Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México / Foto: Cuartoscuro
Aunque el Presidente reconoce que las protestas de las comunidades por donde pasa el gasoducto que suministrará combustible a la plata termoeléctrica construida en Huexca son fundadas, afirma que también existen “intereses creados” que han alimentado la oposición a la operación de la termoeléctrica

Saltillo, Coah. “Voy a decir algo… como lo acostumbro: hay movimientos ambientalistas que son apoyados por empresa extranjeras que no quieren competencia y que cuando se trata de una planta así, más si es de la nación, se promueven oposiciones”.

Lo anterior fue afirmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia de prensa matutina de este viernes al exponer la estrategia con la cual su gobierno está atendiendo la inconformidad que ha generado el desarrollo del “Proyecto Integral Morelos” (PNI) que implicó la construcción de un gasoducto, un acueducto, una red de transmisión y una planta termoeléctrica, esta última propiedad de la Comisión Federal de Electricidad y cuyo costo fue de 22 mil millones de pesos.

El PNI comenzó a desarrollarse en el año 2011 y ya ha sido concluido, pero a lo largo de su construcción se registraron diversas protestas y, según reconoció el Presidente, durante ellas se reprimió a manifestantes e incluso se arrestó a campesinos, razón por la cual anunció la realización de una consulta popular para decidir si la termoeléctrica se pondrá en funcionamiento o no.

Durante la conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo reconoció que “hubo atropellos” en el pasado y que eso justificaba las protestas que hoy tienen paralizado el proyecto. Sin embargo, afirmó que también habría intereses de empresas privadas detrás de las inconformidades, en particular las relativas a la contaminación del agua que se utilizará en la operación de la termoeléctrica.

Y aunque no señaló a ninguna organización ambientalista y matizó el comentario afirmando que este componente de la inconformidad “es la menor parte” insistió en que existen intereses de empresa privadas que se manifiestan a través de movimientos ambientalistas en este caso.

Al abundar en la explicación, aseguró que su gobierno ha solicitado el acompañamiento de la UNESCO para certificar que el agua utilizada en la producción de vapor, así como en el proceso de enfriamiento de la planta, sea tratada con estándares internacionales y se garantice que no contaminará el ambiente.

“Una de las cosas que puse como condición, antes que nada, fue lo de la calidad del agua. Si se contaminara con metales pesados, si se afectara el agua, no íbamos a dar este paso. Ni siquiera la consulta. Sencillamente se quedaba la planta ahí”, dijo a pregunta de una reportera.

La información con que cuenta el Gobierno de la República, dijo, permitirá aclarar las controversias, disipar dudas “y a veces planteamientos que no tienen fundamento; que obedecen más a la carga ideológica y también a intereses creados”.

Momento del video donde se encuentra la mención: 57:15

¿Qué es el “Proyecto Integral Morelos?

El PMI es un proyecto diseñado para la generación de energía eléctrica que incluye:

-Una central de generación de energía eléctrica que utiliza el sistema de “ciclo combinado” (genera energía usando combustibles fósiles y vapor).

-Un gasoducto que transporta combustible desde el estado de Tlaxcala hasta Morelos, a lo largo de 172 kilómetros.

-Un acueducto que transporta agua desde la cuenca del Río Cuautla hasta la planta termoeléctrica, a lo largo de 13.2 kilómetros

-Una red de transmisión que permite incorporar la energía eléctrica producida por la termoeléctrica a la red de distribución de la Comisión Federal de Electricidad.

La planta termoeléctrica es propiedad de la CFE y tuvo un costo de construcción de 22 mil millones de pesos. El gasoducto fue construido mediante una concesión otorgada a la empresa española Elecnor y su costo se habría fijado, originalmente, en 260 millones de dólares.

El gasoducto pasa por terrenos de 60 comunidades de los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos, cuyos habitantes, predominantemente indígenas, han rechazado su construcción lo cual ha provocado, de acuerdo con los opositores al proyecto, la “criminalización” de la protesta social.

El Gobierno de la República ha anunciado, además del establecimiento de un esquema de diálogo con las comunidades afectadas, un esquema de compensación que implicaría la reducción de la tarifa eléctrica para los pobladores de las comunidades que se encuentran en la zona.