Matrimonio infantil persiste en México: Chiapas, Oaxaca y Guerrero concentran más casos

El matrimonio infantil sigue siendo una práctica generalizada a nivel global, concluyó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en 2023, pese a que cifras revelaron que, en los últimos años, 1 de cada 5 niñas se están en uniones formales o informales, cuando hace 10 años la estadística indicaba que había 1 por cada 4.

Mientras que en casos de niños, la tasa mundial de matrimonio infantil equivale a una quinta parte de la de las niñas.

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“Los matrimonios infantiles en México son más frecuentes en las comunidades indígenas y rurales, que se rigen por usos y costumbres, donde se practican por motivos culturales, económicos o religiosos, lo que los hace un fenómeno normalizado”, destacó en su informe el ISSSTE.

EN MÉXICO: CAUSAS Y RAZONES DEL MATRIMONIO INFANTIL

El matrimonio infantil es una problemática compleja que involucra a las infancias, especialmente a las niñas y las adolescentes, que son parte de pueblos y comunidades indígenas. Generalmente, estos casos son relacionados con los siguientes aspectos:

1. Desigualdad social: Sin trabajo ni educación, las menores de edad optan por el matrimonio como vía para alcanzar cierta estabilidad económica.

2. Pobreza: Los contextos precarios llevan a las familias a casar o vender a menores de edad, generalmente mujeres, para reducir la carga económica, obtener un ingreso o saldar deudas.

3. Desigualdad de género: La imposición de roles dentro de un sistema machista y misógino genera expectativas diferentes tanto para las niñas como para los niños.

4. Normas sociales y culturales: Establecen que las niñas deben casarse a temprana edad para asegurar su futuro, preservar su honor o cumplir con las tradiciones de su comunidad.

5. Falta de educación: Las mujeres suelen tener oportunidades limitadas. Tener una educación incompleta reduce aún más las posibilidades de una buena calidad de vida.

6. Crimen organizado: Conflictos armados y la violencia genera el desplazamiento e inseguridad, lo que puede ser un incentivo de que niñas y adolescentes acepten o busquen protección con el matrimonio.

En algunas comunidades indígenas se desconocen los derechos humanos individuales y los matrimonios infantiles son prueba de ello. Se ha identificado que la causa de esto es por la falta de difusión y comunicación entre instituciones y comunidades.

CONCENTRACIONES DE CASOS DE MATRIMONIO INFANTIL EN ESTADOS DE MÉXICO

Con base en estadísticas expuestas por el ISSSTE, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), se obtuvieron los siguientes datos:

1. Prevalencia y concentración de casos:

* Mayor porcentaje o prevalencia: En mujeres adolescentes indígenas de 12 a 17 años de edad, el estado de Sinaloa presenta la prevalencia más alta del país con un 18.5%. Otros estados con altos porcentajes en este rubro son Baja California Sur y Tamaulipas.

* Mayor número absoluto: Las entidades que concentran la mayor cantidad de adolescentes indígenas casadas o unidas son Chiapas, Oaxaca y Guerrero. En estos tres estados habita la mitad del total nacional de mujeres indígenas de entre 12 y 17 años en esta condición.

2. Por rango de edad:

* Niñas de 12 a 14 años: Hasta el 2020, en Chiapas, Guerrero y Tabasco, el 1 % de las niñas están casadas o en unión libre.

* Adolescentes de 15 a 17 años: Los estados con los porcentajes más elevados son Chiapas con 11.8%, Guerrero con 11.1% y Michoacán con 10.2%.

3. Tendencias y cambios estatales:

* Incrementos: En Coahuila, el porcentaje de mujeres indígenas de 12 a 17 años en unión temprana aumentó más del doble. Por su parte, Guanajuato y Tamaulipas registraron incrementos superiores al 30% en el mismo periodo.

* Decrementos: En contraste, el estado de Zacatecas logró una reducción significativa, bajando del 20.9% en 2010 al 12.3% en 2020.

CONSECUENCIAS Y RIESGOS DEL MATRIMONIO INFANTIL

Hay prácticas y tradiciones que, aunque se desarrollan dentro del ámbito privado de ciertas colectividades —como ocurre en algunos pueblos y comunidades indígenas—, implican vulneraciones a los derechos humanos, especialmente de quienes se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad, entre ellas mujeres, niñas y adolescentes.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha catalogado este tipo de conductas como “prácticas culturales o tradiciones perjudiciales”, dentro de las cuales se incluyen los matrimonios forzados y los matrimonios infantiles.

Entre los riesgos y consecuencias que destacó el ISSSTE, se encuentran las siguientes:

1. Aumenta la probabilidad de violencia doméstica con agresiones físicas, psicológicas y sexuales.

2. Perpetúa la violencia de género.

3. Incrementa el riesgo de embarazos precoces, no planificados y de alto riesgo.

4. Aumenta la probabilidad de tener hijas o hijos con bajo peso al nacer o con problemas de salud, debido a la falta de atención prenatal y la inmadurez física de las madres.

5. Disminuye la posibilidad de continuar con la educación, limitando las oportunidades de desarrollo personal y profesional de niñas y adolescentes.

6. Aísla a niñas y adolescentes de sus familias, amigos y redes de apoyo, afectando la salud mental y bienestar emocional.

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Dentro de esto, REDIM recordó que la venta de personas constituye una violación a los derechos humanos y un crimen que el Gobierno federal debe investigar y erradicar, y condena la prevalencia de esta práctica que, bajo el argumento de los usos y costumbres de las comunidades indígenas, cosifica a niñas y adolescentes en diversas entidades de nuestro país.