Marco Antonio no sufría padecimientos previos, su conducta se alteró durante desaparición

Por Ernesto Aroche Aguilar (@earoche) y Nayeli Roldán (@nayaroldan) para Animal Político

La situación por la que pasa Marco Antonio Sánchez Flores, de alteración de la conducta y discurso desorganizado, es producto de lo que vivió durante las 120 horas que estuvo desaparecido, aseguró la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Nashieli Ramírez Hernández.

“Es por algo externo y no tiene que ver con una situación  previa”, aseguró en entrevista con Animal Político.

La Procuradora de los Derechos Humanos dijo que, tras la valoración psiquiátrica de Marco Antonio, en la que le detectaron delirium mixto secundario, los médicos determinaron trasladarlo al Instituto Nacional de Pediatría, donde se le sigue un proceso de valoración neurológica, para determinar con precisión las consecuencias en la salud del menor.

Nashieli Ramírez adelantó que dictarán medidas cautelares para evitar que se siga filtrando información del caso, pues se pueden violar los derechos humanos del menor, quien estuvo desaparecido luego de que fue detenido por policías del sector Hormiga de la delegación Azcapotzalco.

Cuestionada sobre el trabajo de las autoridades capitalinas y la falta de seguimiento al caso a través de los protocolos a los que obliga la ley de desaparición forzada, dijo que como se trata de una investigación en curso no puede adelantar información. Calculó que un lapso de dos semanas la CDHDF a su cargo podrá dar conclusiones sobre el caso.

Marco Antonio fue sometido a estudios para determinar el grado de afectación física que sufrió durante los cinco días en que estuvo desaparecido, pero los resultados a detalle aún no han sido entregados a los padres del joven.

De hecho abogados de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI), que forma parte de la defensa de la familia, interpondrán un recurso legal para que los padres tengan acceso al expediente clínico del joven, toda vez que los médicos advierten que sólo lo entregarán a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

Marco fue detenido por policías capitalinos el 23 de enero pasado, supuestamente porque alguien lo acusó de robar un celular, pero de acuerdo con el relato de su amigo, los uniformados lo golpearon en la cabeza con el casco y lo patearon una vez que lo tenían en el suelo.

Al ser ubicado el 28 de enero, Marco se veía aturdido y con un aspecto físico muy distinto al semblante que tenía antes de la detención, pero aún no se sabe qué pasó durante los días de desaparición.

La investigación, sin avances

La defensa de la familia tuvo acceso al expediente de investigación que llevará Asuntos Internos de la Procuraduría capitalina. Sin embargo, hasta el momento sólo se han integrado las declaraciones de los policías que detuvieron a Marco, quienes insisten en que lo liberaron minutos después de la aprehensión.

Aún no se ha integrado información sobre las bitácoras de los policías, ni la información del GPS de la patrulla en la que llevaron al joven, ni la información de las cámaras de seguridad en la zona aledaña a la estación del Metrobús El Rosario, en Azcapotzalco, para determinar la ruta que siguió la unidad policíaca la tarde del 23 de enero.

Tampoco está la información recabada por la Fiscalía de Tlalnepantla, Estado de México, entidad donde el joven fue encontrado el pasado 28 de enero. Ni siquiera los reportes de los policías mexiquenses que supuestamente lo encontraron deambulando por Tlalnepantla el sábado 27 de enero.

Hasta el momento, sólo hay oficios en los que se hacen solicitudes de información y cuestiones administrativas, pero el ritmo de la investigación es lento.

En la investigación también deberá incluirse la declaración de Marco, pero aún se encuentra hospitalizado y no se ha determinado cuándo podría estar en condiciones de hacerlo.

La tarde de este martes, elementos de la Fiscalía de Coyoacán acudieron al hospital para hacerle una valoración médica, y presionaron a la familia para que declarara, informó la defensa.

De acuerdo con el protocolo, los médicos dan aviso a la fiscalía local cuando un menor de edad es hospitalizado y presenta golpes, por tanto, se abre una investigación de oficio. Pero el menor aún se encuentra aturdido y no podría declarar.

De acuerdo con Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI), la “fragmentación” de una investigación puede entorpecer el proceso legal y terminar en “impunidad”. Lo idóneo, insisten, es que todo se concentre en Asuntos Internos de la Procuraduría, que lleva el caso actualmente.