Cinco años sin ETA y sin avances hacia su disolución
COMPARTIR
TEMAS
El conservador Mariano Rajoy, que llegó a la presidencia del Gobierno un mes después del alto el fuego de ETA, se ha opuesto a cualquier tipo de negociación con la banda armada y ha desoído las peticiones del Ejecutivo vasco.
El 20 de octubre de 2011, el comunicado de ETA publicado en el diario vasco "Gara" no tardó en saltar a las portadas de la prensa española e internacional: tras medio siglo de atentados, violencia y extorsión, el grupo separatista vasco anunciaba "el cese definitivo" de la actividad armada.
En su declaración, acompañada de un vídeo en el que tres encapuchados leían el texto en euskera y español, la organización manifestaba su "compromiso claro, firme y definitivo" de "superar la confrontación armada" y hacía un "llamamiento" a los Gobiernos de España y Francia para abrir un proceso de diálogo.
Un lustro después, apenas ha habido avances. ETA, que mató a más de 850 personas en su afán por conseguir la independencia del País Vasco, continúa existiendo y no ha entregado las armas, aunque ya no atenta ni marca la vida política y social de la región española ni del resto del país.
Con la organización descabezada, el Gobierno español exige su disolución como condición sine qua non para negociar la situación de los etarras que todavía están en prisión y para avanzar en el "proceso de paz".
El colectivo de reclusos, que se redujo a la mitad en estos cinco años con unos 300 actualmente en prisión, sigue reivindicando el fin de su dispersión en cárceles de toda España y Francia, una medida tomada a finales de los años 80 para tratar de impedir la coacción de ETA sobre la reinserción social de sus miembros.
En 2013, un fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos abrió las puertas de prisión a más de medio centenar. Poco después, los presos admitían por primera vez "el sufrimiento y el daño causado" y reconocían la legalidad penitenciaria para tratar de desbloquear su situación, aunque sin expresar un perdón real hacia las víctimas.
Ni éstas ni el Gobierno de España, actualmente en funciones, están dispuestos a hacer concesiones a los etaras. Las víctimas de ETA piden "justicia sin impunidad" y claman contra el olvido de casi medio siglo de atentados, miedo, sufrimiento y lágrimas.
El conservador Mariano Rajoy, que llegó a la presidencia del Gobierno un mes después del alto el fuego de ETA, se ha opuesto a cualquier tipo de negociación con la banda armada y ha desoído las peticiones del Ejecutivo vasco, que con el nacionalista Iñigo Urkullu al frente aboga por dar pasos que propicien el fin definitivo del grupo armado.
Hace solo unos días, el ministro de Interior español en funciones, Jorge Fernández Díaz, reiteraba que solo si la banda se disuelve, "la política de dispersión penitenciaria se reconsideraría".
En este contexto, las fuerzas de seguridad españolas continúan trabajando en la "lucha antiterrorista". La semana pasada localizaron al norte de París un arsenal de ETA con casi 150 pistolas y revólveres que, según medios españoles, la organización pretendía utilizar para tratar de negociar con España y Francia.
ETA hizo un amago de desarme a principios de 2014, cuando quiso escenificar la entrega de las armas en un vídeo en el que aparecían dos etarras junto a los mediadores internacionales que verificaban el supuesto proceso. Las imágenes provocaron polémica, indignación y bufa. Desde entonces, no hubo nuevos pasos.
"Esta tiene que ser la legislatura del desarme definitivo de ETA", dijo hace unos días, en víspera de las elecciones regionales en el País Vasco, el líder independentista Arnaldo Otegi, principal representante del partido Bildu.
Uno de los cambios más significativos en estos cinco años ha sido la llegada de la izquierda secesionista vasca -la llamada "izquierda abertzale"- a las instituciones de la región a través de la coalición Bildu, formada a la sombra de Sortu, que muchos consideraron heredera política de la ilegalizada Batasuna, brazo político de ETA.
En los comicios regionales celebrados en septiembre, la formación volvió a quedar en segundo puesto tras el Partido Nacionalista Vasco (PNV), pero el partido izquierdista Podemos, abierto a un referénum secesionista y sin el lastre del conflicto vasco, se ha convertido en apenas dos años en un adversario fuerte que le pisa los talones.
En el País Vasco, de 2,2 millones de habitantes, los ciudadanos han normalizado en estos últimos años la ausencia de violencia y la convivencia entre dos bandos separados por más de 850 muertos.
Políticos y empresarios dejaron de necesitar escolta tras décadas de amenazas y miedo. Algunos reconocían que pisaban por primera vez en años "lo viejo" de San Sebastián, como se conoce al casco antiguo de la ciudad vasca, considerado punto caliente del conflicto.
Pero muchas heridas siguen abiertas. La capitalidad cultural europea, que este año recae en San Sebastián, centra su programa en torno a la paz y en los esfuerzos por superar un trauma todavía enquistado.
"Queda camino por recorrer pero la diferencia con respecto a lo que vivíamos hace unos años es muy grande. Hay cosas que hablar, que aclarar y que aprender, pero en general hemos dado un gran salto", decía hace unos meses a dpa el alcalde de la ciudad, el nacionalista Eneko Goia.
Con una nueva legislatura a punto de arrancar en el País Vasco y posiblemente también en España -si finalmente Rajoy consigue ser investido jefe del Gobierno tras diez meses ejerciendo de forma interina-, el camino hacia la disolución de ETA sigue en el aire.
