EPN: un Acuerdo para la discordia

El “pactismo” como fórmula para enfrentar las crisis económicas fue “inventado” durante el Gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, una de las peores épocas para las finanzas estatales y personales, pues durante dicho sexenio la inflación acumulada fue de más de 3 mil 700 por ciento.

Las variables macroeconómicas –como explicaría cualquier persona medianamente versada en teoría económica– se encontraban claramente fuera de control y al Gobierno se le habían acabado las fórmulas “artificiales” para evitar la crisis y, por ende, el descontento social.

La variable que más importaba controlar en aquel momento era la inflación y la ruta ortodoxa para lograrlo era simple: contener los precios.

La dificultad venía cuando se debía tener en cuenta el factor político de la ecuación: la exorbitante inflación reducía continuamente el poder adquisitivo de los más pobres y eso los había impulsado a la calle en demanda de acciones puntuales para aliviar su situación, entre ellas un incremento salarial “de emergencia”, amenazando con una huelga general en caso contrario.

Pero, como sabe también cualquier estudiante novel de economía, conceder la petición –razonable y lógica, desde la perspectiva del sector obrero– implicaba mantener el círculo vicioso que impulsaba la inflación.

Entonces se inventaron los “pactos”, mediante los cuales los distintos sectores de la sociedad acordaron respaldar una serie de medidas tendientes a estabilizar la economía y paliar los efectos negativos que la inflación tenía sobre el poder adquisitivo del salario.

Casi 30 años después, el presidente Enrique Peña Nieto decidió revivir el “pactismo” como fórmula para apuntalar la economía, dando a conocer ayer la firma de un “Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar” mediante el cual se habría establecido un convenio entre el sector privado y sindical para impedir una escalada de precios a partir del incremento en el precio de la gasolina.

La idea, a primera vista, no necesariamente suena mal, si bien las condiciones económicas que llevaron al Gobierno de la República a firmar el primer “Pacto de Solidaridad Económica”, a finales de 1987, son muy diferentes a las de ahora, por lo que parece bastante claro que las motivaciones actuales son más bien de carácter exclusivamente político.

Sin embargo, el hecho de que la mayor parte de los gobernadores del país, así como el principal sindicato patronal de la República, dijeran desconocer el contenido del documento y, en el caso de la Coparmex, sus dirigentes se negaran a firmarlo, por considerarlo “improvisado, incompleto e insuficiente”, pareciera evidenciar una falta de tino político por parte del Gobierno de la República el dar a conocer el acuerdo.

Y es que si el principal efecto que se busca es de carácter político –porque las motivaciones del Acuerdo parecen ser ésas–, el revés que le ha asestado el sector empresarial podría lograr el efecto contrario, promoviendo aún más el encono y alentando la crispación social que ha causado, más que el aumento a las gasolinas, la percepción de incumplimiento de la palabra gubernamental.