Destituyen a magistrado federal por nepotismo y acoso sexual hacia 10 mujeres
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El juez implicado en este caso también recibió una sanción y fue suspendido por su falta de profesionalismo y ejercicio indebido del cargo
El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) aprobó este miércoles destituir e inhabilitar por 10 años al magistrado federal Fernando Reza Saldaña, derivado del hostigamiento sexual a 10 mujeres y por contratar a la esposa de un juez de Distrito de su mismo circuito.
Por ello, dijo el CJF en un comunicado, el juez implicado en este caso también recibió una sanción y fue suspendido por su falta de profesionalismo y ejercicio indebido del cargo.
“La posición de cero tolerancia del Pleno del CJF y su presidente, el ministro Arturo Zaldívar, ha sido tajante respecto a casos sobre igualdad y no violencia de género, así como contra el nepotismo dentro del Poder Judicial de la Federación (PJF)”, dijo el organismo en el documento.
La Judicatura Federal agregó que el combate a la violencia de género y al nepotismo son dos de los ejes principales del organismo, “pues representan un cáncer para la sociedad que, de entrada, debe ser combatido desde la trinchera de aquellos servidores públicos que juraron velar por la justicia y los valores constitucionales”.
Agregó que la vocación de un poder del Estado, como el PJF, es de servicio público y son la ética, el profesionalismo y el absoluto respeto a los derechos fundamentales los valores que definen esa vocación.
“La justicia está para el servicio y seguridad de las y los mexicanos. Los juzgadores federales del PJF estarán a la altura, ese es el compromiso con el que reafirma su labor el CJF en esta administración. Juzgadores y juzgadoras íntegras, capaces y sensibles frente a la justicia social” agregó.
La resolución del presente caso se dio en sesión de pleno de este miércoles y de acuerdo con el CJF la decisión “se apega a lo señalado por la Constitución y las leyes aplicables, y en respeto al principio de presunción de inocencia”.
La decisión aún es apelable y sería la Suprema Corte la que determine la impugnación que en su caso presenten los juzgadores sancionados, cuyo nombre se mantiene en reserva con el fin de garantizar el debido proceso.
