La Fiscalía española pide nuevas diligencias sobre el caso Moreira

La Fiscalía Anticorrupción española ha solicitado nuevas diligencias al Juzgado de la Audiencia Nacional que investiga a Humberto Moreira, expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por los presuntos delitos de blanqueo de capitales e integración en banda criminal, según señalan fuentes judiciales. Moreira fue detenido el pasado mes de enero en Madrid y puesto en libertad el pasado día 23. Este miércoles regresó a México y proclamó su inocencia.

 Las diligencias solicitadas por los fiscales españoles José Grinda y Juan José Rosa son secretas y se producen días después de que el juez Santiago Pedraz, instructor de la causa, decretara la libertad provisional de Moreira al no apreciar indicios de blanqueo en varias transferencias de 200.000 euros (215.000 dólares) que recibió Moreira durante su estancia en España. La Fiscalía Anticorrupción no recurrió la puesta en libertad porque, según fuentes judiciales, facilitaría que el investigado conozca otros aspectos de la causa que siguen secretos y afectan a otras personas.

El exgobernador de Coahuila regresó a su país anteayer sin recoger algunos de sus enseres personales que todavía están en poder de la Policía española, entre otros, su teléfono y un Ipad, según aseguran fuentes de la investigación. “Parece que tenía mucha prisa en salir de España”, aseguró una fuente judicial.

La acusación se basa en testimonios de varios testigos protegidos recogidos en Texas (EE UU)
La Fiscalía Anticorrupción española presentó una querella criminal contra Moreira por su presunta relación con el cártel de Los Zetas después de que los fiscales españoles recibieran información del Departamento de Aduanas de EE UU que implicaba al expresidente del PRI que, según su propia versión, se trasladó a España después de que este grupo de narcotraficantes mataran a su hijo. Grinda, Rosa y más tarde el juez Pedraz viajaron en 2015 a San Antonio (Texas) donde se entrevistaron con varios testigos protegidos de la Fiscalía estadounidense que les relataron la presunta relación de los Zetas con Moreira.

El Gobierno de México ha preguntado a la Justicia española cuanto tiempo puede durar el secreto de sumario y la fase de instrucción de las diligencias previas, según ha podido saber EL PAÍS. La iniciativa ha causado sorpresa en medios judiciales españoles ya que no es habitual que ningún país se interese de manera oficial por la suerte y detalles de personas investigadas por presuntos delitos criminales y sobre la que, además, no recae ninguna petición de extradición. “En 20 años de trabajo solo recuerdo una petición semejante y procedía de Rusia”, afirma una fuente judicial española.

La solicitud de información del Gobierno de Peña Nieto se cursó hace varias semanas mediante un fax remitido por la Embajada de México en Madrid al juez Pedraz, titular de Juzgado de Instrucción número uno de la Audiencia Nacional, el órgano judicial español en el que se investigan los principales casos de terrorismo, narcotráfico, blanqueo de capitales y crimen organizado.

La Sección Consular de la embajada pidió a Pedraz los delitos por los cuales se investiga a Moreira; el tiempo que puede durar el secreto de sumario; el resultado de la audiencia celebrada el pasado día 22; si fue decretada que continúe en prisión preventiva o libertad bajo fianza; y el tiempo que puede durar la fase de instrucción del caso.

El pasado 26 de enero el juez Pedraz dictó una providencia en la que señalaba que “ de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre relaciones consulares procédase a informar a la embajada de México en España, Sección Consular, sobre los extremos solicitados”. La respuesta ha sido protocolaria y no se han facilitado detalles secretos de la investigación que sigue abierta, según aseguran fuentes judiciales.

Durante la audiencia a la que se refiere la embajada el juez español acordó la libertad provisional del expresidente del PRI y exgobernador de Coahuila. En su auto aseguró que no está acreditado el presunto blanqueo de capitales. Durante su estancia en España el teléfono de Moreira ha estado intervenido y su casa— por la que pagaba un alquiler de 3.000 euros mensuales— vigilada por la Policía.