No avanza el caso de abuso en kínder 'Guadalupe Borja' de Saltillo

En una audiencia de control de garantías, la juez María Antonieta Leal Cota, concedió una solicitud de aplicación de nuevas pruebas psiquiátricas para los menores denunciantes de abuso en el ‘Kinder Guadalupe Borja’ de Saltillo, con el fin de que la defensa de Gerardo y Servando N emitan una opinión propia sobre lo que se argumentó para la imputación de los mismos.

La audiencia que se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal de Saltillo, fue convocada tras una serie de solicitudes que le han sido negadas por parte del Ministerio Público que investiga el caso de los menores, hacia la defensa de los acusados, así como expusieron que algunas de las partes han sido reacias a colaborar con la investigación que se desarrolla por su parte para comprobar la inocencia.

En esos términos, los abogados de Servando y Gerardo N, expusieron ante la juez que a por lo menos un mes y medio que inició el caso, no han tenido acceso a algunas de las pruebas presentadas en la carpeta de investigación donde se plantea la teoría de que los acusados del delito de violencia impropia, son quienes se encuentran actualmente en el Centro de Reinserción Social.

También manifestaron que en ninguna de las siete pruebas psicológicas que han aplicado tres distintos agentes del Ministerio Público, se les ha permitido tener acceso, ni tampoco han sido convocados como lo garantiza la ley de procedimientos penales.

En ese sentido, los agentes del MP que representan a la familia afectada, presentaron una negativa argumentando que la aplicación de una nueva prueba podría revictimizar a los menores; sin embargo, la defensa de Gerardo y Servando N replicaron asegurando que esta situación debió ser considerada por la autoridad anteriormente cuando aplicaron las pruebas en siete ocasiones distintas con tres personas distintas, no garantizando el acceso a la contraparte.

Durante este procedimiento, la juez llamó la atención al MP, manifestando que toda la causa debe ser llevada con las garantías de objetividad, situación que hasta estos momentos parecía no estar contemplada en sus ejercicios.

Esta prueba, originalmente se había planteado para el mayor de los dos menores; sin embargo, la juez concedió bajo términos específicos, que la prueba sea aplicada tanto los dos niños, como a sus padres a través de un especialista privado del Hospital la Concepción, acompañados por su psicólogo permanente y otra observadora auxiliar de la Fiscalía.

Además, informaron a Leal Cota que la directora de la institución, se negó a dar una entrevista a su representación ellos, argumentando que ya ha otorgado tres entrevistas anteriores al ministerio público de la Fiscalía.

Por otro lado, solicitaron la intervención judicial a través de la gira de un oficio para que la Secretaría de Educación libere un expediente que tuvo uno de los menores al inicio de su estancia en el Guadalupe Borja.