Fiscalía General pide a Brasil ayuda para el caso Odebrecht
Fuentes cercanas a la investigación del caso Odebrecht en México informaron a Europa Press y Reuters que la Fiscalía General de la República solicitó al Ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, diera facilidades para acceder a pruebas de la averiguación
Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó al Ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, facilitar el acceso a pruebas y pesquisas relacionadas con la investigación por corrupción en contra de la constructora brasileña Odebrecht.
“Si dan este paso, el de contactar con Moro, es que hay un interés en hacerse con esas pruebas”, indicó una fuente cercana a la investigación a Europa Press.
Moro, antiguo juez federal de Brasil, se encontraba al frente del caso hasta este año, cuando fue nombrado titular del ministerio de Justicia por el Presidente Jair Bolsonaro.
La supuesta solicitud del Gobierno mexicano al funcionario brasileño, dada a conocer por la agencias Reuters y Europa Press, se da en el marco del anuncio de Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, de que el caso Odebrecht será enviado ante un juez en 60 días.
El caso de la constructora ha salpicado ya a varios gobiernos de la región, incluso el ex Presidente peruano Alan García se suicido antes de ser detenido por su nexo con este caso. En México, sin embargo, la Procuraduría General de la República no registró avances en el caso durante el sexenio pasado: ningún detenido y sólo investigaciones en proceso que nunca fueron divulgadas a la opinión pública.
El Presidente López Obrador llegó a la Presidencia de México tras prometer que acabaría con años de corrupción, por lo que el entramado de corrupción de Odebrecht supone una prueba para el dirigente.
Odebrecht ha admitido a fiscales brasileños y estadounidenses haber pagado 10.5 millones de dólares en sobornos a altos cargos en México.
Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, informó el 6 de mayo que el caso Odebrecht será enviado ante un juez en 60 días y que podría ser abordado como “crimen organizado”.
Dijo que la investigación, iniciada en enero de 2017 por la Procuraduría General de la República, es grave para la imagen del país. Indicó que el Gobierno actual “ha tenido que reponer en buena parte todo el procedimiento y en un plazo que no debe pasar de 60 días, se empezará a judicializar el caso”.
La constructora Odebrecht se vio envuelta en un escándalo tras admitir el pago de sobornos en 12 países, mismos que ascendieron a unos 788 millones de dólares. En México, el caso apuntó hasta al director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya, quien ocupara el cargo de 2012 a 2016 y quien fue acusado de recibir 10 millones de dólares.
La ruta de negocios de Odebrecht en México abarca tres sexenios: el último periodo de Vicente Fox Quesada y los de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. El negocio más fuerte fue con Petróleos Mexicanos. Le avaló decenas de convenios por miles de millones de dólares.
Las irregularidades en los contratos otorgados al conglomerado brasileño entre 2005 y 2017 incluyen sobrecostos y pagos adicionales injustificados o duplicados –además de los señalamientos por pago de sobornos– que fueron detectados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Anomalías que, al día de hoy, permanecen en la impunidad.
BUSCA DEMANDAR A MÉXICO
Odebrecht busca cobrar al Gobierno México 2 mil 245 millones de pesos por los contratos cancelados en las refinerías de Tula, Hidalgo, y en Salamanca, Guanajuato, de acuerdo con información publicada en Reforma.
El diario señaló que la firma amplio una queja interpuesta en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por violaciones a sus garantías luego de que fuera inhabilitad y multada por daños a Pemex, en ella pide a la petrolera el pago de un finiquito por la terminación anticipada de los dos contratos.
La ampliación de la queja fue interpuesta por Joao Henrique Andrade Araujo Horst, apoderado de la firma, quien acusó que el Gobierno federal solicita a Odebrecht un pago de más de mil 149 millones 289 mil 878.08 pesos “con base a actos sin sustento y de manera unilateral”.
El consorcio sudamericano estima que la deuda a favor por el contrato cancelado en Salamanca es de casi 432 millones de pesos y por el de Tula, en mil 813 millones de pesos.
