Juez otorga 11 suspensiones definitivas contra la reforma a la ley eléctrica de AMLO
COMPARTIR
TEMAS
El juez Rodrigo de la Peza López Figueroa se unió así al juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien había decretado una suspensión definitiva el pasado viernes 19 de marzo
Un juez federal otorgó este martes 11 suspensiones definitivas a la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica propuesta por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
El juez Rodrigo de la Peza López Figueroa se unió así al juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien había decretado una suspensión definitiva el pasado viernes 19 de marzo, a partir de las quejas que presentaron, por separado, las empresas Parque Solar Orejana y Eoliatec del Pacífico.
Las medidas cautelares otorgadas aún pueden ser impugnadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y por la Secretaría de Energía, a través de un recurso de revisión que corresponderá resolver a un Tribunal Colegiado.
Dentro de este expediente se anexaron otras 10 demandas de empresas que pidieron ampararse contra las nuevas reglas de la Ley de la Industria Eléctrica, las cuales habían entrado en vigor el 9 de marzo. No se especificó el nombre de estas.
Las primeras suspensiones definitivas, emitidas la semana pasada, fueron ante el Juzgado Segundo del distrito antes mencionado.
Ayer, el juez Juan Pablo Gómez Fierro otorgó 10 suspensiones definitivas más contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, promovida por el presidente López Obrador.
Las compañías del sector mencionaron que la Ley de la Industria Eléctrica representa un retroceso en la protección al medio ambiente, por frenar o restringir la entrada al mercado de empresas productoras de energía limpia, situación que puede afectar a la sociedad por no contar con un medio ambiente sano, y por ende, puede provocar un daño a la salud.
"Además, también existe un interés social en que se mantenga una diversificación de generadores de energía en el mercado, pues la desaparición de centrales eléctricas de energía limpia, mediante una barrera a la competencia económica, podría provocar el alza injustificada de precios y la reducción en la eficiencia en el funcionamiento del mercado, en perjuicio de los usuarios finales”, indica el documento.
