CPJ y Reporteros Sin Fronteras demandan a Peña Nieto dar la cara por el asesinato de periodistas

Ciudad de México.– El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) tituló su más reciente informe sobre este país con la frase “Sin Excusas: México debe romper el ciclo de impunidad en los asesinatos de periodistas”, debido a que, dijo entonces el coordinador del análisis, Carlos Lauría, el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto ya no tiene manera de evadir su responsabilidad para esclarecer este tipo de crímenes.

“Se crearon los mecanismos, se estableció la fiscalía [especial], hubo una enmienda de la Constitución y la impunidad sigue en un nivel altísimo; no hay excusas”, comentó entonces Lauría.

El informe de la organización con sede en Nueva York fue presentado a Peña Nieto el pasado 4 de mayo, en Los Pinos, donde el Procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade, respondió al CPJ con el anuncio de que cambiaría al encargado de este tipo de investigaciones, Ricardo Nájera Herrera, sustituido el pasado 10 de mayo de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).

Ayer, sin embargo, el periodista sinaloense Javier Valdez Cárdenas, corresponsal de La Jornada, uno de los periodistas más experimentados en la cobertura del narcotráfico y premio del CPJ en 2011 por su valentía, fue asesinado de 12 tiros de arma de fuego en la avenida Riva Palacio de su ciudad natal, Culiacán, a unos metros de la redacción de Río Doce, la publicación que había cofundado.

“Se trata de una escalada. No habíamos visto casos tan prominentes en un lapso tan breve; evidentemente, esto habla del agravamiento de la situación; es necesario ser muy pero muy enérgico, no sólo enérgicos, decisivos en la respuesta ante la brutalidad de estos ataques, y la necesidad de que haya esclarecimiento”, dijo ayer Lauría, coordinador para las Américas del CPJ y amigo del fallecido.
“Esto es verdaderamente fuera de toda comprensión; ha sobrepasado todos los límites; una persona de tan alto perfil, con tanta experiencia, con la relevancia que él ha adquirido a nivel nacional, con su conocimiento, la verdad es que es difícil establecer paralelos, pero uno piensa en el caso de Ortiz Franco, del semanario ZETA, de ese nivel de prominencia y son esas cosas que ocurren en el centro de Culiacán, a pocos metros de la redacción de Río Doce”, agregó.

Valdez Cárdenas, de 50 años, se convirtió en el sexto periodista en ser asesinado en México este año, de acuerdo con el conteo de la organización Artículo 19. Con él, el sexenio acumula ya 32 asesinatos de reporteros, cantidad que es un 66.6 por ciento de los 48 registrados en el Gobierno del Presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Antes, también este 2017, habían sido asesinados los periodistas Cecilio Pineda, de Guerrero; Ricardo Monlui, de Veracruz; Maximino Rodríguez, de Baja California Sur, y Miroslava Breach Velducea, de Chihuahua y corresponsal de La Jornada, como Javier Valdez.

“A Miroslava la mataron por lengua larga. Que nos maten a todos, si esa es la condena de muerte por reportear este infierno. No al silencio”, escribió Javier Valdez el 24 de marzo en la red social Twitter, un día después del asesinato de su compañera.

El crimen de Javier Valdez cimbró a la comunidad periodística.

Corresponsal en una de los entidades más afectadas por el narcotráfico, fue autor de diferentes títulos relacionados con esta problemática, como “Miss Narco”, “Los morros del narco”, “Levantones” y “Narcoperiodismo”, que dedicó, entre otros, a los “periodistas mexicanos valientes y dignos, exiliados, escondidos, desaparecidos, asesinados, golpeados, atemorizados y pariendo historias, a pesar de la censura y los cañones obscuros”.

Todavía ayer, horas antes de su muerte, publicó en Río Doce su columna “Mala Yerba”, titulada “El licenciado” y, el pasado 3 de mayo, publicó un perfil en La Jornada sobre Dámaso López Núñez, presunto sustituto de “El Chapo”, apodado del mismo modo y detenido un día antes.

“El 4 de febrero, los jefes de los tres grupos se reunieron en una zona cercana a la comunidad de Mojolo, al norte de Culiacán. A la cita –de acuerdo con versiones extraoficiales– llegaron los hijos de El Chapo y Zambada, quien aparentemente los citó, pero no Dámaso. Cuando salían del fallido encuentro fueron atacados por un comando y luego rescatados por pistoleros de El Mayo Zambada, quien logró salvarlos ilesos”, escribió Valdez.

“En una entrevista del semanario Río Doce, un enviado de Dámaso López Núñez señaló que los hijos de El Chapo Guzmán no habían respetado los acuerdos y que durante casi un año habían provocado violentamente a López Núñez, quien mandó decir que los jóvenes se aprovechaban de su buena fe ‘‘con alevosía y ventaja, y ellos han corrido la versión de que la DEA me apoya, pero no es cierto. Tengo orgullo y sé respetar los códigos”, agregó el texto.

LA IMPUNIDAD ES “UN ESCÁNDALO”

Por eso, dice Balbina Flores, representante en México de la organización Reporteros Sin Fronteras, la investigación del crimen se debe centrar en el trabajo periodístico de la víctima; móvil que, sin embargo, explicó Lauría, no ha sido esclarecido en ninguno de los casos de asesinatos de reporteros registrados en México en una década.

Peña Nieto, mientras, agrega Flores, debería ser llamado para explicar ante el Congreso los motivos de esta violencia y de la impunidad que la rodea y que, de acuerdo con el conteo de Artículo 19, es de un 99.7 por ciento de los casos registrados desde 2006.

“Esta violencia nos deja sin aliento y sin palabras; pero, a pesar de ello, tenemos que seguir hablando y señalando los puntos centrales por los que esta violencia no se detiene, y obviamente en Reporteros Sin Fronteras hemos señalado que la impunidad que hay en torno a los asesinatos y desapariciones de periodistas es lo que ha permitido que esta violencia no sólo se haya enquistado, sino que no se detenga. Hay una repunte de la violencia”, dice Flores.
“Esta cantidad de periodistas asesinados en México es un escándalo; Peña Nieto tendría que estar en el Congreso diciendo qué pasa y qué medidas piensa tomar ante esto”, agrega.

La violencia contra la prensa en México se agravó, sobre todo, a partir de 2006, cuando –de acuerdo con el conteo de la organización Artículo 19- en el país se registraron 10 asesinatos. La misma cantidad se registró en 2008 y otro tanto en 2010, en pleno ascenso de la violencia posterior a la declaración de combate “frontal” al narcotráfico iniciado lanzada por Felipe Calderón.

El año pasado, sin embargo, fue el más violento para la prensa, con once asesinatos.

“Es un problema de democracia; un problema que directamente daña la salud de la democracia mexicana”, dijo Lauría en entrevista anterior, a propósito de la presentación del informe.

“Es un tema que está afectando derechos de todos los mexicanos, a los periodistas, pero que está generando que comunidades enteras en distintas partes del país estén desinformadas”, agregó entonces el representante del CPJ.