Ocho meses desde el inicio de las medidas tomadas por la contingencia sanitaria y uno de cada mil mexicanos fallecidos por la enfermedad después, parece que aún estamos lejos de que la pandemia de COVID termine. Y cada día que pasa es más patente la necesidad de reflexionar las concepciones que antes de la emergencia teníamos por firmes y hacer los cambios cada vez más necesarios.

La contingencia ha orillado a transformaciones en nuestra vida pública y privada que antes de esta tal vez serían impensables. Una de estas tiene que ver con la forma de concebir y ejercer los derechos. La pandemia demuestra cada día la necesidad de hacer reflexiones y ajustes esenciales, producto de las múltiples violaciones a los derechos que sobre todo los más vulnerables han sufrido.

La más notoria transgresión expuesta por la pandemia tal vez es la relativa a la salud. El colapso del sistema sanitario es el precio que pagamos por haber abandonado la salud pública o, peor aún, por dejarla en manos de quienes sólo garantizan ese derecho a quienes pueden pagarlo. La corrupción que amputó la capacidad de respuesta del sistema sanitario demuestra las graves consecuencias en el acceso igualitario a las instituciones que deberían garantizar dicho derecho.

Un subsecuente daño que ha revelado la pandemia es el abandono a la ciencia. Un país que dedica cada vez menos recursos a la investigación científica no podría esperar otro resultado. Que hoy esperemos que universidades extranjeras y farmacéuticas trasnacionales provean la salida a la emergencia porque nunca nos ocupamos en darle recursos a nuestra investigación pública es consecuencia de la catástrofe científica que los gobiernos ni quieren reconocer ni buscan solucionar.

El derecho a la educación es otra de las víctimas más graves de la contingencia. Su negación a quienes no cuentan con medios para ajustar su aprendizaje en el confinamiento sólo agrava las condiciones de millones de niños en condiciones de marginación. Cada día que pasa sin que reciban educación en condiciones óptimas es un paso más en la gestación de una de las generaciones menos educativamente preparadas y más socialmente desiguales de nuestra historia reciente. Una generación perdida que nos cobrará la factura más pronto que tarde.

Una de las transgresiones a los derechos humanos menos visible tiene que ver con su garantía. Durante la contingencia, las autoridades han demostrado pobres concepciones de las formas para realizar estos. Desde administraciones con medidas ciegamente dirigidas o peor implementadas, legislaturas que no supieron leer su papel como fiscalizadores de las estrategias, y judicaturas que cuando no han denegado la administración de justicia han sido meros portavoces de los gobiernos, pocas instituciones mexicanas han estado a la altura de la crisis.

No todas son malas noticias, afortunadamente. El surgimiento de la necesidad de reconocer y garantizar nuevos derechos y la exigencia de adecuar los procesos y mecanismos para su realización tal vez sea uno de los pocos aspectos positivos que han dejado los últimos meses.

Como muestra, la pandemia ha demostrado la necesidad de ajustar nuestras formas de trabajar. Los mecanismos que antes de la contingencia como el trabajo a distancia eran la excepción, con la crisis han demostrado que sólo requieren de voluntad para volverse realidad. Los beneficios en los derechos laborales y a la economía de las personas trabajadoras cada vez son más palpables.

Estos ajustes, sin embargo, aún deben alcanzar a las instituciones encargadas de garantizar los derechos. Años de excusas para no crear sistemas para realizar enteramente en línea desde simples trámites administrativos hasta procesos judiciales ya no tienen justificación. La salida de la emergencia debe venir acompañada de reflexiones de lo necesario y lo superfluo en estos aspectos.

La falta de una estrategia normativa y política efectiva al inicio de la contingencia demostró que cualquier medida que sólo consista en la restricción de derechos que hoy se trate de implementar fracasará. La persistente ausencia de creatividad y voluntad para aplicar estrategias funcionales, basadas sólo en los conocimientos científicos y que recojan las mejores prácticas realizadas, cada día cobra más víctimas. La pandemia no provocó todas esas omisiones, sólo las sacó a la luz.

Para quienes hemos perdido seres queridos por la pandemia ningún hubiera nos traerá consuelo. Como comunidad, sin embargo, si no aprendemos las dolorosas lecciones que el abandono de los más vulnerables y la omisión de garantizar sus derechos provocan, nuestros más de 100 mil fracasos serán en vano. Con una sola vida que se salve con un cambio en las estrategias y medidas para garantizar los derechos de quienes hoy más lo necesitan, habrá valido la pena.

 

El autor es investigador del Centro de Estudios Constitucionales Comparados de la Academia IDH

Este texto es parte del proyecto de Derechos Humanos de VANGUARDIA y la Academia IDH