Gobierno de Trump notifica compra de tierras para muro fronterizo

Las personas que viven cerca de Los Ebanos en el condado de Hidalgo, Texas, recibieron los primeros avisos para que acepten vender sus terrenos en la frontera o se preparen para que les sean expropiados con miras a la construcción del muro.

El diario Texas Observer publicó un reportaje con el testimonio de Yvette Salinas, quien dijo que una semana antes de la toma de posesión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el Departamento de Seguridad Nacional le envió un aviso legal titulado "Declaración de Toma".

En el documento de 21 páginas que está dirigido a la madre de Salinas, María Flores, quien es propietaria del terreno junto con sus hermanos, el gobierno federal les ofrece 2 mil 900 dólares por cada 1.2 acres que estén cerca del Río Bravo.

La carta también advierte a la familia que de no aceptar la oferta, la tierra podría ser confiscada a través de la figura de dominio eminente.

"Es aterrador cuando lo lees, sientes que tienes que firmar", dijo Salinas al diario.

La propiedad de 16 acres ha estado en la familia durante tanto tiempo que ninguno de ellos puede recordar el año en que fue adquirida. Salinas sólo sabe que la han tenido durante cinco generaciones.

Esta no es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos ha querido apoderarse de su terreno para la construcción de un muro fronterizo ya que en 2008, durante la administración de George W. Bush, su familia recibió un aviso de condena que les ofrecía la misma cantidad por el terreno; otros habitantes de Los Ebanos recibieron avisos similares.

Lo anterior fue a raíz de la aprobación de la Secure Fence Act, de 2006, cuando el gobierno de Bush colocó 110 millas de valla fronteriza, gran parte de ella en tierras privadas en Texas.

Sin embargo, el condado sufría una inundación por desbordamiento del Río Bravo por lo que, de acuerdo con un tratado entre los Estados Unidos y México que prohíbe la construcción de estructuras en la planicie de una inundación, detuvo los planes del gobierno de Bush.

Salinas dice que su familia no quiere renunciar a su tierra por lo que están consultando con abogados para decidir qué hacer, pero asegura estar consciente de que luchar contra el gobierno federal podría significar años en la corte con el riesgo de perder el terreno sin compensación.

"No queremos este muro, la ciudad está bastante unida en eso, pero tampoco queremos ser demandados por el gobierno de los Estados Unidos", explicó.