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Entre 2001 y 2017, las mineras extrajeron de México una cantidad equivalente al doble del oro y la mitad de la plata que los españoles se llevaron en los 300 años que duró la Colonia. La operación de esas empresas, incluso de la mano del crimen organizado, ha dañado particularmente los territorios de pueblos originarios y ha dejado devastación ambiental y social en México, bajo el amparo del Estado mexicano

Ciudad de México.– La minería es uno de los negocios más jugosos para las empresas que operan en México, en su mayoría extranjeras, pero no para los trabajadores o las comunidades donde se desarrolla. Deja una utilidad anual de 200 mil millones de dólares, de los cuales muy pocos se ven reflejados en la calidad de vida de la sociedad mexicana que, en cambio, sí sufre los estragos de la explotación desmesurada, plantea una investigación publicada por el periodistas J. Jesús Lemus.

Solapadas por el Gobierno federal desde hace al menos 25 años, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), cerca de 267 compañías –principalmente canadienses y estadounidenses– operan en México sin escrúpulos ni restricciones, afirma. Lo peor de todo es que a su alrededor convergen los peores males que aquejan a nuestro país: corrupción, desgobierno, narcotráfico, violencia, pobreza y desplazamiento, se destaca en el texto.

Esta investigación, que el reportero J. Jesús Lemus realizó por los cuatro rincones del país, revela por primera vez las operaciones ilegales de la industria minera en México que, por increíble que parezca, opacan la brutalidad del narcotráfico, y lanza una alerta urgente sobre los peligros que representan para la soberanía y la supervivencia de nuestro país.

Por cortesía de Grijalbo y Penguin Random House, a continuación se presenta a los lectores de SinEmbargo el Capítulo 3 del libro “México a Cielo Abierto”.

Fragmento del libro México a cielo abierto, de J.J.Lemus, publicado con autorización de Grijalbo y Penguin Random House

Capítulo 3

La tierra es de nuestros hijos, no nos pertenece a nosotros, mucho menos a las mineras.
–José Trinidad de la Cruz Crisóstomo, activista social asesinado.

EL NARCO, ALIADO DE LOS MINEROS

El caso más evidente de la perversa alianza de las empresas mineras con el crimen organizado para contrarrestar las protestas contra sus proyectos ocurre en Michoacán. Ahí la empresa Ternium, que explota la mina de hierro más grande de México, se alió con Los Caballeros Templarios para proteger sus intereses, denuncian activistas.

Según los señalamientos, las células del cártel inicialmente pactaron con Ternium garantizar la seguridad de la periferia de la mina —que extrae a diario más de mil toneladas de hierro—, operada por la subsidiaria Las Encinas. El objetivo era desalentar a los comuneros que insistían en el reclamo de regalías y que varias veces cerraron el acceso a las instalaciones. Ternium, en su afán por apagar la protesta social, también se valió de la presencia de las fuerzas federales y estatales.

Así se desató una serie de persecuciones y amenazas contra los líderes comunales que encabezaron las manifestaciones. Se llegó al asesinato de algunos de los defensores de la tierra que se habían tornado incómodos para la trasnacional; los homicidios de al menos cinco de esos líderes comunales han quedado impunes, pues las autoridades ministeriales de Michoacán desviaron las investigaciones asegurando que eran otros los móviles de los crímenes.

El caso más representativo es el de José Trinidad de la Cruz Crisóstomo, asesinado el 7 de diciembre de 2011 cuando se dirigía a una reunión para organizar una protesta contra Ternium. A José Trinidad lo ejecutó un comando en el predio Barranca de Los Reyes. Su cuerpo fue encontrado por marinos que hacían rondines de vigilancia en la zona y también ayudaban en las labores de vigilancia perimetral de la mina de hierro.

José Trinidad de la Cruz, de 72 años, era el organizador del movimiento Marcha por la Paz, que en no menos de 15 ocasiones había tomado las calles del municipio de Aquila para denunciar la presencia de Los Caballeros Templarios como grupo de seguridad de Ternium.

El cuerpo del líder comunal fue encontrado a bordo de su camioneta; presentaba cuatro impactos de bala de al menos tres calibres distintos. Tenía una bala —el tiro de gracia— disparada de una pistola calibre .9 milímetros; en el pecho recibió un impacto de calibre .38 súper, y el hombro izquierdo tenía otros dos tiros de arma larga, del tipo del fusil AK-47, que comúnmente utilizan los grupos del crimen organizado.

En la averiguación previa 215/2011-U que abrió el agente del Ministerio Público del fuero común se estableció como principal línea de investigación un problema familiar: se dijo que el líder comunal tenía una disputa con otros ejidatarios por las colindancias de sus predios; en ningún momento se manifestó la posibilidad de que su homicidio fuera resultado de la confrontación directa con la empresa minera, a la que mantuvo en jaque con sus actos de resistencia.

La alianza entre Los Caballeros Templarios y Ternium también se evidenció en la persecución de Cemeí Verdía Zepeda, líder comunal que se alzó contra la explotación irracional que ha perpetrado Ternium en Aquila. Cemeí finalmente se convirtió en el comandante de los grupos de autodefensa en esa parte de Michoacán, donde “alguien” ofreció 500 mil pesos por su cabeza, lo que hizo que las células del crimen organizado buscaran cazarlo.

Tras dos atentados en su contra, Cemeí Verdía Zepeda terminó encarcelado, acusado por el alcalde de Aquila, Juan Hernández Ramírez, de haber robado dos rollos de alambre propiedad del gobierno municipal. A ello se sumó la acusación del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) por delitos electorales, y una más, de la Procuraduría de Justicia, que lo responsabilizaba de un asesinato. Las acusaciones en su contra nunca prosperaron prosperaron, pero lo hicieron pasar más de cinco meses en el penal David Franco Rodríguez, de Morelia, de donde finalmente salió absuelto.

Llama la atención que la primera de las acusaciones contra Ceme Verdía proviniera del alcalde priista Juan Hernández Ramírez, quien luego habría de ser exhibido públicamente por una serie de fotografías en las que aparece reunido con el líder de Los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez, la Tuta; eso le permitió a la PGR abrir un expediente penal contra el edil por los delitos de cohecho, tentativa de homicidio y encubrimiento, demostrándose posteriormente que él había ordenado en dos ocasiones los atentados contra Verdía Zepeda.

De acuerdo con las investigaciones de la PGR, el alcalde de Aquila era la conexión con las células del crimen organizado y directivos de Ternium, por lo que se había comprometido “a las acciones necesarias” para desarticular las manifestaciones contra la minera en esa parte de Michoacán.

El alcalde fue tan celoso de su deber que solicitó la presencia del Ejército para disolver la manifestación de comuneros que protestaba por la detención de Verdía, la que terminó con disparos de los militares contra la población civil y con la muerte de tres personas: Heriberto Reyes García, Melesio Cristiano y la niña de seis años Neymi Natali Pineda Reyes.

Desde la federación se abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades sobre los tres homicidios. Todas las actuaciones fueron contra el edil, pero no se actuó contra los militares que dispararon ni contra los ejecutivos de Ternium, que supuestamente solicitaron el sofocamiento de la protesta de acuerdo con la declaración ministerial de Juan Hernández Ramírez.

En Michoacán hay otro caso similar al anteriormente señalado y que también vale la pena analizar el de la empresa Minera del Norte, S. A., que opera las minas de hierro El Conejo, Palos Bobos y Pinalopa, en los municipios de Tepalcatepec y Coalcomán.

Desde hace al menos cinco años Minera del Norte, S. A., subsidiaria de Altos Hornos de México —a la que envía el hierro extraído en Michoacán para su refinamiento a la planta de Minerales Monclova, S. A. (Mimosa), propiedad de Alonso Ancira—, ha venido pagando al cártel de Los Caballeros Templarios dos dólares por cada tonelada de hierro que logra extraer de acuerdo con activistas. Según esos señalamientos, los pagos se hacen en función del “servicios de seguridad” que las células del cártel hacen para la empresa.

Este hecho fue denunciado en su momento —mediante actas circunstanciadas presentadas al comisionado para la Seguridad y el Desarrollo de la entidad, Alfredo Castillo— por quien fuera vocero de los grupos de autodefensa de Michoacán, José Manuel Mireles Valverde, quien dijo que los fondos aportados por la minera para el crimen organizado que le han “permitido al cártel de Los Caballeros Templarios mantenerse activo”. De acuerdo con las cuentas hechas por Mireles Valverde, Los Caballeros Templarios recibirían una suma cercana a los 20 mil dólares semanales, algo así como 400 mil pesos al tipo de cambio promedio de 2017.

Otra empresa que ha comprado los servicios (siempre según las versiones de los autodefensas) no sólo de Los Caballeros Templarios sino de otros grupos delincuenciales que actúan en Michoacán —como La Familia Michoacana, La Nueva Familia Michoacana, el Cártel de Jalisco Nueva Generación y la Tercera Hermandad (H3)— es Mittal Steel, que trabaja las instalaciones que alguna vez fueron de la paraestatal Siderúrgica Lázaro Cárdenas y de la trasnacional Pacific Coast Miner. Arcelor mantiene minas en activo y trabaja en por lo menos una docena de proyectos de exploración.

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