Desvían recursos de Cruzada contra el hambre

Los partidos y el gobierno guardan silencio ante la preocupante corrupción con presupuesto de la “Cruzada contra el Hambre” a través de convenios con universidades públicas, señaló la diputada federal Araceli Damián, de Morena.

Mientras que el PRI, PAN y PRD se desgarran las vestiduras y critican la creación de las universidades gratuitas financiadas con recursos donados por las y los diputados de Morena, nada dicen del millonario desvió de recursos públicos, otorgados a diversas universidades públicas, a través de convenios firmados con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), para realizar diversas acciones relacionadas con el emblemático programa del gobierno de Enrique Peña Nieto, la “Cruzada Contra el Hambre”, señaló la legisladora.

Araceli Damián explicó que entre las universidades con mayores desvíos reportados por la Auditoría Superior de la Federación se encuentran las universidades autónomas del Estado de México y del Estado de Morelos.

No sólo es que exista evidencia de los malos manejos de los recursos públicos en el reporte de la ASF sobre los recursos ejercidos en 2014 -añadió-, sino que este problema se ha estado presentando desde 2012, sin que al parecer la Procuraduría General de la República realice las investigaciones correspondientes y se finquen responsabilidades.

Por ello,la diputada Damián presentó un punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo Federal que haga público el manejo de los recursos destinados a la “Cruzada contra el Hambre”, que fueron entregados a dichas universidades.

Asimismo consideró fundamental que la PGR difunda el curso que se está dando a las investigaciones derivadas de las denuncias penales interpuestas en el mes de agosto del año pasado por la Auditoría Superior de la Federación respecto a malos manejos derivados del ejercicio presupuestal de los años 2012, 2013 y 2014 por parte de la UniversidadAutónoma del Estado de México y la Universidad Autónoma de Morelos, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, la Universidad Politécnica del Golfo de México, la Universidad Popular de la Chontalpa y la Universidad Tecnológica de Tabasco. Los casos más graves están en las dos primeras universidades.

Aseveró que la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, prácticamente firmó un cheque en blanco a estas instituciones, y continuó haciéndolo a pesar de haberse detectado las anomalías en el pago a supuestos proveedores para que realizaran servicios que nunca se ejecutaron, o los recursos fueron triangulados a empresas privadas.

El modus operandi detectado por la ASF consiste en que dependencias federales, amparadas en el artículo 1º. de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, canalizan recursos a las universidades al contratar servicios, y éstas subcontratan proveedores sin perfil requerido o empresas fantasmas.

Por ejemplo, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (Uaemor) firmó un convenio el 6 de mayo de 2013 con la Sedesol por 697 millones de pesos para abastecer de equipo a los promotores de la ruta “Sin hambre”, una red de servicios de asesoría y desarrollo de un sistema de administración y seguimiento de los programas sociales.

La Uaemor subcontrató a su vez a cinco empresas –a pesar de que el convenio lo prohibía expresamente y que los contratos resultaron fraudulentos–, y presentó posteriormente las facturas a la Sedesol por un servicio que nunca se realizó. Damián apuntó que este monto es superior al recorte que el gobierno aplicará este año al ISSSTE.

Derivado dela revisión realizada, la ASF interpuso ocho denuncias penales ante la PGR en agosto pasado. Y también se sabe, dijo la diputada, que están involucradas otras dependencias, como la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación , el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) y la Secretaría de Economía (SE).

La diputada señaló que para su partido, Morena, el tema de la educación y el alivio a la pobreza son prioritario, y ante la falta de compromiso del Estado -y ahora de algunas universidades-, se quiere contribuir a que en México se amplíen las oportunidades para que los jóvenes puedan tener una educación universitaria pública y gratuita. Por ello, aseguró que las y los diputados de su partido seguirán aportando la mitad de su sueldo para evitar que al menos algunos de los jóvenes rechazados de las universidades públicas, como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana y el Instituto Politécnico Nacional, se queden sin la posibilidad de continuar estudiando.