Se han tramitado más de 30 recursos por parte de funcionarios judiciales ante el temor de ser investigados

Al menos seis despachos de abogados están en la mira de la Fiscalía Anticorrupción por su posible participación en el megafraude del Infonavit, anunció Jesús Flores Mier; a la par, dio a conocer que se han tramitado 30 amparos de integrantes del Poder Judicial ante el temor de ser investigados. 

El Fiscal dijo que se tiene registrado que las operaciones fueron realizadas en juzgados de Torreón, Parras y Sabinas; sin embargo, aunque la investigación pudiera ir avanzada todavía no existen elementos suficientes para consignar a alguna persona. 

Flores sostuvo que se tienen ubicados a por lo menos seis despachos jurídicos individuales de las mismas regiones mencionadas que pudieron estar involucrados y contra quienes se emprenderán indagatorias; sin embargo, no se ha encontrado si existen otras dependencias involucradas en el tema. 

“Hay más de seis o siete despachos involucrados, y funcionaban diferentes despachos en cada municipio, no son los mismos”, detalló. En ese sentido, aseveró que la información sobre los despachos todavía es reservada, dado que las indagatorias sobre su posible participación apenas han dado inicio.

70 Mil millones de pesos sería el monto que alcanzarían los bienes despojados.

Además apuntó que de las seis carpetas de investigación que se iniciaron por el caso, la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía General del Estado, han recibido la notificación de 30 amparos interpuestos por miembros del Poder Judicial para no ser investigados por los hechos. 

“Van avanzadas algunas de las carpetas, pero no nos podemos adelantar a dar a conocer la estrategia, pero yo creo que en las próximas semanas habrá acciones contundentes sobre el tema”, aseguró. 

A inicios de marzo, el empresario Mario Alberto Sánchez, informó que según su investigación, entre 2013 y 2018 el Infonavit habría despojado de sus viviendas a 300 mil trabajadores, por un monto estimado de 70 mil millones de pesos.

Este megafraude consistió en que a través de juicios hipotecarios irregulares, derechohabientes que habían dejado de pagar, se les quitaban sus viviendas; sin embargo no se les notificaba hasta querer transferir su inmueble o cuando eran despojados.