Difunden desplegado a favor de AMLO 'contra los privatizadores de la palabra'

En un texto titulado “Por la libertad, contra los privatizadores de la palabra”, más de 28 mil personas firmaron una respuesta al desplegado publicado el jueves por 650 firmas, cuyo titulo es “En defensa de la libertad de expresión”, pero es mejor conocido como “Esto tiene que parar”.

El documento, promovido en redes sociales por el monero Rafael Barajas ‘El Fisgón’, director del Instituto de Formación Política de Morena, entre otros, señala que fue abierto a firmas a las 14 horas del viernes 18 de septiembre, y que a las 9 de la mañana de este domingo contaba con la adhesión de más de 28 mil ciudadanos.

En el texto se advierte que la “amplia y libre difusión” que alcanzó el desplegado del jueves pasado, “niega de manera contundente su principal aserto: que la libertad de expresión está ‘bajo asedio’. En los más de 21 meses transcurridos desde el 1 de diciembre de 2018 nadie ha sido presionado al silencio por el Ejecutivo Federal, ningún informador u opinador ha sido hostigado, despedido, detenido, procesado, torturado, desaparecido o asesinado por consigna de la Presidencia y el debate público está más vivo y vibrante que nunca en la historia moderna del país”.

Menciona que estos firmantes “querrían suprimir ese debate, amordazar al Presidente y reinstaurar el monólogo y la verdad única que imperó hasta hace dos años bajo el corrupto régimen neoliberal y el aparato mediático oligárquico en el que muchos de los firmantes aparecían como amos y señores del pensamiento, el análisis y la crítica y que imponía un monólogo legitimador de saqueos, violencia de Estado, corrupción, frivolidad y desaseo electoral”.

Acusa a los autores del desplegado de no poder demostrar un solo acto de censura durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador y que su único argumento es la sanción administrativa impuesta por la Secretaría de la Función Pública (SFP) a la revista Nexos, “no por lo que se publica en ella sino porque falsificó un documento del Infonavit”.

Consideran que no hay “amagos judiciales” a “medios y publicaciones independientes”, sino una revisión general de los “vínculos corruptos e inmorales entre el poder público y empresas privadas que fueron distintivo del régimen anterior, independientemente de que las segundas fueran productoras bienes de consumo, servicios o publicaciones”.

Del mismo modo, señala a las organizaciones autodenominadas ciudadanas, que utilizaron como membrete diversas causas sociales, pero “eran en realidad tapaderas para el saqueo del erario, el lavado de dinero y la privatización indebida de bienes públicos y de facultades y responsabilidades gubernamentales”.

Sobre los recortes a los organismos autónomos que critica el desplegado de los 650, aseguran que se trata de políticas de austeridad a las que se resisten los directorios de algunos de esos organismos, “cuyos miembros se han beneficiado de la opacidad, el despilfarro, las percepciones principescas y las prestaciones obscenas e injustificables en el contexto de carencia en el que vive más de la mitad de la población”.

Quienes hoy temen que “el odio llegue al río”, exhiben su elitismo y desconocimiento del pueblo mexicano y su civilidad. Son los mismos, señalan, que por décadas “endilgaron adjetivos infamantes, despreciaron las luchas del pueblo, hicieron campañas de odio y descrédito en contra de los opositores –fueran candidatos presidenciales, campesinos en lucha, víctimas de la violencia o maestros en resistencia–, quienes ensalzaron hasta la ignominia a gobernantes corruptos y criminales”.

“El perdurable repudio popular que padecen”, mencionan, “no es producto de las expresiones presidenciales sino consecuencia inevitable de su deshonestidad intelectual y de su complicidad, obsecuencia y cortesanía para con un grupo gobernante que dejó al país en ruinas. Aun así, más allá de la repulsa ciudadana, no tienen nada que temer”.

Por último, celebran frente a “quienes operaron como privatizadores de la palabra”, la libertad de expresión “irrestricta” que se respira, así como el estado de Derecho que el Ejecutivo impulsa en el país. “Que los firmantes del texto comentado hablen con plena libertad y que no pretendan callar a nadie. Su abusivo monopolio de la opinión pública ya terminó y no volverá nunca”, advierten.