el ramo energético, construir una refinería en Dos Bocas, Tabasco.

Dos proyectos más para el sureste mexicano, menos mediáticos pero que llevan decenas de licitaciones durante 2019, son el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que se financiarán con dinero privado. En el primero se busca explotar el turismo y una industria de carga en ferrocarril; en el segundo –en una de las zonas más pobres del país– se pretende crear una franja industrial que una el Pacífico y el Atlántico, como el Canal de Panamá.

En ninguno de los cuatro anteriores es central la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). La dependencia fue dirigida por Gerardo Ruiz Esparza, con sobrecostos hasta de 200 por ciento en las principales obras del sexenio pasado y que quedaron sin terminar. No hay nada firme sobre cargos por el manejo financiero y político, pero el encargado de investigar lavado de dinero y recursos para financiar el terrorismo ha dicho que ahí no dejaron piedra sin labrar.

Ahora la SCT es territorio libre de corrupción, asegura su nuevo titular, Javier Jiménez Espriú. También está libre de las obras de gran perfil financiero. Proyectos carreteros, puertos y la coordinación en comunicaciones se encuentran sin fondos para levantar u operar infraestructura. La encomienda es terminar trabajos inconclusos y edificar caminos rurales, que dan empleo temporal. 

Comunicaciones y Transportes

El trabajo de la dependencia en este primer año de la 4T se concentró en la atención financiera y legal de la decisión más difícil de la actual administración: cancelar el aeropuerto de Texcoco. Así lo calificó Jiménez Espriú. De la mano de Hacienda, la SCT tuvo que negociar la cancelación anticipada de parte de la deuda que la administración pasada adquirió con inversionistas internacionales y luego otro tanto con nacionales.

El Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) fue sepultado el 29 de diciembre, durante una reunión del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. Dos días antes, López Obrador dijo que seguirían proyectos heredados por Enrique Peña Nieto, como el Tren México-Toluca.

Ni modo que se dejen inconclusas alegando que son obras que iniciaron otros gobiernos, que no están bien planeadas, que no son prioritarias o que se hicieron nada más para hacer negocios para beneficiar a constructoras.

Texcoco fue abandonado –se advirtió con una consulta nacional en octubre– y se puso una primera piedra en Santa Lucía. La Secretaría de la Defensa Nacional comenzó a construir sin plan maestro, manifestación de impacto ambiental y estudios de costo beneficio. Algo similar a lo sucedido el 16 de diciembre de 2018 con las también primeras piedras del Tren Maya y de la refinería en Dos Bocas.

Asociaciones civiles y grupos empresariales hicieron lo que cinco años atrás no –cuando llegaron máquinas a las zonas agrícolas de Texcoco, con el antecedente de agresiones de Estado, para hacerse del espacio de construcción–: pretendieron frenar la obra de Santa Lucía en juzgados. El gobierno ganó el primer paquete de amparos y realizó una segunda inauguración en octubre pasado.

La cancelación del NAIM se reflejó en las inversiones, destacan analistas financieros. El ordenamiento de reglas en la Ciudad de México abonó al deterioro de la construcción, a grado tal que en el segundo semestre del año va en sus niveles mínimos desde que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía elabora la medición.

Así, al concentrar cadenas productivas, sumado también al desempeño de años en números del ramo extractivo, las industrias completaron un año en contracción. Cifras que se reflejaron también en los datos del PIB, los cuales revelan que de octubre de 2018 a junio de 2019, cada tres meses, la economía se contrajo 0.1 por ciento; entre julio y septiembre no creció.

Este entorno apuró el anuncio del gobierno federal y la iniciativa privada. De mil 600 proyectos que esta última dice tener identificados para invertir, la semana pasada se presentaron 147, por un monto de 859 mil millones de pesos. El monto es un primer paquete del rubro de infraestructura que el gobierno dejará en manos de privados.