Niñas violadas tienen que convertirse en madres porque les niegan interrumpir el embarazo

Por Rodrigo Soberanes para Animal Político

 
En México, niñas de hasta 10 años de edad siguen teniendo hijos producto de violaciones, aún cuando las autoridades de Salud tienen el mandato de garantizarles el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

Según cifras del Subsistema de Información sobre Nacimientos (SINAC), durante 2018 se registraron en todo el país casos de 50 niñas de sólo 10 años de edad que dieron a luz, y un total de 10,298 de entre 11 y 14 años que también tuvieron que convertirse en mamás.

Esos casos, según expertas, prueban que las autoridades de Salud están fallando en aplicar la Norma 046 y la Ley General de Víctimas, que establecen que las víctimas de violencia sexual deben recibir la Interrupción Legal del Embarazo.

De acuerdo con Rebeca Lorea, abogada del Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire), todos esos casos de niñas embarazadas deben considerarse violaciones, porque a esas edades no se puede afirmar que hubo consentimiento.

“Asumimos que son embarazos producto de violencia sexual. Entonces, una primera conclusión que podemos sacar de estos partos es que no se les dio acceso a estos derechos que están reconocidos”, explicó.

Durante este año se registró el caso de “Jimena”, una niña de 11 años que vive en Xalapa, capital de Veracruz, y que fue víctima de abuso y quedó embarazada. Su madre denunció los hechos ante la Fiscalía General del Estado (FGE) el pasado 13 de junio.

Es un caso que ilustra las cifras reveladas por el SINAC, que depende de la Dirección General de Información en Salud, de la Secretaría de Salud federal.

De acuerdo con la organización Equifonía, que asumió la defensa legal de la niña, la Fiscalía veracruzana cumplió con girar oficios a la Secretaría de Salud solicitando el cumplimiento de la Norma, y la aplicación de la Interrupción Legal del Embarazo en un plazo de 24 horas.

Según Equifonía, la Secretaría de Salud decidió no practicar la ILA porque el desarrollo del embarazo superaba los 90 días que establece el Código Penal de Veracruz. Estaba comenzando el segundo trimestre.

Araceli González, directora de esa organización, dijo a Animal Político que el hospital pudo haberse acogido al mismo Código Penal de Veracruz, y a la Ley General de Víctimas para aplicar la ILE porque era un embarazo de alto riesgo, como se considera a cualquier embarazo de alguna menor de 14 años de edad.

“Consultamos con médicos expertos y había evidencia suficiente para establecer el riesgo de muerte para la niña. Y en el Código Penal el riesgo de muerte no tiene una temporalidad”, dijo Araceli González.

La abogada de Equifonía, Adriana Fuentes, contó que el hospital se sostuvo en que no podían aplicar la ILE pero dejaron “la puerta abierta” para que buscaran atención en otro lugar. Es decir, reconocían el riesgo para la niña pero en definitiva no podían asumir la atención que solicitaron ella, su madre, su representación legal y la Fiscalía.

“En lugar de hacer la canalización por la causal del riesgo de muerte, expresaron que no la podían atender, pero que atendiendo el principio de salud, sugerían que la familia la llevara a revaloración donde sí se permitiera, es decir, en la Ciudad de México”, afirmó la abogada.

Fue así como la madre de la niña desistió de buscar atención médica para la aplicación de la ILE, y decidió que continuara la gestación. “Ahora está continuando con su embarazo producto de un delito cometido en su contra”, lamentó Adriana Fuentes.

Equifonía espera que el Estado vigile que la niña tenga el mejor acceso a la salud posible para enfrentar lo que le queda de gestación, y el nacimiento del bebé. “Es mas riesgoso llegar al parto que tener un aborto en las condiciones en las que ella estaba”, insistió Adriana Fuentes.

La Norma 046 garantiza el acceso a la ILE a las mujeres que las soliciten, y si ya tienen 12 años basta con que presenten un escrito solicitando el servicio, pero esa norma también prevé la figura de “objetor de conciencia”, a la cual pueden acogerse los doctores que no quieran participar en una interrupción de embarazo.

Si su conciencia les dice que una niña de 10 años abusada sexualmente debe continuar con su embarazo, pueden negarse a aplicar la ILA, y en el hospital donde fue llevada la niña atendida por Equifonía, sólo hay un no objetor de conciencia, según Araceli González.

En respuesta a una solicitud de información realizada el 7 de junio, la Secretaría de Salud de Veracruz informó que no tiene presupuesto asignado a la capacitación de médicos no objetores de consciencia, que estén dispuestos a practicar las ILES.

Rebeca Lorea, abogada de GIRE, considera que lo que ocurre en Veracruz está generalizado en el resto del país. Esa organización realiza monitoreos constantes a la aplicación de la Norma 046, y ha encontrado opacidad en las respuestas de las dependencias estatales.

“Preguntamos a todas las secretarías de salud cuántos abortos por violación en aplicación de la Nom 056 han aplicado, y muchas secretarías no nos contestan”, contó Rebeca Lorea.

En su informe de 2018 llamado La pieza faltante, justicia reproductiva, GIRE informó que documentó que hay dos obstáculos que enfrentan las mujeres para que el sistema de Salud les cumpla sus derechos: por un lado, el desconocimiento de las leyes vigentes, y por otro, los prejuicios del personal de salud.

De 2012 a septiembre de 2018, GIRE acompañó 38 casos en donde hubo negación de servicios de aborto seguro, de los cuales 26 eran de menores de edad que fueron violentadas sexualmente, como “Jimena”.

Veracruz y el Estado de México son las entidades con más partos de niñas de 10 años en 2018, con seis casos cada uno. Después están Coahuila y Puebla, con cuatro.

Durante ese mismo periodo el Estado de México encabeza la lista de partos de niñas menores de 14 años con 1,053 casos, le siguen Veracruz con 802, Puebla con 708, Chiapas con 583, Guanajuato con 543 y Michoacán con 503.

El informe La pieza faltante de GIRE comienza asegurando que las mujeres de México “no tienen las condiciones que les permitan decidir sobre su vida reproductiva”. Esto -dice el documento- sucede porque un elevado número de niñas y adolescentes “viven afectadas por un contexto grave de violencia sexual”, y aunado a ello están las “fallas estructurales del sistema de salud”.