Funcionario que autorizó licitaciones para desviar recursos, ahora es subsecretario en Morelos
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Wistano Orozco firmó convocatorias y fallos de las licitaciones con las que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos entregó mil 127 millones de pesos a 14 empresas ilegales, como parte de La Estafa Maestra
Por Nayeli Roldán y Manu Ureste para Animal Político
Ahora es subsecretario de Educación Media y Superior del gobierno de Morelos, pero antes de que le dieran ese puesto, Wistano Orozco firmó las convocatorias y los fallos de las licitaciones con las que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos entregó mil 127 millones de pesos a 14 empresas ilegales, como parte de La Estafa Maestra.
Wistano Orozco fue director general de Proyectos Especiales en la Universidad en 2013, cuando se lanzaron licitaciones para cumplir con supuestos servicios solicitados por la Secretaría de Desarrollo Social pero que, según la Auditoría Superior de la Federación, no se cumplieron.
Este caso forma parte de La Estafa Maestra, un esquema de desvío de recursos públicos que involucra a dependencias federales que contrataron a universidades para hacer supuestos servicios y éstas entregaron el dinero a empresas fantasma, pero antes cobraron una comisión de entre 10 y 15% sólo por fungir de intermediarias.
Dicha investigación fue publicada por Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción, el 4 de septiembre de 2017 y aunque existen 15 denuncias penales en la Procuraduría General de la República, ninguna de ellas ha sido consignada y, por tanto, ningún presunto responsable ha sido llevado a juicio.
Sólo el exrector de la Universidad de Morelos, Alejandro Vera, fue detenido el 24 de enero en un restaurante de la entidad por el delito de abuso de confianza cometido en contra del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la universidad, pero no por el desvío de recursos.
Horas después fue liberado y este miércoles 31 de enero anunció que buscará la candidatura a la gubernatura de Morelos por el Partido Humanista.
La detención, dijo, se trataba de una revancha política del gobernador de Morelos, Graco Ramírez, por haber exhibido públicamente la existencia de fosas clandestinas en el municipio de Tetelcingo cuando era rector de la Universidad.
En tanto, Wistano Ramírez fue el representante de la Universidad de Morelos que firmó las licitaciones mediante las cuales se desviaron recursos de la Estafa Maestra.
En la institución tuvo dos cargos clave: director general de Proyectos Especiales y Coordinador de Administración; en este último era el encargado de las revisar las finanzas y distribución de recursos de la institución. Las cuentas entregadas en esa administración concluyeron con un déficit por mil 320 millones de pesos hasta 2017.
Aún con esa referencia, el gobernador Graco Ramírez incluyó a Wistano Orozco en su gabinete como subsecretario de Educación Media y Superior a partir del 1 de enero de 2018, como reportó la revista Proceso un día después
En el comunicado de prensa del gobierno fue descrito como un “académico universitario”, quien “siempre privilegió el diálogo y el consenso para el rescate financiero de la universidad”.
Animal Político solicitó a Wistano Orozco su versión respecto a su participación en La Estafa Maestra y al gobierno estatal, pero no hubo respuesta.
El desvío en Morelos
La Sedesol entregó mil 127 millones de pesos a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos para realizar diversos servicios para la Cruzada Nacional contra el Hambre como reparto de despensas, compra y distribución de gorras y botas en los municipios más pobres del país y hasta la organización de un concierto.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, los servicios no se cumplieron, pero el dinero sí se entregó. En La Estafa Maestra se comprobó que este dinero fue pasado de una a otra empresa y en total participaron 15 compañías, de las cuales, 14 son ilegales.
Seis de ellas son empresas fantasma, según comprobó el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Esto significa que no tienen capital, personal ni infraestructura para sustentar operaciones financieras; es decir, sólo existen en el papel. Cuatro más son investigadas por esa razón y son catalogadas como “presunta fantasma”.
Otras tres no tienen antecedentes registrales, es decir, no cumplen con el primer requisito para operar legalmente, que consiste en solicitar el registro de su nombre ante la Secretaría de Economía. Una fue desmantelada y otra se dedica a un servicio distinto al que supuestamente ofreció.
Para escoger a estas empresas, la Universidad de Morelos lanzó cinco licitaciones en 2013 y todas ellas fueron firmadas por Wistano Orozco, lo mismo que los fallos. Aunque se trató de un concurso público, la institución eligió a empresas fantasma.
Grupo Comercializador Cónclave, por ejemplo, ganó una licitación por 207 millones de pesos para la “adquisición y distribución de materiales de apoyo para los promotores de la ruta Sin Hambre”, de la Cruzada Nacional contra el Hambre, pero su representante legal, David Dávila Córdova, resultó ser operador del cártel de Juárez que había enfrentado un proceso judicial en 2005 por lavado de dinero.
El servicio consistía en comprar y entregar 16 millones de gorras, tortilleros, linternas y balones, entre otros productos, para los promotores de la Cruzada Nacional contra el Hambre en 13 entidades del país.
La licitación fue abierta el 26 de septiembre de 2013 y un día después la Universidad anunció a Cónclave como ganador. El 8 de octubre se hizo el pedido y al siguiente día, supuestamente, ya había entregaron productos en 214 municipios, según los oficios que entregaron a la Auditoría.
Aunque en la licitación hubo más empresas participantes, éstas tampoco eran legales, como Bombasa, S.A. de C.V., que no estaba registrada en la Secretaría de Economía. También participó Comercializadora Gear, S.A. de C.V., pero fue descartada porque su representante legal, Juan José Durán García ni siquiera entregó copia de su credencial de elector y comprobante de domicilio.
Comercializadora y Distribuidora Kardiel, S.A. de C.V. fue la cuarta participante, pero fue descalificada por “no acreditar facultades legales”. La empresa tampoco tiene registro ante Economía.
Las empresas Prodasa y Grupo Industrial y Servicios Yafed ganaron otras licitaciones, pero son fantasma declaradas por el SAT. Mientras que Evyena Servicios y Factibilidad Empresarial son investigadas por la misma razón.
La otra ganadora fue Dumago Systems Solutions que en realidad vende computadoras pero fue contratada para repartir despensas;Consolidación de Servicios y Sistemas Administrativos repara maquinaria, pero fue elegida para la “orientación, promoción y apoyo” del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.
Aún con esa evidencia, tanto la Sedesol como la Universidad de Morelos sostienene que los servicios se hicieron. Mientra que el exrector Alejandro Vera dijo que las empresas presentaron documentos en regla y, por eso, se deslindaba de responsabilidades.
Sobre la ilegalidad de las empresas, dijo en una entrevista concedida en septiembre pasado, “no nos toca a nosotros determinar a nosotros si son o no son (fantasma). A nosotros no nos toca determinar si la información que presentan (las empresas) es o no es falsa”.