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La falta de transparencia sobre estos vínculos debilita la confianza en un proceso y abre la puerta a posibles delitos en el futuro. Expertos consideran necesario que se abra una investigación por estos hechos

Por Arturo Ángel / Animal Político y Andrea Cárdenas / Quinto Elemento Lab

 
El vínculo legal y profesional entre el fiscal general Alejandro Gertz Manero y el despacho de abogados que defiende al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, es un hecho que debieron informar y transparentar los funcionarios implicados, tanto por un tema de moralidad y ética pública, así como para prevenir un escenario de posible conflicto de interés.

El no haberlo hecho equivale a una omisión que, a su vez, puede dar paso a faltas administrativas de consideración. Lo anterior sin dejar de lado lo más importante: que mina la confianza de los ciudadanos en la investigación de uno de los casos más emblemáticos de corrupción en lo últimos años en México y en el extranjero.

Esas son las conclusiones a las que llegó un grupo de expertos de distintas áreas e instituciones que fueron entrevistados por Animal Político y Quinto Elemento Lab a partir de los hallazgos documentados en la investigación periodística publicada este miércoles: Emilio Lozoya y Alejandro Gertz, abogado y fiscal tienen al mismo abogado. 

En entrevista, por separado, tanto Alejandro Gertz como Javier Coello rechazaron que exista un conflicto de interés. Ambos reconocieron que el poder notarial que el fiscal general entregó en 2015 al abogado para representarlo, sigue vigente. 

Sin embargo, ante los cuestionamientos de los reporteros sobre la vigencia del poder notarial, Gertz dijo que pediría su cancelación. 

“Imagínese si en ese momento iba yo a saber que este abogado iba a defender a una persona a la que nosotros estamos enfrentando. Imposible de saber, pero creo que es una buena reflexión, voy a pedir que le cancelen todos los poderes”, dijo en entrevista el día 21 de junio pasado.

Los especialistas consultados coinciden en señalar que la legislación en México no contempla como un delito omisiones en la declaración de intereses que luego pueden entrar en conflicto. No obstante, precisaron que el hecho sí abre la puerta a circunstancias posteriores que pueden derivar en delitos como una inadecuada o mala administración de justicia, ejercicio ilegal del servicio público, cohecho, entre otros, por lo que resulta necesario que se inicie una investigación profunda sobre lo que ahora se revela.

“Transparentar los intereses en las declaraciones que tienen que hacerse por escrito y mejor aun, hacerlo ante la opinión pública prácticamente elimina todo lo anterior. Si se pone sobre la mesa,  no pasa nada. Los intereses no son un pecado. Pero si se dejan debajo de ella, es ahí donde viene el problema y donde la gente tiene derecho a dudar, donde se abre la puerta para cualquier cosa”, dijo Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana.

A continuación se presenta una síntesis con la revisión al caso de cada uno de los expertos consultados.

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