Militares de la dictadura argentina en ‘Papeles de Panamá’
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La periodista Alejandra Dandan trabaja en el seguimiento de crímenes de la pasada dictadura y de decenas de juicios realizados en los últimos años en todo el país contra responsables y cómplices de esas acciones
Buenos Aires.- Sociedades offshore en actividad aún, están a nombre de integrantes de los grupos de tarea de la marina de la pasada dictadura en Argentina (1976-1983), quienes son juzgados aquí por crímenes de lesa humanidad, informó el periódico local, Página 12, sobre Los Papeles de Panamá y otros registros.
La periodista Alejandra Dandan, quien trabaja en el seguimiento de crímenes de la pasada dictadura y de decenas de juicios realizados en los últimos años en todo el país contra responsables y cómplices de esas acciones, señala que existen registros en Panamá, Miami y Sudáfrica en los que figuran los nombres de los marinos de la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), Ricardo Miguel Cavallo (cuyo verdadero nombre es Miguel Ángel Cavallo), Jorge Rádice, su hermana Norma y otros.
Rádice era el contador de la Esma, donde funcionó uno de los mayores centros clandestinos de detención; en estos días se investiga el robo y apropiación de bienes durante los secuestros de miles de desaparecidos en ese lugar.
Cavallo es conocido en México. Después de 1983, cuando terminó la dictadura, creó varias empresas en sociedad con Jorge Rádice, con quien integraba junto a otros el criminal Grupo de Tareas 33/2 (GT 33/2) de la Esma.
Junto a Rádice, el marino Cavallo fundó la empresa Talsud, con la cual ganó una licitación en México, nada menos que para el Registro Nacional de Vehículos en México (Renave).
En 2000, Cavallo fue detenido en México en el marco de un juicio iniciado en España por el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón contra los criminales de la dictadura argentina.
Cavallo fue finalmente extraditado a Argentina, donde fue condenado a cadena perpetua junto a sus compañeros del GT 33/2 por su responsabilidad en secuestros y desapariciones en la Esma; grupo que se apropió de inmuebles, fábricas y tierras por valores millonarios como se comprobó en varios casos.
El marino Cavallo figura en otras compañías offshore como una registrada en la ciudad estadunidense de Orlando, Florida. “Según el sitio opencorporates.com la compañía se llama Mari USA LLC y figura actualmente activa”, sostiene Dandan.
A nombre de Jorge E. Acosta, el Tigre Acosta, ex jefe máximo del GT de la Esma, quien fue condenado por crímenes de lesa humanidad y por el robo de niños nacidos en cautiverio, “figuran ocho sociedades en distintos lugares de Estados Unidos: Florida, California, Michigan y Connecticut”.
Asimismo sobresale el nombre de Jorge Ernesto Vildoza, hijo de Jorge Vildoza, el segundo hombre del GT 32/2, en una sociedad de nombre Maitreya SA, con domicilio en República Dominicana, registrada el 30 de septiembre de 2010 y dedicada al negocio de las máquinas tragamonedas de los casinos.
De acuerdo a la investigación de Página 12, Acosta y Rádice “pasaron en distintas épocas por empresas como Seal Lock SA, Martiel SA y Talsud SA, conocidas en las investigaciones vinculadas a la trama del robo a los desaparecidos.
“Vildoza creó compañías ligadas al mundo del juego, cuyos bienes fueron congelados por la Unidad de Investigación Financiera (UIF) cuando quedó probado que el flujo de dinero sostenía la condición de prófugos de él y de su esposa, Ana María Grimaldos, a quienes la justicia buscaba por la apropiación de Javier Penino Viñas”.
Fue en la Esma donde se fraguaron documentos, como el de Cavallo, y aún no se sabe bajo qué nombre estarán viviendo hoy varios de los prófugos de las dictaduras. No sólo de Argentina.
El Grupo de Tareas de la Esma “montó distintas empresas, entre ellas algunas inmobiliarias. Hubo casas y propiedades robadas a los desaparecidos que pasaron a nombre de 'Juan Ríos', alias de Rádice, y al de su hermana Norma Beatriz”, indicó Página 12.
El reportaje de Dandan hace referencia al trabajo realizado por la UIF en 2014 a cargo de Jorge Sbatella, quien logró probar que una serie de empresas radicadas en paraísos fiscales del exterior “inyectan dinero a empresas argentinas vinculadas a los marinos, entre 2001 y 2013 fueron 20 millones de pesos”.
Esto hizo sospechar que podía ser lavado de dinero procedente del robo de bienes a los desaparecidos, por lo cual Sbatella pidió información a organismos financieros.
“Estos nuevos papeles vienen a complementar esa investigación: confirman lo que hasta ese momento era una hipótesis: que dichas sociedades existen, que hay más de las conocidas hasta ahora y que están constituidas por ellos mismos (los marinos)”, y añade: “sin embargo, el nuevo contexto político generado por el gobierno de Mauricio Macri, con la desactivación de las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad dentro de la UIF, amenaza con dar jaque mate a los avances que se habían logrado”.
