La Procuraduría General de la República anunció ayer la realización de un tercer peritaje en el basurero del municipio de Cocula, Guerrero, como parte de los esfuerzos que la dependencia realiza para esclarecer el caso del secuestro de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa ocurrido hace poco más de un año.

En este nuevo peritaje, según dio a conocer la titular de la PGR, Arely Gómez, participarán siete expertos de cinco distintas nacionalidades quienes tendrán como encomienda “averiguar qué ocurrió en el basurero”

Como se sabe, las primeras conclusiones expuestas por la PGR -en la época de Jesús Murillo Karam- señalaron que en el tiradero de Cocula se realizó la incineración de los cuerpos de los estudiantes -quienes habrían sido previamente asesinados-, conclusión rebatida por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El nuevo peritaje que se ha ordenado implica, por un lado, un esfuerzo adicional de las autoridades mexicanas por esclarecer los hechos. Por el otro, reitera el señalamiento en el sentido de que la investigación no está cerrada y no se ha dado “carpetazo” al asunto.

Es importante, sin duda, que el Estado mexicano realice todos los esfuerzos a su alcance y emplee todos los recursos necesarios -materiales, humanos, científicos y técnicos- para encontrar la verdad, pues eso es lo mas importante en esta historia.

Porque la verdad es un requisito indispensable para que se haga justicia, pero también para que, en términos históricos, se evite el mal mayor que podría derivar de sucesos abominables como estos: que vuelvan a ocurrir en el futuro próximo.

Sin embargo, la verdad sólo será útil en la medida en la cual las investigaciones que se realicen puedan gozar de la confianza de los familiares de las víctimas, así como de los muchos activistas y grupos políticos que se han involucrado en esta causa.

De nada servirá que el Estado mexicano destine todos los recursos de que dispone para contratar a los mejores especialistas en todas las disciplinas científicas que esta investigación exige, o para que contrate a las más prestigiadas instituciones educativas, si al final las conclusiones serán descalificadas por no ofrecer el resultado que algunos esperan.

De nada servirá que se realicen sucesivos peritajes o que se creen fiscalías especializadas, grupos de investigación o comisiones ad hoc: si la desconfianza y la descalificación se convierten de antemano en la divisa fundamental de la discusión resultan absolutamente inútiles todos los esfuerzos.

Por ello, el Gobierno Mexicano debe, antes de seguir destinando recursos a esta empresa, establecer un piso mínimo de entendimiento con las víctimas y sus representantes jurídicos, en torno a la ruta a seguir. De otra forma la discusión se prolongará al infinito sin posibilidad de llegar a una conclusión aceptable.