Encabeza. El líder nacional de Coparmex, Gustavo de Hoyos, estuvo ayer en Saltillo para la toma de compromiso del Consejo Directivo 2016-2017 de Coparmex local. / ORLANDO SIFUENTES
El líder nacional de Coparmex dijo que si se sigue postergando el nombramiento del Fiscal Anticorrupción, la Cámara usará mecanismos legales para que ello se corrija

El presidente nacional de Coparmex, Gustavo de Hoyos Walter, dijo que la corrupción en México pasó de ser una enfermedad a convertirse en una epidemia o pandemia, pues  mientras el País crece a un ritmo de entre dos a 3% anual, los “pagos extraordinarios” representan hasta un 7% del PIB.

Con esto último, añadió que es prácticamente el doble el volumen de recursos que salen de la economía para irse al cajón de la corrupción, asimismo son las familias de más bajos recursos donde más se realiza ese tipo de pagos.

Agregó que los niveles de corrupción que se han presentado en los últimos años en el País, no tiene precedentes, no porque no existieran antes, sino porque se han desbordado en distintos niveles de Gobierno, extracciones partidistas, así como en los ámbitos de los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo.

De Hoyos señaló que se tiene una crisis de corrupción que se ha convertido junto con la inseguridad, en el principal flagelo para México, e inhibidor para el desarrollo y la principal causa de pérdida de credibilidad de los ciudadanos en las instituciones públicas.

Aunque reconoció que se han dado importantes pasos contra ella, como ejemplo citó la iniciativa ciudadana Ley 3de3, así como la creación del Sistema Nacional Anticorrupción,  en las cuales no se debe aflojar el paso porque a este último, le falta el nombramiento de la pieza clave, el  Fiscal Anticorrupción.

Agregó que por 5 ocasiones pospuso el Senado, así como el nombramiento de los magistrados del Tribunal Administrativo, quienes serán los jueces que juzgarán  los casos de corrupción. 

Tenemos que asegurarnos que más allá de los resultados electorales, quienes sean los candidatos electos, exista un mecanismo institucional para que la corrupción no pueda repetirse en cada uno de sus gobiernos”
Gustavo de Hoyos Walter, líder de Coparmex

Pero adicionalmente, los Estados deben tener listo para el 18 de julio, el andamiaje institucional y electas las autoridades que encarnen el Sistema Local Anticorrupción (Coahuila está en semáforo rojo según el IMCO).

“Tenemos que asegurarnos que más allá de los resultados electorales, quienes sean los candidatos electos para las alcaldías, para gobernador o para diputados,  exista un mecanismo institucional para que estos casos de corrupción que hemos visto en Quintana Roo, Veracruz, NL y Sonora, más los que sigan, ya no puedan repetirse”, acusó.

El líder de Coparmex consideró que es un hecho insoslayable  que el modelo de control institucional basado en las secretarías de las contralorías, los órganos de fiscalización de los Congresos y la revisión de las cuentas públicas no den resultados.

Por ello, urgió que los Sistemas Locales Anticorrupción para que sea el brazo vigilante de aquellos hechos de corrupción cuando se empiecen a evidenciar y no hasta que sean monstruosos y desbordados, para que así inmediatamente se encuentre esa actividad delictiva y se aplique una sanción.

También, De Hoyos dejó en claro que están exigiendo que la aplicación de la justicia no sea selectiva porque quieren ver procesados a todos aquellos gobernadores, alcaldes o funcionarios que hayan cometido actos de corrupción.

“No nos satisface el que solamente se tomen 1 ó 2 figuras icónicas, es un buen principio, pero ni con mucho se va a arreglar el problema de esta manera y precisamente esa es la gran tragedia del País, cada sexenio se eligen 2 ó 3 chivos expiatorios y con ello, el problema de raíz no se atiende”, aseguró.

Finalmente, si el Senado sigue postergando el nombramiento del Fiscal o los Estados no cumplen con sus Sistemas Locales Anticorrupción, la Coparmex utilizará los mecanismos legales para que ello se corrija y no es la 1ª vez que se haría; en 2016, demandaron al presidente Enrique Peña y a varios secretarios de Estado por incumplir sus obligaciones de hacer válido el Estado de derecho en el Sureste del País.