Continúan los asesinatos de periodistas en México; 42 durante el gobierno de Peña Nieto

El asesinato de periodistas sigue siendo la mayor afrenta en este período para la libertad de prensa. Cuatro han sido asesinados desde la asamblea en Salt Lake City, 12 en total durante 2017.

En sentido positivo, la Suprema Corte de Justicia ordenó al Congreso legislar sobre el otorgamiento de la publicidad oficial a los medios de comunicación.

El 19 diciembre fue asesinado Gumaro Pérez, de 35 años, en Veracruz. Era fundador y reportero del portal La Voz del Sur en el municipio de Acayucan. Dos sujetos le dispararon durante una celebración navideña en un aula de la escuela primaria en la que estudia su hijo. Cubría temas de seguridad y desde 2015, tras haber recibido amenazas de muerte, contaba con seguridad del gobierno estatal, durante sus coberturas noticiosas.

El 13 enero 2018 fue asesinado Carlos Domínguez, 77 años, en Tamaulipas. Era columnista de El Horizonte de Matamoros. Abordaba temas sobre la pugna política en Tamaulipas de cara a las elecciones municipales. Entre el 24 y el 27 de marzo fueron detenidos algunos presuntos responsables del homicidio entre ellos tres periodistas: Jorge Alfredo Cantú García, familiar del candidato a la alcaldía de Nuevo Laredo por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena); Gabriel Garza, colaborador de El Diario de Nuevo Laredo; Luis Ignacio Valtierra Hernández, presidente de la Unión de Periodistas Democráticos y Juan Jesús González Zúñiga, periodista independiente.

El 5 febrero fue asesinada Pamela Montenegro, de 36 años, en Guerrero. Era bloguera de la página de internet "Denuncia Acapulco Sin Censura". También conducía un programa de sátira política Montenegro en el canal de internet El Sillón TV. La Fiscalía local asegura que un grupo criminal local fue el responsable del asesinato. Cuando cenaba con familiares en un restaurante del puerto de Acapulco dos sujetos le dispararon varias ocasiones en la cabeza. Había sido amenazada.

El 20 marzo fue asesinado Leobardo Vázquez, de 42 años, en Veracruz. Publicaba en Facebook el portal de noticias "Enlace Gutiérrez Zamora". Antes trabajó para los diarios La Opinión de Poza Rica y Vanguardia, fue editor y diagramador del periódico Noreste, cofundador de la revista El Portal, y director de Comunicación Social de la Alcaldía de Papantla. Según sus colegas, tenía previsto solicitar protección por amenazas recibidas tras la publicación de críticas en contra de un notario y ex autoridades municipales. Le dispararon desde una motocicleta en marcha cuando se encontraba en su vivienda.

El 23 de marzo fueron sentenciados a 25 años de prisión dos ex policías por su participación en el asesinato de Moisés Sánchez Cerezo, ocurrido en Veracruz en enero de 2015. La Fiscalía General del estado informó que Luigui Heriberto y José Francisco, fueron procesados por los delitos de homicidio doloso calificado e incumplimiento de su deber legal y también tendrán que pagar 332 mil 250 pesos por reparación del daño. Sánchez Cerezo fue fundador y reportero de la web de información La Unión. Denunciaba actos delictivos en el municipio de Medellín de Bravo y en sus alrededores. El 2 de enero de 2015 fue secuestrado de su vivienda. Su cuerpo desmembrado fue hallado el 24 de enero de ese año.

Del 2000 a la fecha, Artículo 19 ha documentado el asesinato de 115 periodistas en México, en posible relación con su labor periodística. Del total, 106 son hombres y nueve son mujeres. El 2017 cerró con 12 periodistas asesinados. También el año pasado se registraron 507 agresiones y hubo 11 desplazados, una forma de blindarlos ante las amenazas. Las agresiones se concentraron en los estados de Veracruz, Puebla, Ciudad de México, Baja California Sur y Guerrero.

Cuarenta y dos asesinatos se registraron durante la presidencia de Enrique Peña Nieto: 11 en Veracruz, estado con el mayor número de asesinatos en este sexenio.

En dos ocasiones fallidas, en 2007 y a principios de 2014, el Congreso de México se habría impuesto regular la publicidad oficial, ente el pedido de organizaciones periodísticas para que se acabe con la discrecionalidad. Ahora tras un amparo interpuesto por Artículo 19, el 15 de noviembre la Suprema Corte de Justicia resolvió que el Congreso debe subsanar esa omisión legislativa fijando el 30 de abril de este año como fecha límite para legislar. La Corte ordenó al Congreso que debe legislar bajo criterios de "eficiencia, eficacia y honradez" como remarca el artículo 134 de la Constitución.

"La ausencia de regulación en publicidad oficial propicia un ejercicio arbitrario del presupuesto en comunicación social, con lo que se restringe indirectamente la libertad de expresión", estableció la Corte.

Datos de la organización Fundar refieren que el gasto de publicidad oficial durante los últimos cinco años ascendió a 200 millones de dólares. De los cuales 56% fue a 20 medios y 44% a tres mil medios.

La discusión está abierta y existen tres puntos a considerar: la definición de qué debe ser publicidad gubernamental, bajo qué criterios (alcance, penetración) debe repartirse y cómo se medirá el alcance de los medios (tiraje, usuarios únicos, etc...)

Durante este año electoral se han presentado diversas iniciativas periodísticas sobre transparencia y rendición de cuentas de quienes competirán por la Presidencia del país el 1 de julio, así como para combatir a las fake news.

Una es Verificado 2018, promovida por el portal de noticias Animal Político, que aglutina los esfuerzos de 60 instituciones, entre medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales y universidades. Su fin es detectar información falsa en las redes sociales, medios electrónicos y en los discursos de los candidatos.

Otra es la iniciativa La Lupa, de El Universal, que se propone detectar inconsistencias en la oferta de los aspirantes a la Presidencia, contrastando sus promesas y discursos con datos duros que confirmen o desmientan sus afirmaciones.

También De Hecho, de la Organización Editorial Mexicana, mediante alianzas con tres organismos no gubernamentales, busca hacer fact checking de las declaraciones de los candidatos y cruzarlas con las bases de datos de las organizaciones para definir si la afirmación es completa o parcialmente falsa o verdadera.

En un fallo del 28 de marzo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) favoreció al diario El Universal por sobre el candidato Ricardo Anaya de la coalición Por México al Frente, considerándose una sentencia a favor de la libertad de prensa. Anaya había utilizado spots de publicidad electoral en radio y televisión cuando era dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) para defenderse de investigaciones y críticas que El Universal le había hecho sobre su fortuna. Anaya, en un pleito legal con el diario, fue apoyado al principio por el Instituto Nacional Electoral que no lo obligó a retirar su spot de los medios, pese a que estaba usando un recurso del Estado para defenderse de un tema personal.

El TEPJF determinó que el uso indebido de los spots por parte de Anaya y del PAN inhibe la libertad de prensa y el ejercicio periodístico.