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El ex alcalde de Mecatlán, Veracruz, es señalado de haber dado protección y dejar que se fugara un presunto violador de una niña, en 2015

Por Paris Martínez (@paris_martinez) para Animal Político

El 28 de octubre de 2015, una niña de 16 años de edad integrante de la comunidad indígena totonaca de Manantiales, municipio de Mecatlán, Veracruz, fue privada de la libertad por uno de sus vecinos, quien la condujo por la fuerza a un cafetal y la atacó sexualmente.

Cuatro horas después, cuando la niña y su familia acudieron ante las autoridades municipales, encabezadas entonces por el Partido del Trabajo, la víctima fue recibida a carcajadas por los servidores públicos responsables de asistirla y, un día después, el mismo alcalde de la región, Gerónimo Luis Hernández, le ofreció llegar a un arreglo: ya fuese obtener una compensación económica del agresor o casarse con él.

De hecho, gracias a este alcalde del PT, el agresor sexual no sólo pudo volver al pueblo libre de cargos, pocas horas después de atacar a la menor, sino que hasta la fecha permanece en libertad.

Por el contrario, su víctima, hoy de 18 años, tuvo que abandonar la localidad inmediatamente, ante el temor a represalias del violador, de la familia de éste o de las autoridades encubridoras.

Tal como consta en la investigación de este caso, realizada primero por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, y luego por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, esta niña fue atacada sexualmente el 28 de octubre de 2015, alrededor de las 11:00 horas, y para las 15:00 horas, señala su testimonio, “en compañía de mi abuela fui a casa del sub-agente municipal (aún portando su ropa ensangrentada), a darle a conocer los hechos, y cuando le conté que este sujeto me llevó al cafetal y me tiró al suelo, el sub-agente municipal comenzó a reírse mucho”.

Ante la negativa de atención, la víctima y su familia acudieron directamente a las oficinas municipales de Mecatlán, en donde el titular de la Policía Municipal ofreció llevarla hasta Papantla, que es el municipio más cercano con una agencia del MP especializada en atención a delitos contra las mujeres.

El ofrecimiento, sin embargo, era una trampa, pues luego de que la víctima y su papá abordaron en la parte delantera de la patrulla en la que supuestamente serían llevados a Papantla, dicho comandante de la Policía Municipal introdujo al vehículo al mismo vecino que un día antes había violado a la menor.

Tal como comprobó la CNDH, el comandante de la policía municipal condujo a la víctima y al agresor hasta un campo deportivo, en donde el mismo alcalde Gerónimo Luis Hernández y un abogado particular intentaron convencer a la adolescente y a su papá para que se desistieran de presentar la denuncia penal en contra del agresor sexual.

Mientras la menor permaneció retenida contra su voluntad en dicho campo deportivo, al lugar también llegó el funcionario municipal asentado en el poblado de Manantiales que, un día antes, había respondido con carcajadas ante su denuncia de violación.

Según la investigación de la CNDH, la menor fue retenida en dicho campo deportivo por alrededor de una hora, hasta que vecinos de la localidad se percataron de los hechos y se comunicaron a las oficinas del Ayuntamiento, para exigir que la menor fuera liberada, sólo así los funcionarios municipales encabezados por el alcalde del PT cesaron las presiones contra la menor y su padre, y los trasladaron a Papantla, para que formularan la denuncia penal en contra del agresor sexual.

Cabe destacar que, en ese mismo momento, el agresor sexual también fue conducido al MP de Papantla, junto con su víctima; sin embargo, las autoridades municipales de Mecatlán no lo consignaron ante el Ministerio Público, sino que lo dejaron unos instantes a unos metros de la puerta de acceso y, luego de introducir a la menor en las oficinas ministeriales, los mismos policías municipales trasladaron al agresor de vuelta a Mecatlán, y lo dejaron en libertad.

A pesar de que la menor agredida identificó plenamente a la persona que la atacó, la Fiscalía General del Estado de Veracruz se tomó seis meses para solicitar a un juez penal una orden de captura, aunque, obviamente, para el momento en que ésta fue emitida el imputado ya se había dado a la fuga, y permanece prófugo hasta la fecha.

Estilo PT...

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