Foto: Tomada de Internet
La Unesco presentó el informe “Tendencias mundiales en libertad de expresión y desarrollo de los medios: Informe Regional 2017-2018 América Latina y el Caribe”

Los habitantes de América Latina y el Caribe han visto un aumenot en su acceso a contenidos en plataformas digitales en los últimos seis años, según el informe “Tendencias mundiales en libertad de expresión y desarrollo de los medios: Informe Regional 2017-2018 América Latina y el Caribe”, publicado recientemente por la Unesco.

El informe analiza cuáles son las tendencias en la región y cómo afectan la libertad de expresión, el pluralismo e independencia de los medios, así como la seguridad de los periodistas.

Es precisamente el aumento de acceso a internet la “tendencia dominante más importante” que encontró el estudio que analizó a los 33 países que conforman la región. Según este, entre los años 2013 a 2017, el aumento de usuarios de internet fue de un 17 por ciento. Asimismo, de acuerdo con un estudio citado por el informe de la Unesco, se proyecta que el aumento de acceso a internet a través de dispositivos móviles será del 50 por ciento para el 2020.

El informe no obstante, señala que en la región todavía existe una gran disparidad basado en el estatus económico de los habitantes o de la zona de residencia, es si es rural o urbano. También existe una gran diferencia entre la velocidad de banda ancha comparada con los países desarrollados. En este sentido, el informe señala que una de las “necesidades más imperiosas” de la región está en mejorar la calidad del servicio de internet.

El aumento de acceso a internet ha obligado a los medios tradicionales mudar parte de su contenido a plataformas digitales. No obstante, la televisión sigue siendo el principal medio a través del cual los habitantes reciben sus noticias lo que lo convierte en un medio capaz de “moldear la opinión pública”, un aspecto importante especialmente en tiempo electoral, agrega el informe.

En este sentido, el proceso de digitalización de la televisión podría convertirse en un mecanismo que permita un mayor acceso a nuevos operadores y así fomentar el pluralismo. Sin embargo, el informe establece que no todos los Estados están aprovechando esta situación.

“La mayoría de los países está perdiendo la oportunidad de fomentar el pluralismo y la diversidad en radiodifusión dado que se replica la estructura existente de uso del espectro y se otorgan los ahorros en espectro generados por la digitalización a los operadores actuales”, señala el informe. “Aparte de mantener el statu quo con los operadores existentes, en muchos países aún no se posibilita el ingreso de nuevos operadores comerciales de televisión, incluso cuando se dispone de espectro”.

Marcos legales y contextos sociales en contravía

En América Latina y el Caribe existen marcos legales que buscan proteger y garantizar la libertad de expresión, según el informe. No obstante, debido a los contextos sociales que no “coinciden” con estos marcos regulatorios, es difícil implementarlos de manera correcta.

Así por ejemplo, de acuerdo con el informe, cada vez es más común para los funcionarios intentar regular los contenidos en internet a través de la penalización del llamado “discurso de odio” y que pueda afectar la reputación o el buen nombre de una persona.

Las leyes de difamación siguen siendo utilizadas para llevar a la cárcel a usuarios de redes sociales o periodistas por publicaciones en internet. También las leyes de propiedad intelectual – derechos de autor – se usan para remover contenido de internet, en algunos casos considerados como censura, según el informe.

El informe encontró que desde el año 2013 comenzó a aumentar el número de pedidos por parte de Gobiernos a Twitter y Facebook para remover contenidos. En 2016 por ejemplo se realizaron 165 pedidos, mientras que Google recibió ese mismo año 1.751 pedidos de remoción de contenidos.

Por otra parte, los Estados han apoyado leyes que permiten el acceso a la información pública. Sin embargo, en el Caribe solo cinco, de los 14 países, tienen leyes de libertad de información. Y en los países que las tienen, las autoridades usualmente ponen obstáculos para acceder a esa información, señala el informe.