Caso ‘Javier Villarreal’: la postergación infinita

Como si se tratara de un “regalo de Día de Reyes”, el juez Xavier Rodríguez, quien despacha en la Ciudad de San Antonio, Texas, concedió el fin de semana anterior la enésima prórroga a la audiencia en la cual debería dictarse sentencia a Javier Villarreal Hernández.

Como se ha informado en su momento, el ex todo poderoso funcionario de la administración de Humberto Moreira se declaró culpable –hace más de cuatro años– de dos cargos de conspiración para lavar dinero y uno más de conspiración para transportar dinero robado hacia el vecino país, razón por la cual sólo queda determinar la pena que deberá purgar por dichos ilícitos.

Sin embargo, desde su admisión de culpabilidad, en septiembre de 2014, misma que implicó, entre otras cosas, la entrega de 6.5 millones de dólares a las autoridades estadounidenses, Villarreal Hernández no ha pisado la cárcel debido a que, una y otra vez, sus abogados han obtenido respuesta positiva a las solicitudes de aplazamiento de la audiencia respectiva.

Y, como se ha comentado también con anterioridad, resulta difícil encontrar explicaciones alternativas a este hecho, como no sea que, quien tuvo a su cargo el manejo de las finanzas estatales, está “colaborando” con las autoridades de Estados Unidos para que se armen casos en contra de quienes fueron sus cómplices.

Si tal especulación es cierta, lo que puede concluirse de la misma es que el Departamento de Justicia de Estados Unidos está tratando de “echarle el guante” a otros exfuncionarios –o actuales funcionarios– de la administración estatal que habrían participado en el robo de recursos a las arcas públicas de Coahuila y se beneficiaron de ello.

No sería la primera ocasión en que un exfuncionario de alto nivel o un empresario local fueran acusados de haber participado en lo que ahora se sabe fue una de las etapas de mayor corrupción en la historia de Coahuila, y que fue prohijada desde las propias dependencias públicas de la entidad.

Pero si esto es así, una vez más la situación forzaría la pregunta: ¿no piensa hacer nada la Fiscalía General de Coahuila frente a tales hechos?

Porque, como se ha señalado en forma reiterada, resulta incomprensible que sea en Estados Unidos y en España donde las cosas sean señaladas por su nombre, es decir, que se registró un multimillonario fraude a las arcas estatales durante la administración de Humberto Moreira y aquí se voltee hacia otro lado.

Resulta incomprensible que los fiscales de otros países hayan sido capaces de armar casos penales en contra de múltiples individuos y que, si la especulación es correcta, estén a punto de enderezar nuevos casos en contra de los cómplices de Javier Villarreal, y aquí seamos incapaces siquiera de iniciar una investigación.

Habrá que esperar otro medio año para –tal vez– conocer el desenlace del episodio de esta historia que se escribe en Texas. Es tiempo suficiente para que aquí, donde se cometieron los delitos, alguien tome la decisión de hacer algo, es decir, de dejar de ser simples espectadores de un episodio cuyo agravio no se borrará por el simple paso del tiempo.