IBAHRI pide que se respeten los derechos humanos en Venezuela

Internacional
/ 28 julio 2017

Un centenar de muertos, miles de heridos y manifestantes detenidos es el saldo de las protestas que llevan casi cuatro meses

El Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados (IBAHRI , por sus siglas en inglés) hizo un llamado al Gobierno de Venezuela para que se respeten y garanticen los Derechos Humanos de sus ciudadanos. 

Baronesa Helena Kennedy QC, copresidenta de IBAHRI, señaló que las "violaciones de la normativa venezolana evidencian la lenta erosión de las garantías democráticas, y potencian la creciente inestabilidad política en Venezuela". 

La copresidenta expresó que este organismo se encuentra preocupado por la crisis política que vive el país. Venezuela se encuentra en protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro desde principios de año.

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Ell IBAHRI llamó al Presidente Maduro y a su administración a a protejer del Estado de derecho, con especial énfasis en la independencia del poder judicial como se establece en la Constitución de Venezuela. 

"Las continuas infracciones a la Constitución venezolana demuestran un abuso del poder por parte del Ejecutivo y una falta de respeto a los principios fundamentales por los cuales los ciudadanos de Venezuela han acordado ser gobernados. Los relatos y reportes de manifestantes civiles encarcelados por personal del ejército y juzgados en cortes militares sin la presencia de sus abogados o familiares son alarmantes", dijo Hans Corell, copresidente de IBAHRI. 

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"Llamamos al Presidente Maduro a suspender estas detenciones ilegítimas, así como el desmantelamiento de las leyes nacionales, a defender los derechos inalienables de los ciudadanos de la nación y a cumplir sus obligaciones jurídicas internacionales.', puntualizó. 

La oposición venezolana hizo un llamado a cerrar calles y avenidas principales, así como carreteras, sin que esto represente movilizaciones masivas. 

El Gobierno de Venezuela prohibió las marchas bajo amenaza de prisión de 5 a 10 años contra las personas que  'afecten' la realización de la elección de constituyentes. 

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