México cayó ocho peldaños en el Índice de Transformación

Ciudad de México, 29 de febrero (SinEmbargo).– Los grandes países latinoamericanos como Argentina, Brasil, México, Perú y Venezuela han registrado una evidente disminución de la calidad de la gestión gubernamental, de acuerdo con el nuevo Índice de Transformación (BTI) de la Fundación Bertelsmann presentado este día.

Los expertos consultados para realizar el informe dijeron que sobre todo en los grandes países latinoamericanos “la calidad de la gobernanza disminuyó de modo evidente” en los últimos años por diversos motivos.

“Desde el bloqueo político en Brasil, hasta la reducción de la credibilidad de los gobiernos de México y Perú, así como el fracaso en la coordinación y dirección política en Argentina con el gobierno de Fernández Kirchner y en Venezuela con Maduro”, dice el documento.

Los resultados del reporte muestran que México ha tenido la mayor pérdida de la calidad de su democracia en los últimos diez años entre todos los 129 países analizados por la fundación alemana.

“Los retos más importantes de México incluyen la corrupción, la violencia, la desigualdad rampante y una economía débil que no crea suficientes puestos de trabajo para los jóvenes mexicanos que entran al mercado laboral. Esta corrupción endémica en combinación con una fuerza de policía mal pagada han contribuido a una impunidad casi total en los criminales. Como consecuencia, el crimen y la violencia se han vuelto endémicos en algunas partes del país”, dice el reporte.

El índice bianual de la Fundación Bertelsmann mide desde 2006 la calidad democrática y de gestión de 129 países en vías de desarrollo. Para su realización, 250 investigadores evalúan a cada país con base en 17 criterios.

En dos años, México cayó ocho peldaños en el Índice de transformación al pasar del lugar 33 en 2014 al 41 en el presente año. En el rubro Estado de la Democracia, el país registró una caída importante al pasar del lugar 40 al 54. En el Estatus de la Economía de Mercado, México pasó del lugar 31 al 33. 

Con respecto a México, el reporte se centra en los dos primeros años de gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto. Explica cómo existió un cambio de discurso contraste con respecto a la administración de Felipe Calderón y su muy pública “guerra contra el crimen organizado”, apostando a cambios constitucionales con las reformas en educación y el sector energético.

Sin embargo, “el segundo año de la administración dio lugar a un colapso de esta imagen y (posiblemente) a los proyectos del gobierno”. El documento refiere cómo la situación de violencia en Michoacán ocasionó el levantamiento de los grupos de autodefensa.

Asimismo da cuenta de los casos de violaciones a derechos humanos en los que se han visto implicadas las fuerzas de seguridad mexicanas, como son los ocurridos en Tlatlaya, y el caso Iguala. De este último dice que “ha marcado la presidencia de Peña Nieto y, más en general, al propio México”.

El informe de la Fundación Bertelsmann también destaca los escándalos de corrupción en los que se ha visto involucrado el propio Presidente Enrique Peña Nieto y el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso. A esto, dice el reporte, se han sumado los problemas económicos. 

“La economía comenzó a sufrir una caída en el precio del petróleo. Aunque el petróleo representa sólo un pequeño porcentaje de las exportaciones totales del país, es una importante fuente de ingresos en el presupuesto del gobierno”, dice el documento. 

Transformación política

Entre los 17 puntos analizados en el Índice de transformación se menciona en el rubro de Participación Política cómo la guerra contra las drogas iniciada en la administración de Calderón Hinojosa” ha hecho que sea cada vez más difícil y peligroso para ejercer los derechos políticos individuales”. Dice que los intereses de los cárteles drogas se han infiltrado en la política de manera efectiva en algunas regiones.

“Hemos sido testigos de cómo en algunos gobiernos estatales y municipales, funcionarios han sido implicados en crímenes; siendo el ejemplo más reciente el de Iguala, en Guerrero, pero en otros casos han sido mencionados como en Michoacán, Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa y Chihuahua”, refiere.

Dice que el Estado mexicano ha sido considerado como “capturado”, incluso por el Banco Mundial.

El reporte dice que la autonomía del Estado también se ha visto “limitada” por los intereses de los monopolios o semi-monopolios que controlan en México algunos sectores tales como las telecomunicaciones, los medios de comunicación, la banca y el cemento.

“Las instituciones reguladoras encargadas de darles seguimiento a estos monopolios son débiles o están directamente controladas por ellos”, refiere.

Con respecto a la libertad de expresión, el reporte dice que hay muchas maneras en las que los medios de comunicación pueden ser influenciados o presionados.

“El Gobierno da las frecuencias de radio y televisión, asigna la publicidad, controla los sindicatos de los trabajadores de estas empresas, y puede decidir sancionar las infracciones a las leyes fiscales, comerciales o laborales”, dice el documento.

Destaca que en los últimos años, muchos periodistas han sido asesinados, además de que se han producido ataques armados en las estaciones de radio y televisión que informan sobre las actividades de lo cárteles de la droga.

“Esta es probablemente la más grave amenaza a la libertad de expresión en México. México es uno de los países más peligrosos para los periodistas, junto con Irak, entre otros países”, refiere.

La Fundación Bertelsmann destaca al referirse al Estado de Derecho en México, los casos que se han dado “en los que gobernadores fueron acusados de ser corruptos o ineficientes, pero que el Gobierno federal no despidió porque el Senado, la única institución permitido despedir a un funcionario elegido, se negó a hacerlo”.

El reporte dice que bajo el régimen del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Poder Judicial está estrechamente controlado por la Presidencia. Menciona que el Jefe del Ejecutivo federal es la única institución permitida para designar jueces de alto nivel, especialmente (pero no únicamente) a los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“[En México] no hay instituciones independientes con el poder para acusar o juzgar a gobernadores, al gabinete ejecutivo o al propio Presidente. En resumen, el público hoy en día tiene más información acerca de la manera en que se comportan los funcionarios y ejercen el poder, pero hay una capacidad muy limitada para hacerlos plenamente responsables de sus acciones”, se lee en el documento.

La Fundación también menciona que las comisiones federales y estatales de derechos humanos están controladas totalmente por los gobernadores “o cuando son independientes, como es el caso en los niveles federal y de la Ciudad de México, sus recomendaciones casi nunca se cumplen”.

De acuerdo con el Índice de Transformación, aunque las instituciones políticas de México son relativamente estables con respecto a la periodicidad de las elecciones, la organización del día de la elección, el recuento de votos y la decisión de la comisión electoral en cuanto a quien ha ganado, “el INE no es competente para controlar lo que sucede en las campañas o elecciones”.

Dice que el Instituto Nacional Electoral tampoco puede evitar que los funcionarios del gobierno (especialmente a nivel local) financien a sus candidatos con recursos públicos (incluidos los de programas sociales). “El INE también es incapaz de evitar la promoción equitativa de algunos candidatos por parte de los medios de comunicación”, dice.

La Fundación refiere en su reporte que en México el público en general tiene una muy mala impresión de los partidos políticos. “Hay una sensación generalizada de que el sistema político es una ‘partidocracia’ y que los partidos políticos dominantes y otras instituciones políticas no están abordando las cuestiones más importantes del país”

Transformación económica

El reporte dice que la capacidad de recuperación de la pobreza y de la desigualdad en México, después de 30 años de aumentar las exportaciones y la expansión de las políticas de asistencia, “nos obliga a concluir que la pobreza y la desigualdad están estructuralmente arraigadas, y que un modelo económico basado exclusivamente en las exportaciones parece incapaz de resolver la pobreza y la desigualdad del país”.

Dice que México no ha logrado la igualdad de oportunidades para todos con una población indígena totalmente marginada. Explica que mientras la tasa global de alfabetización en el país es del 94 por ciento, dentro de la población indígena esta cifra es de sólo el 67 por ciento.

“Una explicación común de esta situación es que las poblaciones indígenas viven en áreas remotas por lo que llegar a tales comunidades es demasiado costoso. Esta es también la razón dada por los funcionarios del gobierno en cuanto a porqué la cobertura de salud es deficiente para esta población”, refiere el texto.

Menciona que las mujeres tienen casi las mismas tasas de alfabetización y asistencia escolar a todos los niveles que los hombres.

El documento destaca además que las pequeñas y medianas empresas encuentran muchas dificultades administrativas en el país para su apertura y funcionamiento debido a los procedimientos administrativos, a la corrupción y, cada vez más, a la violencia.

Una evolución más reciente que se está convirtiendo en un problema grave en algunas ciudades y regiones del norte, así como en estados como Guerrero, Michoacán, Veracruz y Tamaulipas, son las organizaciones criminales que exigen un rescate a cambio de protección.

Estas organizaciones criminales, dice el informe, paran camiones y roban sus mercancías, además de secuestrar a los trabajadores. “De manera más general, los derechos de propiedad están siendo amenazados por la inseguridad y la violencia que se ha incrementado de manera espectacular en los últimos años”, dice.

Asimismo refiere que México tiene un déficit comercial estructural que no está equilibrado por la entrada de remesas y el turismo. Dice que el país ha tenido déficits en cuenta corriente continuos en los últimos diez años.

Detalla que el hecho de que la economía mexicana se haya desplomado casi un 5 por ciento en el transcurso de la crisis económica mundial “ha demostrado la fragilidad de la economía del país”.

“El déficit en cuenta corriente estructural y el rápido aumento de la deuda externa total de México demostraron que un modelo económico orientado principalmente hacia la exportación es insuficiente para un país de su tamaño”, dice el informe.

Refiere que la mayoría de los mexicanos no han obtenido beneficios del actual modelo económico, provocando una profunda insatisfacción con la democracia misma.