Dan 4 días a Carles Puigdemont para dar marcha atrás en su plan independentista
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La vicepresidenta del Gobierno recordó que si Puigdemont no rectifica hasta el jueves, se activará el artículo 155 de la Constitución.
El Gobierno español lamentó la respuesta elusiva que dio hoy a su ultimátum el jefe del Ejecutivo catalán, Carles Puigdemont, y le recordó que tiene un último plazo hasta el jueves para dar marcha atrás en su plan independentista y evitar que el Estado intervenga la autonomía de la región.
"El Gobierno lamenta que el presidente de la 'Generalitat' haya decidido no contestar al requerimiento", dijo la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, sobre la respuesta en la que Puigdemont evitó aclarar hoy si declaró o no la independencia de Cataluña el martes pasado, como exigía Madrid.
"No era muy difícil decir sí o no. Era la pregunta que se le hacía. No era una pregunta complicada", añadió la "número dos" de Mariano Rajoy, que recordó el segundo plazo del ultimátum fijado hasta el jueves. "El Gobierno espera que (...) Puigdemont responda con la claridad que los ciudadanos exigen”.
La vicepresidenta distribuyó además la carta con la respuesta oficial a Puigdemont, en la que Rajoy se expresa en los mismos términos.
"Espero que en las horas que quedan hasta que se cumpla el segundo plazo del requerimiento responda con la claridad que todos los ciudadanos exigen y el derecho requiere", dice el mandatario. "Prolongar esta situación de incertidumbre solo favorece a aquellos que pretenden liquidar la concordia cívica e imponer un proyecto radical y empobrecedor para Cataluña”.
Rajoy había dado a Puigdemont hasta las 10:00 horas de hoy (8:00 GMT) para responder si declaró o no la independencia de Cataluña el martes pasado en una confusa comparecencia ante el "parlament" regional, donde anunció ese paso pero lo suspendió de inmediato para pedir diálogo con Madrid.
En lugar de responder con un "sí o no" claro al requerimiento, como pedía Madrid, Puigdemont envió una carta de dos páginas en la que no aclara si proclamó la independencia unilateral y pide abrir un proceso de dos meses de diálogo para buscar una salida a la crisis.
"No dejemos que se deteriore más la situación", concluye el documento del dirigente catalán en tono conciliador. "Con buena voluntad, reconociendo el problema y mirándolo a la cara, estoy seguro de que podemos encontrar el camino a la solución”.
Sáenz de Santamaría consideró poco creíble esa llamada al diálogo que Puigdemont plantea en su carta y lo instó a debatir en el Congreso de los Diputados en Madrid.
"No resulta creíble que siga llamando al diálogo cuando ha hecho política de hechos consumados e imponiendo sus posiciones al conjunto de la ciudadanía", sostuvo. "Nadie le niega el diálogo, pero tiene que hacerse dentro de la ley, con máxima claridad y en el Congreso, donde está representada la mayoría de la ciudadanía”.
La vicepresidenta del Gobierno recordó que si Puigdemont no rectifica hasta el jueves, se activará el artículo 155 de la Constitución que permite "adoptar las medidas necesarias" para que el Estado fuerce a una región a cumplir sus obligaciones, un paso inédito en la democracia española.
Esa respuesta, que Rajoy intentó evitar hasta último momento, podría equivaler en Cataluña a intervenir autoridades puntuales con el objetivo de convocar elecciones anticipadas en la región.
Antes de la respuesta oficial de Sáenz de Santamaría, también los ministros de Justicia y Exterior, Rafael Catalá y Alfonso Dastis, consideraron insuficiente la misiva. El líder del Partido Popular (PP) en Cataluña, Xavier García Albiol, la consideró una prueba de que Puigdemont "es un inconsciente y pretende reventarlo todo”.
La ambigüedad de la respuesta irritó también a la CUP, el partido radical que apoya a Puigdemont en el "Parlament" y que le exige que proclame de inmediato la republicana catalana. "La CUP habría hecho una carta muy diferente", criticó la diputada Mireia Boya. Si el partido quita su apoyo al "Govern", Puigdemont podría verse abocado a convocar elecciones adelantadas.
El jefe del Gobierno catalán desató la peor crisis institucional de las últimas décadas en España al organizar el polémico referéndum soberanista del 1 de octubre pese a que había sido suspendido por el Constitucional español. Un 90 por ciento votó a favor de la independencia. Los partidarios del "no", algo más de la mitad de los catalanes según los sondeos, boicotearon el referéndum.
