Las deficiencias en IMSS, ISSSTE y centros de salud obligan a 1 de cada 3 a pagar atención privada
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Aunque las cifras de la Secretaría de Salud (SSA) indican que el 82.2 por ciento de los mexicanos está afiliado a servicios públicos de salud, esto no implica que la población tenga la garantía de ser atendida de manera adecuada y oportuna
El sistema de salud de México –pese a las mejoras de los últimos años– está “fragmentado” y tiene “inequidades marcadas en el acceso y la calidad” de sus servicios, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2016). En la actualidad, el sector público produce el 54.6 por ciento de los bienes y servicios de salud, mientras que el 45.4 por ciento restante es producido por el sector privado, refieren datos de la “Cuenta satélite del sector salud de México 2017”.
Aunque las cifras de la Secretaría de Salud (SSA) indican que el 82.2 por cientode los mexicanos está afiliado a servicios públicos de salud, esto no implica que la población tenga la garantía de ser atendida de manera adecuada y oportuna.
En 2017, por ejemplo, el 56.7 por ciento de los usuarios de servicios públicos (IMSS, ISSSTE y Seguro Popular) reportó “deficiencias” que, según la información del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), contribuiría a que los usuarios hayan “tenido que pagar por un servicio de salud privado”.
Así, al día de hoy, cerca de un tercio de los mexicanos afiliados a un esquema de seguridad pública optó por servicios privados luego de su última atención ambulatoria.
Lo anterior se debió, principalmente, a factores como la “conveniencia de los servicios” (ubicación, horarios y días de atención) y a la “calidad de la atención” (o el trato en el servicio), según la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT).
Tan sólo en los últimos 17 años, las pólizas privadas vigentes –por accidentes personales, de gastos médicos mayores y de salud– experimentaron un boom en México.
Entre 2001 y 2017, el número de pólizas individuales fue seis veces mayor, al pasar de 860.9 mil a 6.2 millones, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF). La cantidad actual de personas que tienen algún seguro privado, equivale al cinco por ciento de la población mexicana.
Hoy en día, el sector privado de la salud es tan importante que, sin él, la cantidad de médicos públicos por ciudadano (uno por cada 502) sería insuficiente para cubrir los estándares mínimos internacionales (uno por cada 333).
LA SALUD PRIVADA
Desde la década de los setenta, “la medicina privada ha fortalecido su capacidad para prestar servicios […] a pesar de que este crecimiento esté asociado directamente con el gasto del bolsillo del consumidor”, se lee en el estudio “Desempeño del sector privado de la salud en México” (2013) de la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud).
El crecimiento del sector privado –abunda– “no ha sido planeado ni regulado, y se ha generado aprovechando la sobreoferta de médicos de los años ochenta”. Pero con el transcurso de los años, además de haber más regulaciones, el desempeño del sector privado en la salud de los mexicanos ha cobrado importancia.
Hasta la fecha, del total de unidades hospitalarias y de consulta externa en todo el territorio nacional, “el 88 por ciento pertenece al sector público y solamente 12 por ciento a instituciones privadas”, refiere la SSA.
Durante el sexenio de Vicente Fox Quesada, entre 2004 y 2006, las unidades del sector privado aumentaron en 3.7 por ciento. No obstante, durante los mandatos de Felipe Calderón Hinojosa y de Enrique Peña Nieto, las unidades privadas experimentaron un encogimiento de -2.5 y menos cinco por ciento, respectivamente.
Como consecuencia, entre 2004 y 2017, las unidades hospitalarias y de consulta externa del sector privado pasaron de tres a 2.9 mil. En un periodo similar, de 2001 a 2015, las unidades del sector público aumentaron en 38 por ciento, al pasar de uno a 1.4 mil.
Pese a la reducción en infraestructura, entre 2001 y 2016, la cantidad de médicos privados explotó en 114 por ciento, al pasar de 59.1 a 126.3 mil en todo el territorio nacional. En cambio, entre 2011 y 2015, la cantidad de médicos públicos aumentó en 69.4 por ciento, al pasar de 142.8 a 242 mil.
La proporción de médicos privados –en relación con aquellos públicos– es tan importante que sin ellos, México no tendría la posibilidad de cubrir la demanda mínima de médicos a nivel nacional, que según los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS), asciende a un médico por cada 333 ciudadanos.
En la actualidad, por cada grupo de 502 mexicanos hay un médico público (esto es 51 por ciento menos médicos de los que recomienda la OMS). Si a ellos sumamos a los médicos privados (uno por cada 971 mexicanos), el país alcanza el nivel mínimo recomendado a nivel internacional.
Según las cifras oficiales del Inegi y de la SSA, fue hasta 2015 que México pudo superar el déficit de médicos, al alcanzar una proporción de uno por cada 326 ciudadanos (2.1 por ciento más médicos del mínimo establecido por la OMS).
Con Vicente Fox Quesada, entre 2001 y 2006, el promedio de ciudadanos por médico fue de 454 (36.2 puntos porcentuales por debajo del ideal); con Felipe Calderón Hinojosa, entre 2007 y 2012, fue de 383 (15 por ciento menos); y con Enrique Peña Nieto, entre 2014 y 2015, fue de 335 (0.5 por ciento superior al ideal de la OMS).
LA SALUD PÚBLICA
En México, según la OCDE, “el gasto empobrecedor en salud ha disminuido de 3.3 a 0.8 por ciento de la población” –lo que no implica que gasten menos– y “han mejorado los parámetros clave como la mortalidad infantil y las muertes por infartos cardíacos o accidentes cerebrovasculares”.
Sin embargo, asegura que hay problemas que despegaron de manera crítica, como el sobrepeso u obesidad en adultos (1 de cada seis tiene diabetes) y menores de edad (uno de cada tres niños sufre de sobrepeso). Hoy, México tiene más del doble de adultos con diabetes que el promedio de los países miembro de la OCDE y el mayor índice de sobrepeso infantil.
En su balance, la organización refiere que los esfuerzos del Gobierno federal –como la puesta en marcha (en 2004) del Seguro Popular, que extendió la cobertura de seguro de salud a 50 millones de personas más y que se tradujo en un ahorro para el bolsillo de los mexicanos de 12.6 por ciento desde 2009– “no han logrado traducirse en una mejor salud ni en un mejor desempeño del sistema [de salud] como se hubiera deseado”.
Esto tiene que ver con la manera en que el Estado invierte en seguridad social y con la forma en que opera.
Actualmente, la mayor parte (54.6 por ciento) de los bienes y servicios de salud del país son del sector público, hecho reforzado con el aumento de la cantidad de hospitales y médicos del Gobierno entre 2001 y 2015 (en 38 y 69.4 por ciento, respectivamente).
A pesar de contar con más médicos y hospitales que los del sector privado, “en el sector público es evidente la carencia de médicos especialistas, contrario a la afluencia en el sector privado”, se lee en el informe “Sobre la Salud de los Mexicanos 2016″ de la SSA.
Dicha situación ha obligado a que “los derechohabientes del sector público recurran a los servicios especializados privados, generando a la vez una deficiente calidad del servicio de salud, así como un gasto de bolsillo”.
Las cifras del Inegi indican que el 50.4 por ciento (122 de 242 mil) de los médicos de instituciones públicas son especialistas, aunque la SSA refiere que “se puede suponer que la mayoría de los médicos especialistas se encuentran en el área de hospitalización, mientras que [hay] muy pocos concediendo consultas externas”.
Lo anterior es preocupante si consideramos que, entre 2001 y 2014, las consultas externas en instituciones públicas aumentaron en 35.3 por ciento, al pasar de 245.7 a 332.3 millones (al cierre de cada año).
La falta de médicos en unidades de consulta externa y el creciente número de consultas externas coincide con el aumento de 33.9 por ciento (de 8.9 a 11.9 millones) en el número de consultas externas del sector privado, en el mismo periodo.
Por otro lado, la concentración de médicos especialistas en hospitales públicos coincide con el alza en la carga de trabajo hospitalaria, misma que se duplicó entre 2003 y 2013, al pasar de una a dos camas por médico.
Como consecuencia general al aumento de trabajo y a la mala distribución de los médicos del sector público, los indicadores de satisfacción con el servicio han ido a la baja.
Entre 2011 y 2017, la insatisfacción promedio de los servicios de salud públicos (en el IMSS, ISSSTE y Seguro Popular) pasó de 38.7 a 52.6 por ciento, de acuerdo con cifras del Inegi y de la SSA. Empero, en ese mismo periodo, la percepción negativa de las instalaciones hospitalarias del sector público mejoró, al pasar de 54 a 36.9 por ciento.
COBERTURA E INVERSIÓN
Para la OCDE, el sistema de salud público mexicano, “sin duda, ha progresado” en los últimos 10 años. Empero, en México aún persisten “grandes problemas” como la fragmentación y la inequidad relativas a su servicio.
Por un lado, el sistema de salud de México “continúa como un conjunto de subsistemas distintos, cada uno con diferentes niveles de atención, dirigido a diferentes grupos, con precios diferentes y con resultados diferentes”, se lee en su estudio “Sobre los Sistemas de Salud: México 2016”.
Por el otro, “la afiliación a un subsistema no está determinada por la necesidad, sino por el empleo de la persona. Junto con esta inequidad –abunda– existen muchas ineficiencias en el sistema”, siendo que “millones de mexicanos pertenecen a más de un esquema de aseguramiento y muchos millones más, parecían no saber si estaban protegidos por un seguro de salud público cuando fueron encuestados”.
De acuerdo con las cifras del Inegi y de la SSA, el conjunto de asegurados públicos (IMSS, ISSSTE, Pemex, Sedena, Semar, seguros estatales y Popular) asciende a 133.2 millones de personas, mientras que la población de México está compuesta por 125.3 millones, según las proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo).
Considerando la tasa de cobertura actual (82.2 por ciento), al menos 22 millones de registros serían resultado de la pertenencia de connacionales a más de un esquema de aseguramiento.
En contraste, toda vez que la cobertura médica avanzó en México entre 2008 y 2016 (la falta de acceso pasó de 38.4 a 15.5 por ciento poblacional), en el país aún hay 19 millones de personas que no cuentan con atención médica por parte del Estado, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
COBERTURA E INVERSIÓN
Para la OCDE, el sistema de salud público mexicano, “sin duda, ha progresado” en los últimos 10 años. Empero, en México aún persisten “grandes problemas” como la fragmentación y la inequidad relativas a su servicio.
Por un lado, el sistema de salud de México “continúa como un conjunto de subsistemas distintos, cada uno con diferentes niveles de atención, dirigido a diferentes grupos, con precios diferentes y con resultados diferentes”, se lee en su estudio “Sobre los Sistemas de Salud: México 2016”.
Por el otro, “la afiliación a un subsistema no está determinada por la necesidad, sino por el empleo de la persona. Junto con esta inequidad –abunda– existen muchas ineficiencias en el sistema”, siendo que “millones de mexicanos pertenecen a más de un esquema de aseguramiento y muchos millones más, parecían no saber si estaban protegidos por un seguro de salud público cuando fueron encuestados”.
De acuerdo con las cifras del Inegi y de la SSA, el conjunto de asegurados públicos (IMSS, ISSSTE, Pemex, Sedena, Semar, seguros estatales y Popular) asciende a 133.2 millones de personas, mientras que la población de México está compuesta por 125.3 millones, según las proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo).
Considerando la tasa de cobertura actual (82.2 por ciento), al menos 22 millones de registros serían resultado de la pertenencia de connacionales a más de un esquema de aseguramiento.
En contraste, toda vez que la cobertura médica avanzó en México entre 2008 y 2016 (la falta de acceso pasó de 38.4 a 15.5 por ciento poblacional), en el país aún hay 19 millones de personas que no cuentan con atención médica por parte del Estado, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
