Juez español envió a Humberto Moreira a prisión ante "claro riesgo de fuga"

Humberto Moreira, expresidente del PRI, fue detenido ayer viernes a la una de la tarde en el aeropuerto de Madrid-Barajas, trasladado ante un juez para ser interrogado y, ya de madrugada, encerrado en la cárcel de Soto del Real por el "riesgo concreto de fuga", según explica el auto de prisión provisional sin fianza al que ha tenido acceso EL PAÍS.

El abogado del expolítico mexicano pidió libertad provisional, pero el juez la desestimó. Considera que la posibilidad de que Moreira huya de España "se acentúa por la facilidad que tiene, por sus recursos, medios económicos, vínculos con otros países y conexiones internacionales, de salir al extranjero y sustraerse así de la acción de la Justicia española".

La gravedad de los hechos que se imputan al político mexicano y de la pena "que pudiera llegar eventualmente a imponerse, generan desde luego un claro riesgo de fuga", dice el magistrado en el auto de prisión.

El magistrado también afirma que existe riesgo de "destrucción de pruebas" y de que Moreira, por su poder de influencia, pudiera intentar "influir sobre otros investigados o testigos". E indica que, "en brevísimo plazo", debe comparecer ante el juez encargado del caso, Santiago Pedraz.

El juez José de la Mata, de la Audiencia Nacional, dictó ayer el ingreso en prisión incondicional de Moreira, que había sido detenido en Madrid por presunto blanqueo de capitales procedente del narcotráfico y otros delitos.

De la Mata explica en su auto que se basa en indicios provisionales.

Aún así explica que "durante su estancia en España el investigado tenía al menos tres cuentas, en las que figuraba como titular, que han sido beneficiarias de transferencias de fondos procedentes de dos sociedades identificadas como Unipolares y Espectaculares del Norte y Negocios, Asesoría Publicidad".

En total, las transferencias suman un valor total de 199.079,48 euros (unos 217.000 dólares al cambio actual).

"Sin perjuicio de que a lo largo de la investigación pueda el investigado aportar nuevos elementos de prueba", sus explicaciones "no justifican por ahora" el monto total recibido, por lo que "existen motivos para considerar que el investigado puede estar relacionado con algunas transacciones propias de blanqueo de capitales", señala el juez.

Además, y en cuanto al riesgo de fuga, señala que el investigado no tiene vínculos familiares o laborales en España, ni tampoco conexiones económicas.

Moreira, que hace tan sólo cinco años fue presidente del PRI, el partido más poderoso de México, está ahora acusado de penas graves como blanqueo de capitales (hasta seis años de prisión en España), organización criminal (hasta cinco años), malversación de caudales públicos y cohecho.

Su detención se produjo a petición de un tribunal de Texas (Estados Unidos), que investiga desde hace años una red de desfalco de fondos públicos y lavado de dinero que supuestamente operó en el Estado de Coahuila (norte de México, fronterizo con Texas) en la etapa en que Moreira, de 49 años, era el gobernador, de 2005 a 2011.

En 2011 Moreira saltó a la presidencia del PRI, cumbre de su carrera, pero nueve meses después tuvo que renunciar por el escándalo de la deuda con la que había dejado al Estado de Coahuila. 

En 2013, se conoció que residía en Sant Cugat del Vallés, localidad próxima a Barcelona, a la que, según sus propias declaraciones, se trasladó después del asesinato de su hijo José Eduardo el 3 de octubre de 2012, al parecer a manos de presuntos miembros del grupo criminal de Los Zetas. 

El documento judicial señala que durante su estancia en la capital catalana, alrededor de un año, recibió 218.000 dólares. Moreira argumentó ante el juez que eran fondos de empresas suyas que destinó a "atender a su subsistencia y a la de su familia mientras cursaba estudios de posgrado", pero el magistrado consideró que sus explicaciones no justificaban "el monto recibido ni los ingresos en efectivo por elevados importes ni las relaciones personales que se desprenden de las observaciones telefónicas pacticadas".

Parte del material recogido en la causa contra Moreira son conversaciones telefónicas. También incluye informes de estados de cuenta, transferencias y detalles sobre personas y sociedades que integrarían su supuesta red delictiva. En el auto se afirma que hay "sustento fáctico" para apoyar las acusaciones criminales que penden sobre Moreira.

Con información de EFE y El País