Financiamiento a campañas electorales sin castigo
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Esos delitos podrían quedarse sin castigo debido a que ya prescribieron
CDMX.- Pese a que declaraciones ministeriales y otros indicios dejan en claro el financiamiento ilegal de cuatro campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por parte de la constructora brasileña Odebrecht, entre 2009 y 2015 entre ellas la presidencial de Enrique Peña Nieto, esos delitos podrían quedarse sin castigo debido a que ya prescribieron.
Ante la Procuraduría General de la República (PGR) en mayo de 2017 quedó establecido que Marcelo Bahia Odebrecht, expresidente de la constructora Norberto Odebrecht recibió el agradecimiento de Emilio Lozoya por sus aportaciones económicas a la campaña presidencial del PRI, poco antes de que EPN rindiera protesta como presidente de la República.
La alianza del financiamiento ilícito que Odebrecht aportó a la candidatura del mexiquense quedó sellada con un “Marcelo, yo te quería agradecer el apoyo que me dieron”, dicho de Lozoya entonces coordinador de Asuntos Internacionales de Peña Nieto.
Además Luis Alberto de Meneses Weyll, entonces director general de Odebrecht en México reconoció también el financiamiento ilícito a tres campañas electorales del PRI entre 2009 y 2012, delitos que ya prescribieron.
Las imputaciones que hace ahora Emilio Lozoya en su denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR) del pasado 11 de agosto se refieren a las aportaciones ilegales del consorcio sudamericano al PRI entre 2014 y 2015.
INVESTIGAR SÓLO EL 2015
Según el tribunal colegiado en su sentencia del lunes 7 de septiembre, lo que si puede ser investigado por la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales (FEPADE) de la FGR es el financiamiento ilegal a las campañas del PRI para las elecciones federales de 2015.
El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México, aclara que aun cuando los 10.5 millones de dólares fueron depositados por Odebrecht en cuentas de Lozoya Austin durante 2014, se trata de recursos que se gastaron en las campañas electorales de 2015, por lo que el delito electoral todavía no prescribe.
Pero deberá quedar fuera de la investigación lo que se refiere a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012 y los comicios para gobernador de Tamaulipas y Veracruz de 2010, pues el tortuguismo en el caso Odebrecht permitió que prescribieran. Con información de la revista Proceso
