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Noruega, Suecia y Países Bajos encabezan el ranking del reporte anual de Reporteros Sin Fronteras

El Índice Mundial de Libertad de Prensa, que Reporteros sin Fronteras (RSF) publica cada año, es una importante herramienta que “muchos jefes de estado y de gobierno temen".

Este índice enlista 180 países según el nivel de libertad disponible para los periodistas. 

Es una instantánea de la situación de la libertad de los medios basada en una evaluación del pluralismo, la independencia de los medios, la calidad del marco legislativo y la seguridad de los periodistas en cada país y región.

Este año 2018 los países escandinavos lideran la lista, en la que México ocupa el puesto 147. 

MEXICO, EN EL NADA HONROSO LUGAR 147

Patria de los cárteles de la droga, México sigue siendo uno de los países más mortíferos del mundo para los medios de comunicación, y en el 2018 se ha ubicado en el lugar 147 de 180 evaluados por RSF.

En nuestro país, si los periodistas cubren temas relacionados con la corrupción de las autoridades (sobre todo los Gobiernos locales) o con el crimen organizado, padecen intimidaciones, agresiones y pueden ser asesinados a sangre fría, dice el reporte anual de la organización.

Numerosos periodistas han desaparecido en el país; muchos otros se han visto obligados a exiliarse. La impunidad, que se explica por la corrupción generalizada, alcanza niveles insólitos y alimenta el círculo vicioso de la violencia. Este año han sido asesinados nueve periodistas y varios más sufrieron atentados fallidos. Dos grupos poseen casi todos los canales de televisión.

El año empezó mal para la prensa. El 13 de enero, el periodista Carlos Domínguez Rodríguez fue asesinado en plena calle en Nuevo Laredo (Tamaulipas). Unos encapuchados sacaron a Domínguez Rodríguez de su automóvil mientras conducía, y a plena luz del día lo asesinaron a cuchilladas a sangre fría.

Domínguez Rodríguez era columnista del diario Noreste Digital y del digital HorizontedeMatamoros. Sus colegas, a los que RSF entrevistó, destacaron su independencia. Tenía casi 40 años de experiencia y siempre había sido muy crítico con las autoridades locales, especialmente con el ex alcalde de Nuevo Laredo, Carlos Cantú Rosas, y con la actual alcaldesa de San Nicolás, Verónica Castellanos.

El día antes de su asesinato publicó un editorial muy comprometido en el que señalaba directamente los fracasos de la política de seguridad del Gobierno federal y la impunidad que reina en el país desde hace casi dos décadas.

Pocas horas después del suceso, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, condenó los hechos en un comunicado, y se comprometió a que el crimen no quedase impune.

Pamika Montenegro presentaba “El Sillón TV”, un canal de YouTube en el que, interpretando el personaje La Nana Pelucas, hacía sátira de los políticos locales. El 5 de febrero la youtuber fue asesinada en un restaurante de Acapulco, en el estado de Guerrero.

El periodista Leobardo Vázquez Atzin fue asesinado a balazos frente a su casa, en Gutiérrez Zamora (Veracruz), el 21 de marzo. Vázquez Atzin, de 42 años, trabajó hasta 2017 en el diario La Opinión de Poza Rica. Hasta su muerte administraba una página en Facebook.

Ana Laura Pérez, presidenta de la Comisión Estatal de Atención y Protección de Periodistas (CEAPP), señaló que no había noticia de que hubiera sido amenazado y que el reportero no había acudido al CEAPP para solicitar ayuda. Sin embargo, colegas de Vázquez Atzin señalaron que recientemente había recibido amenazas de funcionarios y que planeaba presentar una denuncia y solicitar medidas de protección.

Juan Carlos Huerta Martínez, de 45 años, fue asesinado en su coche cuando salía de su casa, el 15 de mayo, en Villahermosa (Tabasco). Hombres armados que circulaban en un automóvil gris abrieron fuego contra él.

Huerta Martínez obtuvo la concesión del canal de radio 620AM, por el que transmitía su programa “Panorama sin reservas”, en el que abordaba temas de política. También era presentador de “Notinueve”, del Canal Nueve.

"Llegaron para asesinarlo”, afirmó el Gobernador del Estado de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, horas después de que ocurrieran los hechos, confirmando así que era una ejecución.

El 24 de mayo, fue asesinada a golpes en su domicilio Alicia Díaz González en Monterrey (Nuevo León). La periodista trabajó para los diarios El Norte y La Moneda. En enero de este año se había incorporado a El Financiero, diario para el que cubría temas relacionados con las empresas locales, el sector inmobiliario, cuestiones fiscales y la inversión pública.

El 29 de agosto, Javier Rodríguez Valladares fue asesinado a tiros en plena calle, en la Colonia Supermanzana 29 de Cancún (Quintana Roo). El reportero realizaba una entrevista a un artesano, quien también fue asesinado.

Rodríguez Valladares tenía 28 años y trabajaba como cámara en la cadena local Canal 10. Según sus colegas, ocasionalmente abordaba temas relacionados con la política local.

El joven cámara es el tercer periodista asesinado este año en Quintana Roo. Le precedieron Rubén Pat y José Guadalupe Chan Dzib, que eran director y periodista respectivamente del semanario digital Playa News.

La octava víctima fue Mario Leonel Gómez Sánchez, asesinado el 21 de septiembre en Chiapas. La víspera, el Gobierno de México había anunciado que reduciría drásticamente los recursos financieros que asigna al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

que circulaban en motocicleta le dispararon en plena calle. El reportero, de 40 años, era corresponsal del diario El Heraldo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y cubría información diversa, entre ella temas de política y actos violentos, que se habían incrementado en la región.

Desde 2010 recibía amenazas de muerte y mensajes anónimos en los que le pedían que dejara de publicar información sobre corrupción de funcionarios. En tres ocasiones denunció estas amenazas y solicitó medidas de protección. Según el procurador de Justicia del Estado de Chiapas, contactado por RSF, en septiembre de 2017 le asignaron dos escoltas, que le fueron retiradas en diciembre de ese mismo año porque el reportero así lo solicitó. Según sus familiares, tuvo medidas de protección en 2016, por un breve periodo, y se las retiraron sin explicaciones.

El 1 de diciembre, fecha en la que Andrés Manuel López Obrador se convertía en presidente de México, encontraron el cuerpo sin vida del periodista Jesús Alejandro Márquez Jiménez, en el estado de Nayarit. RSF pidió a las autoridades locales que, en su investigación, consideraran como prioritaria la profesión de la víctima como móvil del crimen y también al nuevo Presidente que haga de la protección de los periodistas una prioridad de su mandato.

Márquez Jiménez, fundador del diario digital Orión Informativo y excolaborador del diario local Crítica Nacional Noticias, fue encontrado acribillado a balazos el 1 de diciembre en Tepic (Nayarit). Su familia había denunciado su desaparición ese día. Apareció su cuerpo horas más tarde, al borde de un camino, con impactos de bala.

En Orión Informativo, Márquez Jiménez había denunciado enérgicamente y de forma directa las relaciones de funcionarios y políticos locales con el crimen organizado.

En las últimas elecciones locales fue candidato a regidor de Tuxpan por el partido Movimiento Regeneración Nacional. Según la primera información recabada por RSF, vecinos de Tecuala lo acusaron de difamación seis meses antes.

El nuevo presidente mexicano se comprometió a luchar contra la corrupción. La mayoría de los periodistas asesinados en México investigaban casos en los que políticos locales estaban conchabados con miembros del crimen organizado.

Actualmente, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y periodistas ofrece más de 3.500 medidas de protección. Entre ellas se cuentan escoltas policiales, cámaras de vigilancia, refugio o dispositivos como botones de pánico. Con la reducción del presupuesto podrían suspenderse algunas medidas de protección y no podría tratar nuevas solicitudes.

Foto: Especial

Con ocasión del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se celebró el 30 de agosto, Reporteros Sin Fronteras lamentó que 21 periodistas estén desaparecidos en México (casos registrados desde 2003), un récord en el continente americano. De algunos de ellos no se tiene noticia desde hace por lo menos 15 años.

En México suele mencionarse la responsabilidad de los cárteles de la droga en los casos de desaparición. A menudo, los allegados de las víctimas sospechan de la presunta implicación de funcionarios. En ningún caso prosperan las denuncias de las familias y las investigaciones se estancan.

Consciente del problema, el Gobierno mexicano creó el 16 de febrero la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, cuyo objetivo es “prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares”, pero esta medida no ha estado acompañada de ningún plan de acción estratégico concreto en el caso de los periodistas.

El 23 de noviembre, Rodrigo Acuña Morales, de 40 años, regresaba a su casa, junto con su hijo de un año, cuando fue atacado por dos hombres armados, quienes le hirieron de gravedad en los pulmones. El reportero fue trasladado al hospital de Tuxpan en estado crítico.

Rodrigo Acuña Morales es colaborador del diario Voz de Tenayuca, para el que cubre la información policíal, y director del medio de comunicación digital El Diario de Tepetzintla.

El 22 de noviembre en Cozumel (Quintana Roo), la periodista Ana Ledesma escapó milagrosamente a un intento de asesinato.

El 23 de marzo, horas después de que se cumpliera un año del asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea, el gobernador del Estado de Chihuahua, Javier Corral Jurado, se comprometió con Reporteros sin Fronteras y Propuesta Cívica a entregar la investigación a la Fiscalía Especial para la atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).

También pidieron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH) que vigile que las autoridades estales no sigan obstaculizando el ejercicio de los derechos de las víctimas, haciéndoles las recomendaciones necesarias.

Reporteros Sin Fronteras y Propuesta Cívica (socia de RSF), registraron entre enero y mayo, 45 casos de agresión a periodistas y 4 ataques a medios de comunicación, relacionados con la cobertura de las elecciones. El 1 de julio los ciudadanos votaron para elegir a quienes ocupan 3.406 puestos públicos: presidente de la República, senadores, diputados federales y gobernadores de 9 de los 32 estados del país.

La Ciudad de México, Puebla y Morelos son los estados donde se han producido más agresiones, si bien estas regiones no se encuentran entre las más violentas para la prensa en el país.

En otras regiones afectadas por el crimen organizado, como Tamaulipas, Veracruz y Guerrero, también ocurren este tipo de agresiones, pero en estas zonas los periodistas –que a menudo se ven obligados a autocensurarse– no lo denuncian por temor a represalias, lo que ha generado la existencia de zonas grises donde ya no circula la información.

La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que se celebró el 11 de octubre en la Ciudad de Oaxaca,  y que reunió a procuradores y fiscales de todo el país, aprobó el Protocolo Homologado para la Investigación de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión. Los delitos cometidos contra periodistas, cuya cifra de impunidad asciende a 99,6%, ubica a México en los primeros lugares de violencia contra periodistas y medios de comunicación a escala mundial.

En el informe Los periodistas, la pesadilla de la mafia, que RSF publicó el 29 de noviembre, se cita a México como un país asolado por los cárteles de la droga, donde ha habido asesinatos de periodistas por miembros de estas mafias. Por ello, cada vez más periodistas optan por poner en común su trabajo y emprender investigaciones de forma colaborativa en grandes consorcios internacionales. Es una respuesta colectiva frente a los tentáculos de la mafia.

(Con información de Reporteros Sin Fronteras)