Foto: Especial
Las tres farmacéuticas con las que el gobierno mexicano anunció convenios de precompra de vacunas contra la COVID-19 incluyeron en dichos acuerdos cláusulas específicas para impedir que su contenido salga a la luz

La opacidad con las que se manejan las negociaciones para la obtención de las vacunas hace que se desconozcan datos clave, como el precio por cada dosis o condiciones que los gobiernos hayan ofrecido a farmacéuticas para obtenerlas.

Las tres farmacéuticas con las que el gobierno mexicano anunció convenios de precompra de vacunas contra la COVID-19 incluyeron en dichos acuerdos cláusulas específicas para impedir que su contenido salga a la luz. Tanto Pfizer-BioNTech, como AstraZeneca-Oxford y CanSino previeron la posibilidad de que se intentase transparentar los acuerdos e incluyeron disposiciones que obligan al Ejecutivo a avisarles antes de que la información sea pública para dar tiempo a que las compañías puedan interponer amparos. Estos epígrafes parecen pensados como un mecanismo anti Instituto Nacional de Transparencia (INAI), que se adelanta a la posibilidad de que el organismo obligase a la administración a hacer públicos los documentos y prepara el terreno para el litigio. 

El secretismo sobre los convenios con las farmacéuticas es un fenómeno que no ocurre solo en México, sino que se ha repetido en todos los países que han accedido a las vacunas. Las empresas, aún en este contexto de crisis, no quieren revelar datos sensibles, como los precios que cobran a un determinado país, para no perjudicar su negociación con terceros. 

Animal Político solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) copia de los documentos en un momento en el que se habían anunciado únicamente acuerdos con estas tres farmacéuticas. La institución que dirige Marcelo Ebrard, que fue la que negoció los convenios,  declaró los acuerdos como “confidenciales” y alegó que transparentarlos podría generar un grave perjuicio a México en la obtención de vacunas. 

Ahora, documentos en poder de Animal Político obtenidos en los trámites del recurso de reposición presentado contra esta reserva muestran que las farmacéuticas ya previeron este escenario. Cada una de las compañías firmó cláusulas diferentes, pero todas tienen un mismo objetivo: evitar que se conozcan los detalles de su negociación con el gobierno mexicano. 

En el caso de Pfizer, la farmacéutica incluyó la obligación de notificar por escrito a la compañía antes de que la información fuese pública, para dar tiempo a que esta presentase “un oficio, amparo, medida cautelar, acción preventiva o renunciar a las disposiciones pertinentes de este contrato”.

El convenio señala que se podrán “usar, copiar y tomar partes de la información confidencial solo para el cumplimiento de sus obligaciones”, pero que “no usarán la Información Confidencial para beneficio propio, ni para beneficio de otra persona”.

El incumplimiento, añade, “podría causar daño irreparable y lesión significativa a la Parte Emisora”.

En caso de controversia, la ley aplicable sería la de Nueva York, EU. 

En el caso de AstraZeneca, el convenio señala que “el único motivo por el cual se podrá divulgar Información Confidencial deberá ser derivado de un proceso legal, judicial, regulatorio o administrativo o de acuerdo con una auditoría o revisión por una organización reguladora o auto regulatoria”. En este caso, México también “tiene la obligación de notificar a la parte emisora previa la divulgación de información para que esta pueda solicitar un recurso de salvaguardia u otro recurso apropiado y la información se limitará a un mínimo para cumplir con el requerimiento”.

En caso de controversia, la ley que se aplicaría sería la de Inglaterra.

El convenio con CanSino Biologics es el más escueto en este ámbito y señala la prohibición de divulgar cualquier información “sin el consentimiento escrito de la contraparte”.

El acuerdo con la farmacéutica china es el único que marca la ley mexicana como el marco aplicable en caso de controversia. 

Estas cláusulas fueron impuestas por las farmacéuticas, ya que la SRE aclara que “el Estado mexicano no propuso incluir cláusulas o convenio alguno”. Sin embargo, “en materia de confidencialidad por cuestiones de competencia económica y criterios internos de las empresas en cuestión; éstas solicitaron la protección de toda comunicación o gestión intercambiada entre las partes, condiciones que fueron aceptadas por todos los países que adquirieron su producto”. 

Advierte además la cancillería que la “omisión de cumplimiento por parte del Gobierno Mexicano a un convenio de confidencialidad podrá causar daño en la obtención de la vacuna para atender a la población de la República Mexicana”. Es decir, que aun cuando se han entregado algunas dosis, los acuerdos no se entienden como concluidos hasta la entrega total de lo pactado, por lo que se pide la reserva de la documentación “a efecto de evitar en todo momento conflictos, demandas y/o multas económicas en contra del Estado Mexicano, que en obviedad de circunstancias resultarían en perjuicio de la población de México”.

El pasado 6 de enero Animal Político reveló que la SRE había clasificado los convenios firmados con las farmacéuticas para la obtención de las vacunas contra la COVID-19 debido al secretismo impuesto por las farmacéuticas. Una semana más tarde, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se transparentarían los acuerdos, pero fue corregido por el canciller Ebrard: “Tenemos restricciones de información, que son contractuales. No es solo en México, todos los países que hemos firmado esos contratos tienen esa restricción. Porque tienen que proteger la información de su precio y otros datos”, explicó.

La opacidad con las que se manejan las negociaciones para la obtención de las vacunas hace que se desconozcan datos clave como el precio por cada dosis o condiciones extra que los gobiernos hayan ofrecido a las farmacéuticas para obtener un bien escaso como son los fármacos para evitar enfermar de coronavirus. 

Este secretismo llevó a Amnistía Internacional y a Médicos Sin Fronteras a pedir a los gobiernos que transparentasen los acuerdos. En opinión de las ONG esto perjudica a países pobres que no podrán acceder a la vacuna en igualdad de condiciones. 

La opacidad de las farmacéuticas no es algo exclusivo de México. En Europa, que ha negociado en unidad para tener una posición de mayor fuerza, se conocieron los preciso por la indiscreción de una ministra belga que los colgó en Twitter. Actualmente existe una fuerte tensión entre la Comisión Europea y AstraZeneca, que no garantiza las dosis prometidas en los acuerdos. En este contexto, las instituciones comunitarias revelaron un contrato en versión pública, pero un error en el tachado permitía ver detalles como el pago de 870 millones de euros (21 mil millones de pesos) y la obligación a que el suministro llegase de las plantas de Gran Bretaña, fuera de Europa tras el Brexit. 

En el caso de México se conoce únicamente la información que ha hecho pública el gobierno. Sabemos que Pfizer entregará 34 millones de dosis y AstraZeneca otros 77 millones. Ambas fueron las dos primeras vacunas que recibieron el aval de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris). Tras ellas llegó la luz verde a Sputnik V, que proveerá con 7 millones de dosis. El viernes 5 de febrero, la farmacéutica china CanSino solicitó el permiso de Cofepris para poder traer 35 millones de dosis. 

Además, México recibirá otras 50 millones de dosis del mecanismo COVAX promovido por la Organización Mundial de la Salud. Todo este acopio tiene un presupuesto de 32 mil millones de pesos.

Fuente: ANIMAL POLíTICO